Los afectados por los derribos pedirán al Parlamento que repruebe a Revilla

Cuando los afectados por los derribos ven a Miguel Ángel Revilla «arreglando el mundo de boquilla» por las televisiones no ven a ese hombre comprometido, cercano y con chispa que aprecian los turistas que hace una semana hicieron cola para retratarse con él en la sede del Gobierno regional. «Lo que vemos es un farsante que habla mucho y hace poco», decía esta tarde uno de los participante en la última gran marcha a Santander de AMA (Asociación de Maltratados por la Administración), una manifestación que se ha repetido durante 15 años. El colectivo anunció que empezará una ronda de entrevistas con los grupos para llevar al Parlamento la petición de dimisión del jefe del Ejecutivo cuyas «responsabilidades son claras»: quieren que la Cámara le repruebe.

De las protestas kilométricas como la de hoy tiran la toalla. Pero no lo harán de la defensa de sus intereses, porque después de dos décadas de movilización siguen en sus trece: ellos compraron unas casas con todas las garantías y fueron los ayuntamientos y el Ejecutivo autonómico los que no hicieron su trabajo. Así que seguirán exigiendo soluciones. Hoy han demandado tanto en la calle como en los medios de comunicación la renuncia del presidente cántabro, que era consejero de Urbanismo (y por tanto, máximo responsable de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) cuando se inició el conflicto. Tras innumerables promesas a través de las legislaturas (en las que el regionalista se ha mantenido siempre en el Gobierno) sigue sin resarcir los daños a los propietarios.

La solución, reconoce el presidente de AMA, Antonio Vilela, tiene que venir por el lado de las sentencias judiciales y, de hecho, confían en ello. Pero también aspiran a que se «acabe con este dolor. No podemos seguir mendigando» en el plano político, explicó a los periodistas tras haber liderado unos minutos de protesta ante el edificio gubernamental de Peña Herbosa.

Allí, los concentrados corearon repetidamente «Revilla, sin vergüenza», un calificativo que, según Vilela, no pretende ser un insulto sino «una definición de su comportamiento» con este colectivo, por no «dar la cara». Las alusiones al regionalista fueron constantes: «¿Presidente, dónde estás?», preguntaron con insistencia. Su portavoz se permitió hasta la sorna: «Va a venir Revilla y nos va a decir que mañana mismo está todo regularizado», contó entre abucheos de los presentes.

Muy organizada la queja, el portavoz cuestionaba por un megáfono: «¿Dónde está el presidente?» y los afectados, con sus petos amarillos –que son anteriores a los lazos amarillos catalanes que llenan los informativos de toda España– contestaban «¡en la tele!». Nueva pregunta («¿Qué pedimos?») y otra respuesta masiva («¡Justicia!»). A sus ojos, el jefe del Ejecutivo «tendría que estar aquí, ante nosotros, no en las televisiones», decía Vilela. «Estará en alguna fiesta, donde haya jolgorio», le replicaban.

En su lado, en estos 20 años han ido sufriendo cómo la gente enfermaba y moría sin tener cerca una salida, lo que les ha llevado a perder la esperanza en las instituciones. Se reflejaba en las pancartas desplegadas en Peña Herbosa, que rezaban: «Por una Cantabria más justa», «Habéis destrozado nuestras vidas», «Más de 20 años maltratados. No hay derecho». Y también: «El presidente nos miente».

De Peña Herbosa, los afectados fueron en manifestación por el Paseo de Pereda hasta la Grúa de Piedra, junto al Centro Botín, donde volvieron a reclamar lo suyo ante las decenas de turistas y visitantes que rondaban el lugar a las 18.00 horas, que les miraban sin entender nada y se hicieron varios 'selfies' con manifestantes detrás. AMA había elegido este destino al considerar que el Centro Botín representa «la diferente vara de medir de los políticos y la Justicia».

Según denunciaron, el edificio santanderino «no tiene problemas de legalidad pese a tapar gran parte de la bahía» de la capital, y sin embargo, quienes han ilegalizado sus viviendas en varios municipios cántabros «no llegan a los cinco metros de altura, pero nos dicen que no dejan ver el monte desde una carretera comarcal».

La jornada reivindicativa concluyó en el Ateneo, donde se esperaba la presencia de representantes de varios partidos políticos, a quienes se insistió en la necesidad de remar todos por lo de siempre: una solución, «porque quedan tres o cuatro meses de legislatura hábil y nosotros seguimos igual», lamentó Vilela que, pese a la situación, dijo que es «emocionante» una movilización como la de después de 15 años. Por el PP acudieron el senador Javier Fernández y la alcaldesa de Santander, Gema Igual; por el PRC, Rosa Valdés (vicepresidenta del Parlamento regional) y por el PSOE, Miguel Ángel Palacio (director general de Medio Ambiente del Ejecutivo).

El colectivo había salido del Ayuntamiento de Argoños, uno de los que tiene más viviendas declaradas ilegales, a las 9.30 horas. Después fueron a Arnuero, donde junto al alcalde de este municipio y los de Argoños y Escalante pidieron que se acabe con «tanto sufrimiento de las familias». Celebraron una comida de hermandad en Galizano y, finalmente, llegaron a la capital juntos por última vez. Pero el problema sigue vivo: en Cantabria hay 575 viviendas con sentencia de derribo, de las que 255 se ubican en Argoños.