La actualización del plan de derribos aspira a poder salvar 367 viviendas en Cantabria

El consejero de Obras Públicas y Urbanismo, José Luis Gochicoa, lo ha dicho así ante la comisión correspondiente del Parlamento, donde ha hablado del plan de derribos de viviendas con sentencia firme al responder a varias preguntas planteadas por el grupo del PP, según informa EFE.

Gochicoa ha explicado que las casas de la Playa de La Arena se construyeron en suelo protegido. En este caso se llegó hace ocho años a un acuerdo de transacción para el derribo del centenar de apartamentos que quedan en pie en esa urbanización y la regeneración de la zona donde se ubican. En total eran 144 apartamentos de los que hasta ahora sólo se han derribado 42 casas de las fases 1 y 2 que no llegaron a terminarse y que no estaban habitadas. Quedan pendientes las otras 102, y sus propietarios recibirán indemnización u otra vivienda de sustitución en la zona de Bocarrero.

La Consejería ya tiene el proyecto básico y se hará una tasación de los apartamentos para que los afectados elijan entre el dinero o la nueva casa.

Por su parte, las 17 viviendas de Cerrias deben tirarse porque se construyeron en zona de servidumbre de Costas, mientras que en Las Llamas 2 de Argoños hay once casas que se edificaron en el arranque del monte con gran impacto visual y paisajístico.

Gochicoa ha explicado además que las 32 viviendas de Las Torres de Escalante tienen difícil ser legalizadas, y por eso la nueva versión del plan de derribos prevé su derribo con la idea de ofrecer a los propietarios casas de sustitución en Arnuero.

El consejero cree que, aunque el nuevo plan general del Ayuntamiento podría calificar ese suelo como urbanizable, los afectados de Las Torres tendrán que ser indemnizados o ir a la vivienda de sustitución, porque hasta que se construya de nuevo pasaría tiempo.

Gochicoa también ha apuntado la posibilidad de que se pudiera dar a estas personas un derecho de adquisición preferente si se volviera a construir en ese suelo por el mismo importe de su indemnización. Pero el consejero ha puntualizado que la solución no sería fácil a priori, y ni siquiera esa opción está clara.

Para el resto de viviendas que se recogen en el plan de derribos, el consejero confía en que no sea necesario tirarlas para después «poder volver a construir» en ese suelo con nuevos planes generales.

«Sería una irresponsabilidad», ha dicho Gochicoa, quien ha recalcado que, en cualquier caso, la última palabra es de los tribunales.

Gochicoa ha reconocido que ha pasado «demasiado tiempo» y ha confiado en poder dar una solución a este problema cuanto antes.