Afectados por los derribos exigen que el PGOU de Piélagos se apruebe este año

En Liencres hay cuatro urbanizaciones con sentencia de demolición: Cerrias I, con 17 viviendas que invaden la línea de protección costera y, por tanto, de difícil legalización; Cerrias II, con 22 viviendas, L-05, con 21 y Entrelindes con 20, todas ellas legalizables en el nuevo documento urbanístico. De ahí que su aprobación suponga un salvoconducto para las casas amenazadas. Si el Gobierno tarda dos años en dar luz verde al nuevo planeamiento, los tribunales no tendrán ninguna excusa para seguir con los trámites de ejecución de las sentencias.

Didier Fleury, portavoz de los afectados de Cerrias, subraya que el Ayuntamiento de Piélagos envió el PGOU al Gobierno el pasado mes de febrero para que formule la memoria ambiental, un trámite previo a la aprobación provisional por el consistorio, que deberá enviarlo de nuevo al Ejecutivo para su aprobación definitiva. A su juicio, «es incomprensible que el plan esté bloqueado desde febrero en la Dirección General de Ordenación del Territorio. El Ayuntamiento de Piélagos ha hecho su trabajo y ahora le toca al Gobierno de Cantabria», lamenta. Por eso, ha pedido una reunión «urgente» con el consejero de Urbanismo, a quien reclamará que «ponga todos los medios disponibles para que el plan general se apruebe este año».

Además pedirá a Gochicoa «la firma inmediata» de los convenios de responsabilidad patrimonial, ya que algunos se están tramitando desde hace más de un año y «no se ha resuelto ninguno», así como que «se cumplan». En este sentido, los afectados de Cerrias reclaman que se nombre «de común acuerdo» una sociedad de tasación independiente para la valoración de las viviendas, «como se ha pactado». Los propietarios no quieren recibir «ninguna tasación del Gobierno», sino que las viviendas se tasen por un tasador independiente «como consta en los convenios ya firmados».

Durante el encuentro, que todavía no tiene fecha, Fleury expondrá al consejero la propuesta que ha llevado los propietarios a los jueces para que se nombre un mediador. Quieren que se ponga fin a los juicios y «garantizarse después de 20 años que no haya más juicios, entre otras cosas sobre el plan general y posibles legalizaciones».