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Cantabria acoge a partir de este lunes un marcrojuicio por tráfico de drogas que sentará en el banquillo a 27 personas acusadas de formar parte de tres redes diferentes de tráfico de drogas que actuaban relacionados entre sí. Uno la introducía en España y el resto se la compraba para su distribución. El número de acusados junto a sus respectivos abogados y los testigos y peritos, lleva a la Audiencia Provincial a celebrar la vista oral en el salón de actos del complejo judicial de Las Salesas, y a dividir las sesiones en dos semanas, la que arranca este lunes y la siguiente.
El relato de acusación del Ministerio Fiscal señala que la primera red implicada en esta causa se dedicaba a la introducción de droga en España -la investigación habla de viajes desde Holanda- especialmente speed y cocaína, que era comercializada en gran parte en Cantabria, principalmente en la zona oriental. El valor de la droga intervenida por la Guardia Civil a los miembros de este grupo asciende a 1,75 millones de euros.
El segundo grupo adquiría la droga al primero y a este grupo las fuerzas de seguridad le detectaron la adquisición de hasta 90 kilos de cafeína, sustancia que empleaban para el corte de la droga que luego comercializaban. A juicio del fiscal, este hecho «determina el manejo de importantes cantidades de droga, permitiendo descubrir el aspecto estructural y permanente de grupo». Finalmente, el tercer grupo compraba la droga al anterior y la comercializaba entre su red de clientes. Además, se dedicaban a cultivar plantas de cannabis y también adquirían hachís de proveedores del sur.
El fiscal califica todos estos hechos como tres delitos contra la salud pública de sustancias que causan grave daño, otro de sustancias que no causan grave daño y un quinto de pertenencia a grupo criminal. Las penas oscilan entre los siete años y medio de prisión y multa de dos millones de euros para los del primer grupo; a los cuatro años y tres meses para los del segundo grupo, con multas de 4.000 euros; y cuatro años y 50.000 euros de multa para los del tercero. Además, a los miembros del primer grupo les atribuye pertenencia a grupo criminal, delito por el que el ministerio público solicita un año y tres meses de cárcel.
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