«No estoy de acuerdo con la condena, es un caso claro de asesinato», dice el primo de Jesús Mari

Ricondo, que fue quien denunció la desaparición de su primo el 9 de abril de 2019, tiene muy claro que en este caso se dan todo los elementos necesarios para que haya alevosía y por tanto el crimen sea calificado como un asesinato, lo que eleva la pena diez años más. «Para matar a mi primo tuvo que dormirlo o sedarlo porque era un hombre fuerte. Si no, ¿por qué apareció el Diazepam en el cráneo nueve meses después», apunta. «Si hubiesen entrado en su casa cuando yo denuncié habrían encontrado los restos del cuerpo, pero lo archivaron al cabo de una semana porque no había delito», lamenta, a continuación.

El primo de Jesús Mari cree, además, que hubo ensañamiento «porque descuartizó el cuerpo», además de un «móvil económico» como ha quedado acreditado en la sentencia. «¿Qué más quieren para que un caso como este sea considerado como un asesinato? La diferencia entre un asesinato y un homicidio es grande, con lo que cual creo que en cuatro días la veo por la calle».

Sobre la posibilidad de que Carmen Merino desvele donde está el resto del cuerpo en caso de condena firme, Ricondo también es muy claro. «El resto del cuerpo está donde yo dije el primer día, en el vertedero de Meruelo. Lo descuartizó y se sacó en bolsas. El problema es que yo denuncié -ya tarde, en abril- se fue a buscar al vertedero en octubre cuando encima se estaban trayendo las basuras de Vizcaya. Qué vas a encontrar ya allí».

El primo de Jesús Mari, que descarta la participación en el crimen de otra persona, insiste en que estamos ante un caso «muy claro», pero resta responsabilidad al jurado porque «no tienen la culpa, es un marrón que les cae». En caso de que este asunto lo hubiese juzgado un tribunal «habría quedado más claro». «Para este viaje no me hacían falta alforjas tan grandes», concluye.

Por su parte, el abogado de la defensa, Eduardo García, ha avanzado a El Diario Montañés que está estudiando la sentencia y que «seguramente» la recurrirá ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).