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«Queremos soluciones desde la racionalidad, que pasan por no dilapidar dinero público en el derribo de viviendas en lugares donde se van a volver a construir. Si se pueden legalizar, no derribemos viviendas para construir en el mismo sitio, en suelo urbano consolidado». Así ... de claro se ha mostrado este sábado el presidente de la Asociación de Maltratados por las Administraciones (AMA), Antonio Vilela, después de mantener un encuentro con el consejero de Fomento, Roberto Media, con motivo de la XXIV Ruta de los Inocentes con el lema 'No más cuentos, soluciones ya', que ha traído a Santander a unos 200 afectados por sentencias de derribo.
El presidente de AMA, que el pasado jueves abrió las puertas de su casa a El Diario Montañés para relatar su particular drama, ha manifestado que «siempre que empieza un nuevo gobierno hay la esperanza de que algo cambie y de que empiece bien, sobre todo por las declaraciones del propio Gobierno y los compromisos que han adquirido públicamente y libremente, tanto en el Parlamento como su presidenta». En este sentido ha recordado que María José Sáenz de Buruaga ha manifestado su voluntad de solucionar el problema en esta legislatura y ha reconocido que lleva «20 años de retraso».
Sin embargo, Vilela ha reiterado una vez más que hay que «pasar de ese mundo de las palabras, donde llevamos tanto tiempo, al mundo de las realidades y que tengamos soluciones para cientos de familias» y ha recordado que los causantes del daño han sido el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos, y son quienes «tienen que acabar con el sufrimiento de tanta gente que, mucha de ella ya por desgracia, no puede estar con nosotros porque ya ha fallecido». Al respecto ha comentado que lo que antes era la 'Marcha de los Inocentes' es ahora la 'Ruta' en autobuses, «porque ya no somos capaces de venir andando desde Argoños, porque somos muy mayores la mayoría», con una media de edad supera los 70 años.
Además de solicitar la legalización de aquellas viviendas en las que se viable, el presidente de AMA ha recordado que otras soluciones son que los convenios lleguen a todos los afectados (la mayoría de los pendientes actualmente son con los ayuntamientos); que se indemnice a valor de mercado; que se construyan viviendas de sustitución; y que haya dinero suficiente en el fondo de derribos para las indemnizaciones.
Ante estas cuestiones, el consejero de Fomento, Roberto Media, ha dejado patente que su compromiso es «firme y real». «Este Gobierno va a dar una solución definitiva a los afectados por derribos esta legislatura. Estos cuatro años tiene que ser el tiempo necesario para dar una solución de una vez por todas», ha señalado en un acto celebrado en el Ateneo, tras recibir, primero a los afectados en la sede de Peña Herbosa. «Dar solución a este problema que afecta a más de 500 familias es un compromiso firme de este Gobierno y lo vamos a cumplir», ha insistido Media, que va a trabajar «sin descanso y con máxima sensibilidad» para poner fin a esta situación, intentando en primer lugar, regularizar las viviendas y, si no es posible, aportando viviendas de sustitución o una indemnización económica.
En los municipios de Escalante, Argoños, Arnuero y Piélagos ya se han dado «pasos firmes» y «se han empezado a poner soluciones». Media ha explicado que, en Escalante, el Gobierno ha firmado hace dos semanas la opción de compra sobre una finca de 2.962 metros cuadrados, que se destinará a construir 15 de viviendas de sustitución, que podrían «arrancar en 2024», para los propietarios de las 32 viviendas con sentencia firme de demolición en el edificio las Torres. La Ejecutivo invertirá en estas edificaciones 2,3 millones de euros. Además, ha precisado que en Argoños se ha licitado la obra para la construcción de tres viviendas de sustitución de la urbanización las Llamas I, que se adjudicarán en «menor plazo posible» con una inversión de 500.000 euros.
El Plan General de este municipio ha permitido dar nuevas licencias y presentar incidente de inejecución de sentencia para un total de 181 viviendas, y el Ayuntamiento, responsable exclusivo de 51 viviendas, está llevando a cabo la gestión urbanística para su legalización, gestión y acuerdos con propietarios, que el Gobierno «apoyará e impulsará en lo que sea preciso».
Arnuero es otro de los municipios con más afectados por sentencias de derribo en sus viviendas, y en el que el actual Gobierno ya ha comenzado a trabajar dando el visto bueno, hace dos semanas, a la redacción de un modificado de obra, que solvente los problemas de cimentación en la construcción de 62 viviendas de sustitución, 53 de ellas para afectados de la urbanización La Arena, y que estarán terminadas el próximo año.
El consejero ha asegurado que, además, va a agilizar «al máximo» la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Piélagos, que llegó el pasado 1 de agosto a la Consejería, y que, en principio y «a la espera de analizarlo en profundidad», podría posibilitar la licencia de 63 viviendas. De hecho, la semana pasada representantes del Ayuntamiento y del equipo redactor del plan general se han reunido para «avanzar en los trabajos que el Gobierno de Cantabria debe realizar para conseguir la aprobación definitiva del Plan». «Me comprometo a seguir dando pasos firmes para seguir aportando soluciones a todas las familias y a todos los ayuntamientos. Soy el noveno consejero que ha conocido Antonio Vilela y me he propuesto ser el último», ha asegurado Media.
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