La acusada de robar dinero a su madre dependiente en Castro lo niega: «No le quité nada»

«Estoy orgullosa de haber cuidado a mi madre y a mi padre y de no haberles robado nunca dinero, al contrario», ha manifestado la procesada, para indicar ante la Sala que ha juzgado los hechos, la de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, que «si se fijan en las cuentas, he ingresado dinero yo en la cartilla de mi madre para mantener el piso donde vivía mi hermano el soltero».

Así lo ha expresado al término de la sesión, que ha quedado vista para sentencia después de que tanto las acusaciones -pública y particular, ejercida por el otro de los hermanos- y la defensa hayan elevado a definitivas sus conclusiones. La fiscal solo las ha cambiado para añadir a la pena de prisión pedida -por dos años- por un delito continuado de apropiación indebida la responsabilidad civil, para que indemnice a la perjudicada con 28.843 euros.

Por su parte, el abogado de uno de los hermanos de la enjuiciada sigue pensando que se ha cometido una estafa, por la que reclama cuatro años de cárcel, multa de 6.000 euros y 38.951 de indemnización, aunque ha introducido la calificación alternativa a lo ocurrido como delito continuado de apropiación indebida, pero reclamando las mismas penas.

De su lado, la defensa ha insistido en la libre absolución de su patrocinada al considerar que existe «interés económico» de la parte denunciante en este asunto, en el que a sus ojos no hay responsabilidad penal aunque, ha admitido, «si ha podido haber una ´administración de aquella manera´ de las cuentas de la víctima.

La acusada ha explicado en la recta final de la vista -que se ha celebrado en el salón de actos del complejo judicial Las Salesas, al comparecer en silla de ruedas- que no ha respondido a los interrogatorios de las partes porque así se lo han «aconsejado». Ha apuntado al respecto que se ha estado «mordiendo la lengua» durante la declaración de algunos testigos, porque no ha oído «más que mentiras, mentiras y más mentiras».

De hecho, en un momento dado de la práctica de la prueba testifical ha abandonado la sala: «Tengo que salir de la sala: si no, voy a reventar», ha explicado entre sollozos al tribunal, mientras salía al exterior.

De regreso, cuando ha ejercitado el derecho a la última palabra, ha alegado en su defensa que solo tiene un piso y una hipoteca, «nada más», y que ha cuidado de su padre hasta que murió -«sin poder» hacerlo, ha apostillado- y de su madre cuando se lo han «pedido». Pero «yo no les he quitado nunca nada, ni dinero ni nada», ha sentenciado.

Además, después de señalar que sus padres le regalaron un piso y que su hermano mayor tenía el beneficio del de los progenitores, la procesada ha invitado a las partes y a los magistrados a preguntarse si el denunciante «pintaba algo en la vida» de ellos. Ha añadido sobre este último que «no tiene nada» y que con ella «nunca se ha llevado bien» pues «siempre» -ha dicho- la ha tenido «envidia».

«Estoy muy tranquila de conciencia y de hechos» y «puedo estar orgullosa de que he cuidado de mis padres y de mi familia, de los dos» hermanos también. «Les he limpiado el culo a los dos, cosa que no han hecho conmigo. Y me pagan como me pagan», se ha quejado para finalizar la acusada.

La mujer se ha sentado en el banquillo por, presuntamente, llevarse en agosto de 2015 a su madre, que residía en Sestao (Vizcaya), a su vivienda de Castro Urdiales, pese a no tener contacto con ella desde 2005 y después de haber empeorado la relación entre ambas en 2013, a raíz de una carta que le envió la hija. Según la Fiscalía, el objetivo era «obtener un beneficio ilícito» y, aunque usó el pretexto de pasar unos días de vacaciones en Cantabria, la convivencia perduró hasta diciembre de 2017, cuando por orden judicial tuvo que entregar la madre al hermano denunciante, que había sido nombrado tutor.

Hasta entonces, aprovechando su calidad de «guardadora de hecho» y que estaba autorizada en las cuentas bancarias, fue supuestamente apoderándose del patrimonio de su madre, hasta cerca de 40.000 euros, de los que habría justificado documentalmente algo más de 10.000 en el cuidado de la mujer y distintos gastos -silla de ruedas, ortopedia, colchón, andador, barandilla o medicación-, existiendo un «desfase» de 28.843 euros por el que acusa y que reclama la fiscal.

A su juicio, «más allá de una mera administración que no se ha llevado con orden y rigor», ha existido un «apoderamiento» de cantidades «importantes», sin que haya podido «justificar» gastos en distintos cuidados.

El denunciante ha relatado a preguntas de las partes que cuando la acusada fue a buscar a su madre «se llevó las cartillas y lo que había» en la vivienda de Vizcaya, mientras que a ellos no les «dejaba ni arrimar a la casa», ni siquiera para «recoger medicación» del otro hermano.

Además, ha indicado que «puso cerraduras en las puertas» del piso, que «parecía una cárcel», ha comparado este testigo, para quien la procesada «tenía que conocer» la situación de deterioro cognitivo de la progenitora, pues había sido diagnosticada meses antes de llevársela a su casa. «Mi madre, cuando estaba bien, no la quería», ha apuntado aludiendo así a la relación entre ambas.

Por lo demás, ha señalado que en 2017, cuando pasó a ser el tutor legal de su madre y su hermana dejó de estar autorizada en las cuentas, comprobó que las había «dejado con 200 y pico euros. Se estaba quedando sin dinero y tenía que vivir como una reina», ha expresado sobre la progenitora, y antes de contrastar que a partir de entonces, cuando él se hizo cargo de ella, logró ahorrar «bastante dinero».

En otro orden de cosas, del «montón» de facturas aportadas por la enjuiciada para justificar los gastos denunciados, su hermano ha aseverado que «muchas no son reales». «Esta mujer siempre ha vivido de mis padres» y «todo lo que tiene es del dinero de mis padres», ha resumido este hombre, precisando al respecto que «nunca ha trabajado» y que, frente a ello, recibía dinero de «ayudas» municipales y también de «una pensión de discapacidad que ha sacado».

En el juicio también han declarado, entre otros testigos, dos mujeres contratadas por la acusada para atender y cuidar a la madre, una desde septiembre de 2016 hasta verano de 2017 y otra entre octubre y noviembre de este último año. Las dos han coincidido en que no firmaron nada, contrato o recibís de las cantidades percibidas, que recibían «en metálico», ni tampoco estaban dadas de alta en la Seguridad Social.

Una cobraba 750 euros al mes -alguna vez algo más, pero fue algo puntual por pasarse de horas- y la otra en total «menos de 600 euros». Esta última ha precisado que la mujer estaba «bien cuidada» y la casa «en buen estado». De su lado, dos empleadas del servicio a domicilio han confirmado que prestaban su labor en la vivienda, pero para atender la casa por la acusada, no por su madre.

Finalizada la sesión, al abandonar la sala, se ha producido un altercado entre el denunciante, testigos y la acusada, que les ha recriminado: «Me estáis arruinando la vida».