Acuerdo entre Cantabria y el Ministerio: las ayudas para atraer inversiones son constitucionales

De las dos patas que sustentaban estas deducciones, el Gobierno central no ponía pegas a la bonificación del 20% en la cuota autonómica del IRPF para las personas que realicen inversiones en activos financieros en un periodo máximo de seis años, pero sí a la análoga –otro 20%– en el caso de las inversiones en «bienes inmuebles que no estén destinados a vivienda o vivienda turística». La tesis del Ministerio era que esos inmuebles, si no se compran para vivir, se compran para realizar alguna actividad económica. Y justo por eso tendrían que satisfacer el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Como es de competencia estatal, solo el Estado puede decidir sobre posibles deducciones.

La Consejería de Economía, que es la que ha llevado las conversaciones por parte de Cantabria, acudía con un informe de los servicios jurídicos que su titular, Luis Ángel Agüeros, anticipaba ya hace un mes que serviría para convencer al Gobierno de España. Y eso es lo que ha pasado. Lo que han pactado es realizar una diferenciación adicional y permitir que los inversores puedan seguir accediendo a las bonificaciones cuando esos inmuebles se destinen a una actividad comercial o empresarial. En cambio, la deducción del 20% en el IRPF no tendrá efecto si la intención del comprador es sacar un rendimiento económico mediante su venta o alquiler, por ejemplo.

Una vez solventada la discrepancia, la manera de plasmarla en el papel es mediante una modificación técnica en la norma que se introducirá en la Ley de Medidas Fiscales –la que acompaña a los Presupuestos anuales– que llevará el Ejecutivo cántabro al Parlamento a finales de año.

Donde ponía que «las personas físicas no residentes en España que se conviertan en contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en Cantabria podrán aplicar una deducción del 20 por ciento del valor de adquisición en los bienes inmuebles que no estén destinados a vivienda o vivienda turística» habrá que añadir la coletilla «siempre que estos inmuebles no estén afectados por una actividad económica».

El acuerdo, que evita la vía judicial del Tribunal Constitucional, todavía no está formalizado. Será efectivo cuando el Consejo de Gobierno de Cantabria dé el visto al texto y, posteriormente, se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). ¿Qué pasará desde ese momento hasta la modificación de la Ley de Medidas? Que la Agencia Cántabra Tributaria analizará los casos para que ningún inversor que compre un local para actividades económicas –y no comerciales– se beneficie de la bonificación.

Como ha ocurrido en otros casos similares, estas conversaciones entre ambos gobiernos se han llevado a cabo en el marco de la Comisión Bilateral Estado-Cantabria. Más allá del choque competencial, la Consejería considera que la medida es acertada: servirá para lograr el objetivo inicial de atraer inversión extranjera y, a la vez, impulsa la compra de locales vacíos, con lo que ello implica también en cuanto al pago de otros impuestos por su actividad. Además de esta bonificación para captar inversión extranjera, hay otras para personas físicas que trasladen su residencia habitual desde otra comunidad autónoma o el extranjero.