Los afectados por los derribos defienden la mediación para solucionar el conflicto

Arca ha oficializado ya su desistimiento en el juzgado mediante un escrito en el que rectifica la conformidad al proceso de mediación que otorgó el pasado 22 de enero. AMA tenía puestas grandes esperanzas en este mecanismo, que supone que un árbitro designado por las partes mediara para alcanzar un acuerdo que después homologaba el juez o tribunal interviniente. «Cerrar todas las puertas a la mediación nos produce tristeza, porque es un instrumento que permite resolver el conflicto en menos tiempo y, después de casi tres décadas, lo que no tenemos los afectados es tiempo ya. Hoy (por ayer) acaba de fallecer otro de los nuestros», lamenta su portavoz Antonio Vilela.

Con todo, AMA muestra «el mayor de los respetos para Arca, que está en su derecho de defender las sentencias que le han dado la razón, pero también sabe que hay terceros de buena fe», explica Vilela, que señala al Gobierno regional y a los ayuntamientos como los responsables de la situación. «Los responsables son las instituciones condenadas», enfatiza el portavoz del colectivo. Vilela reprocha a ambas Administraciones que después de tanto tiempo no hayan sido capaces de aprobar los nuevos planes urbanísticos que, en muchos casos, suponen la legalización de las urbanizaciones con sentencia de derribo, porque se trata de suelo urbano consolidado, donde, si se tiran las casas, se puede volver a construir otras. Esa «dejación» del Gobierno y los ayuntamientos implicados subleva al portavoz de AMA. «Es una auténtica vergüenza, una dejación de funciones que no tiene parangón en ninguna otra parte», apostilla.

Los afectados reconocen que los jueces «han tenido mucha paciencia y han sabido esperar», pero «necesitan que las Administraciones les den instrumentos para poder resolver el problema», en referencia a esos nuevos planeamientos urbanísticos. En este sentido, Vilela critica que se estén gastando «recursos de todos los ciudadanos en procesos interminables» para sacar adelante los planes. «En Argoños se ha repetido el plan general cuatro veces, con las consiguientes exposiciones públicas, y esto tiene un coste en equipos redactores que llevan cobrando más de diez años». Por eso pide que la Fiscalía de Cantabria «investigue qué hay detrás de esto, por qué los recursos de los ciudadanos se están dilapidando de esta manera y no se llevan a los jueces las soluciones necesarias para acabar con el conflicto».

Tras señalar a los culpables, Vilela defiende «la mediación, el arbitraje y el diálogo como algo positivo para todos. Nos ayuda a todos a acabar con este sufrimiento que llevamos arrastrando casi tres décadas, y no perjudica a nadie», enfatiza, y pone como ejemplo en positivo el caso de Arnuero, donde todas las partes implicadas (Gobierno, ayuntamiento, Arca y afectados) han llegado a un acuerdo para derribar las viviendas ilegales, situadas en Isla, y construir otras nuevas en el mismo municipio.