Termina sin acuerdo la reunión para fijar los servicios mínimos de la huelga del primer día de clase

Desde la Junta critican que se haya incluído «por primera vez en la enseñanza en Cantabria» a profesorado que no forma parte de los equipos directivos, en los centros de Infantil y Primaria de más de 300 alumnos.

La presidenta de la Junta de Personal Docente, Patricia Ruiloba (STEC), ha explicado que, en la reunión, la Consejería ha propuesto que la designación de los docentes se decidiera en claustro de profesores, una propuesta que los sindicatos consideran «inaceptable» ya que supone, según señalan, que cada docente diga con previo aviso si prevé o no secundar esta protesta, convocada para exigir que se mantenga como hasta ahora la jornada reducida de septiembre y junio. Ruiloba ha señalado que «ni en la época más conservadora» en la Consejería se han escuchado propuestas de este tipo.

A su juicio, con los servicios mínimos planteados, la Consejería trata de «boicotear» la huelga después de que anteriores protestas por el mismo asunto a finales del curso pasado hayan resultado «muy numerosas».

También la representante de CC OO, Conchi Sánchez, ha opinado que se trata de una propuesta que «no tiene sentido» porque supone «adulterar» la huelga porque los docenten tienen que «significarse» antes de la jornada de protesta.

En este sentido, Ruiloba y Sánchez han explicado que los sindicatos consultarán a sus servicios jurídicos porque «dudan» de la legalidad del decreto de servicios mínimos -cuya publicación por parte de la Consejería esperan que sea inminente-. Además, creen que podría «vulnerar el derecho a la huelga». Por su parte, el director general de Personal Docente y Ordenación Académica del Gobierno, César de Cos, ha lamentado que no se haya llegado a un acuerdo.

La propuesta de servicios mínimos ha tenido en cuenta, según la Consejería, las demandas trasladadas desde una parte importante de los equipos directivos a la dirección general, que pedían que se atendieran las especificidades de sus centros y, por tanto, la necesidad de elaborar un criterio que permita prestar el servicio educativo en igualdad de condiciones en todos los colegios de Cantabria. Todo ello con independencia del número de alumnos escolarizados, de las características específicas de los mismos y de las particularidades del propio centro educativo, precisa.

Desde la Consejería se considera que los equipos directivos «también son docentes» y, hasta el momento, en estas jornadas «han venido sufriendo las dificultades de no haberse planteado nunca una propuesta que les tuviese en cuenta» y que permitiese atender a los niños, a la vez que realizar su trabajo «en condiciones dignas».

Asimismo, el borrador contempla que cuando el centro cuente con aulas externas, fuera del recinto principal o en otra localidad, el número de efectivos de servicios mínimos se incrementará con un docente más por cada emplazamiento. Igualmente, los centros de educación especial se equipararán a los centros con entre 800 y 900 alumnos, dado la especificidad del alumnado.

Por este motivo, la Consejería señala que «en ningún caso esta propuesta supone un ataque al derecho a la huelga, como invoca la Junta de Personal, sino que en todo caso es un ejercicio de responsabilidad por y para la escuela pública, puesto que ambos derechos pueden convivir con los servicios mínimos propuestos y que afectará a un muy reducido porcentaje de los docentes, tal y como sucede en otros ámbitos laborales que también se caracterizan por ser un servicio público esencial».