Acorralados por las llamas y los lobos

La supresión de las cuotas lácteas marcó el final de la VIII legislatura, liderada por el popular Ignacio Diego y con Blanca Martínez a la cabeza de la Consejería de Ganadería. Trajo consigo la caída libre del precio por litro de leche que las industrias pagaban a los productores. En 2014, el precio por litro rondaba los 40 céntimos y, al final de la legislatura, había bajado a 30. Ahora, cinco años después del fin de las cuotas, el precio se sitúa en un punto medio: 35 céntimos por litro de leche. Es la cantidad que se considera mínima para compensar los costes de producción.

El lobo ha sido tema de controversia desde 2009, cuando empezaron a acumularse las indemnizaciones sin pagar a ganaderos afectados por sus ataques. La Consejería no daba abasto y, con el cambio de Gobierno y la llegada de Martínez a Ganadería, la bola no hacía más que engordar. A esto se unieron las restricciones sobre el control de las poblaciones y el consiguiente aumento de cánidos y jabalíes en los montes cántabros. Para atajar toda la deuda acumulada, el área de Martínez puso en marcha un seguro privado que cubriera los pagos de las indemnizaciones con agilidad y pusiera las cuentas al día.

La entrada en vigor de las subvenciones europeas PAC (Política Agraria Común), que tienen el objetivo de mejorar la productividad agrícola y ganadera, establecer precios asequibles para los ciudadanos y garantizar la calidad de vida de los trabajadores, limó algunas asperezas entre la Consejería y los ganaderos. Fue una de las últimas acciones dirigidas por Martínez antes del cambio de Gobierno. En mayo de 2015 Jesús Oria recuperó su cargo como consejero de Ganadería con el inicio de la IX legislatura, liderada por el regionalista Miguel Ángel Revilla.

La brucelosis azota con fuerza en 2016 y principios de 2017. Las vacas afectadas en 2016 ascendieron a 407, un 352% más que en el año anterior. Tuvieron que destinarse 171.643 euros a indemnizaciones por campañas de saneamiento y se creó un ambiente de tensión dentro de la Consejería. La directora general de Ganadería, Beatriz Fernández, dimitió en medio de la vorágine.

Con su salida, toma posesión del cargo Miguel Ángel Cuevas, que instaura cambios relevantes en el planteamiento del manejo de la sanidad animal. Concede reivindicaciones planteadas por los ganaderos durante años, como la posibilidad de realizar la crotalización por su cuenta. Antes lo llevaba a cabo una empresa privada. También cambió la normativa respecto a la elección de veterinario para las campañas de saneamiento. Anteriormente era la propia Consejería la que elegía al profesional que debía realizarlo, una medida que no terminaba de convencer a muchos ganaderos. La decisión de Cuevas permite que, aquellos que lo prefieran, puedan elegir a su veterinario habitual para realizar la campaña.

Pero si hay dos asuntos que han marcado al sector ganadero durante la última legislatura son el del lobo y el fuego. Se han arrastrado durante años sin que los colectivos implicados consigan ponerse de acuerdo en una solución. Las restricciones para cazar a esos depredadores ha provocado que el número de manadas se multiplique y que los ataques al ganado sean cada vez más frecuentes. Asociaciones ganaderas como UGAM-COAG y Asaja, junto a grupos ecologistas, ya se reunieron con Martínez durante el gobierno anterior para sentar las bases que administrasen el asunto del lobo. Y ha sido una escena recurrente a lo largo del mandato de Oria, sin que los involucrados alcanzasen el consenso en ninguna de las citas.

El documento entró en vigor a principios de abril, a falta de mes y medio para el final de la legislatura. El Plan de Gestión del Lobo engloba medidas y actuaciones que permiten conservar y gestionar las poblaciones de lobo en toda la Comunidad. Un marco normativo basado en aspectos biológicos y ecológicos en el que se contempla al animal como especie cinegética, por lo que se podrá cazar en situaciones muy concretas, siempre bajo la supervisión de la Consejería. Además, la Administración está obligada a indemnizar los daños que cause en toda la región. Antes sólo se hacían cargo del gasto en áreas concretas donde la presencia del cánido era muy elevada. Aunque cada colectivo encuentra alguna pega al texto finalmente aprobado, será el tiempo el que determine su eficacia.

Se siguió un procedimiento similar para atajar el problema del fuego. Para redactar el Plan Estratégico de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales (Peplif) se tuvieron en cuenta las opiniones y valoraciones de los colectivos relacionados con el asunto: la Consejería de Medio Rural, organizaciones ganaderas, entidades ecologistas y expertos en el uso del fuego. El documento se puso en marcha en 2017 y tiene un periodo de evaluación que finaliza en 2020, aunque su vigencia es indefinida. El Peplif hace un análisis exhaustivo de toda la información referente a incendios desarrollados en la región desde mediados de los años sesenta. Tamaño, ubicación, estaciones más peligrosas, condiciones meteorológicas y causas. Con todo ello se diagnostican la situación y las tendencias. A pesar de que el texto tuvo una buena acogida por parte de los interesados, lo cierto es que el número de incendios y la superficie afectada no ha disminuido desde su puesta en marcha.

En febrero y marzo de este año fueron arrasadas por las llamas más de 11.000 hectáreas. Más del doble que en 2018. Aunque desde la Consejería consideran que aún es pronto para apreciar los resultados, desde el sector ganadero consideran que no se les ha escuchado lo suficiente y que la alternativa al fuego para gestionar los montes no es suficiente. La quema de matorral para regenerar pasto es una fórmula ancestral de gestión del territorio y la causa más habitual de los incendios forestales.

La climatología de Cantabria provoca que la vegetación crezca rápido. La evolución de pastizal a matorral y, posteriormente, a arbolado tarda más o menos en función de la carga ganadera. Si no hay suficientes herbívoros que lo reduzcan y controlen, el crecimiento es muy rápido y se opta por las quemas. Otras técnicas, como el desbroce, no terminan de convencer porque desde la Consejería no se realizan con la periodicidad que los ganaderos consideran apropiada. El Peplif convence sobre el papel pero, de momento, no funciona sobre el terreno.