Afectados por los derribos piden a los jueces un mediador para poner fin a un litigio de más de 20 años

La propuesta de mediación intrajudicial, una solución innovadora en Cantabria y con casos contados en España, fue presentada la semana pasada y ahora el tribunal dará traslado de la misma a las demás partes implicadas en el pleito urbanístico: Gobierno regional, Ayuntamiento de Piélagos, otros propietarios y la asociación ecologista ARCA, que fue quien recurrió las licencias municipales y consiguió su anulación de los tribunales. Una vez oídas sus alegaciones, el TSJC decidirá si considera factible la propuesta de derivar la ejecución de las sentencias a la mediación intrajudicial, como medio alternativo para resolver un conflicto urbanístico de especial complejidad.

De ser así, el tribunal designará a un experto en Derecho Administrativo y procesos contencioso-administrativos, de reconocido prestigio y con experiencia en el campo de la mediación, para desatascar el conflicto tras más de 20 años de pleitos. Si se pone en marcha el mecanismo de arbitraje y se llega a un acuerdo, el pacto tendrá que ser homologado por el tribunal a través de un auto judicial, de manera que al final la pelota siempre estará sobre el tejado de los jueces, que tienen la última palabra, aunque lo normal es que bendigan el acuerdo salvo que sea contrario al ordenamiento jurídico o lesivo para el interés público.

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viviendas tienen sentencia de derribo en Cerrias, en el municipio de Piélagos.

Si se abre la vía de la mediación, el tribunal podría acordar la suspensión del proceso de ejecución si alguna de las partes lo solicita, aunque los afectados advierten en su escrito que no lo pedirán expresamente, porque no quieren que su petición se interprete como un intento de dilatar el proceso.

Pero para que la Sala acuerde explorar esta vía es condición ineludible el acuerdo entre las partes. Las administraciones (Ayuntamiento y Gobierno) ven con buenos ojos explorar la alternativa extrajudicial y ARCA, el hueso más duro de roer, tampoco se opondría a esta vía para agilizar los trámites, pero recuerda que la ejecución de las sentencias es «innegociable».

La alcaldesa de Piélagos, Verónica Samperio, es optimista y subraya que «el Ayuntamiento pondrá todo de su parte en la negociación para facilitar un acuerdo. Se trata de una propuesta muy interesante y espero que se pueda llevar a cabo». El consejero de Urbanismo, el regionalista José Luis Gochicoa, recién aterrizado en el departamento, esperará a conocer la propuesta y los informes jurídicos de su negociado para valorar la medida. Aun así, a priori, cree que «es una vía que no se había abierto y que está bien explorar».

El secretario de ARCA, Carlos García, sostiene que la asociación «no se opondrá a que haya mediación, pero en todos los escenarios de negociación que se presenten nuestra postura es que las sentencias se cumplan. Nuestra actitud es favorecer las indemnizaciones y reparación de daños a los afectados, porque han sido engañados, y por tanto toda nuestra flexibilidad y comprensión para que sean indemnizados, pero las sentencias hay que cumplirlas», insiste.

Las partes tendrán que fijar estas posturas por escrito ante la Sala una vez que el tribunal les dé traslado de la propuesta que firma el abogado José del Río Miera en representación de seis propietarios de Cerrias. Los demás afectados, defendidos por otros letrados, también estarían de acuerdo con la figura del mediador, que abre una puerta a la resolución del problema.

Las primeras sentencias ordenando el derribo de las viviendas de Cerrias se dictaron en el año 2000, y tres años después alcanzaron firmeza cuando el Supremo inadmitió los recursos. Durante estos años los sucesivos gobiernos de Cantabria han legislado medidas más o menos imaginativas para intentar legalizar las edificaciones en unos casos, y, en otros, para proteger a los terceros de buena fe, los propietarios, mientras que el Ayuntamiento de Piélagos ha puesto en marcha la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Del Río Miera hace hincapié en que con el nuevo planeamiento, en fase muy avanzada, se podrán legalizar la mayor parte de las casas ilegales, porque el suelo se clasifica como urbano consolidado. Subraya, además, que Piélagos carece de capacidad financiera para acometer por sí mismo los derribos, como le requirió el tribunal, y que el Gobierno de Cantabria se ha negado a adelantar las indemnizaciones a los afectados y a que el Ayuntamiento le devuelva la mitad en un plazo de 25 años, como propuso la Administración municipal, por lo que no se han prestado las garantías a favor de los terceros de buena fe.

Por otro lado, y para mayor complejidad, hay propietarios que no firmaron con el Gobierno los convenios para ser indemnizados y que ahora han solicitado al Ejecutivo que inicie los expedientes de responsabilidad patrimonial, que aún no se han concluido. Ante esta situación de especial «complejidad técnico jurídica», el representante de los afectados cree que es necesario poner de acuerdo a las partes sobre la fecha exacta en que se van a demoler las viviendas que no serían legalizables con el nuevo PGOU, así como determinar «de forma clara y precisa» las indemnizaciones para los afectados y cuándo las cobrarán.

Además, el pacto pasaría porque Gobierno y Ayuntamiento se pongan de acuerdo para garantizar esas indemnizaciones y por alcanzar un consenso para que nadie recurra el nuevo PGOU. De conseguirse, la vía de la mediación sería extrapolable a las 449 viviendas legalizables que siguen amenazadas por la piqueta dos décadas después.