Afectados por la Ley de Montes amenazan con nuevas movilizaciones

De este conflicto nació la Plataforma de Afectados por la Ley de Montes, que agrupa a propietarios de distintos municipios, aunque los perjudicados podrían llegar a los 7.000, según sus propios cálculos. No en vano, 45 de los 102 municipios de Cantabria cuentan con montes de utilidad pública y en casi todos ellos hay afectados, aunque Voto, Soba, Ampuero, Valdáliga, Cartes, Valderredible y Cabezón de la Sal concentran el mayor número de perjudicados. El colectivo protagonizó encierros y ruidosas protestas en defensa de sus derechos, unas movilizaciones que amenazan con resucitar ahora ante la «inacción» y «falta de información» del actual Gobierno.

«La legislatura acaba y no han hecho nada. Nos dicen que estemos tranquilos, que todo se va a arreglar pero no sabemos nada. Nos están aburriendo, así que habrá que volver otra vez a Peña Herbosa a darles quehacer», amenaza José Luis Rubio Alonso, vecino de San Miguel de Cartes y portavoz del colectivo de este municipio. El consejero de Medio Rural, Jesús Oria, les prometió que esta legislatura los servicios jurídicos del Ejecutivo se pondrían a trabajar a destajo para revisar de oficio todos los expedientes abiertos, incluidos los que fueron denegados en la anterior legislatura, cuando gobernaba el PP, de acuerdo con un nuevo marco jurídico creado a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo, que permite a los afectados ampliar los medios de prueba para acreditar el pleno demonio de la finca.

Pero «es muy frustrante ver cómo el Gobierno incumple sus compromisos. Nos sentimos engañados y desesperados. Mi vecino Federico Puente se ha muerto sin ver la solución», se lamenta Rubio, que hace cuatro años durmió varios días en los arcos del Ayuntamiento de Cartes junto a otros afectados para reclamar la propiedad de sus parcelas.

Desde la Consejería de Medio Rural callan. Jesús Oria, que en diciembre de 2016 se comprometió a revisar cientos de expedientes y a dejar zanjado el problema esta legislatura, ha evitado pronunciarse a pesar de los intentos realizados por este periódico.

Hace dos años el Tribunal Supremo devolvió la esperanza a los afectados, ya que permitía nuevos medios de prueba para demostrar la propiedad de las fincas. Hasta entonces, el Ejecutivo únicamente reconocía la propiedad privada si las parcelas en litigio figuraban inscritas en el Registro de la Propiedad. La Administración despreciaba así otros documentos, en su mayor parte escrituras de compraventa ante notario, testamentos o declaraciones de herederos. Es decir, si las fincas en litigio aparecían enclavadas dentro del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, que data de 1902, de nada le servía al particular exhibir testamentos de antepasados, escrituras privadas, pagos de contribución, certificados de juntas vecinales o la declaración de testigos, porque su reclamación estaba abocada al fracaso ante la Administración y en los tribunales. Porque si el afectado emprendía finalmente un procedimiento civil para reclamar las fincas heredadas de sus abuelos, el juez, de forma sistemática, hacía prevalecer la anotación registral y el Catálogo frente a la prueba privada.

Es lo que le pasó a Joaquín Guerra, de Cartes. Cuenta que en 1984 compró una finca con dos naves y un importante eucaliptal en La Gándara, una transacción que tuvo «todas las bendiciones» del Ayuntamiento y anotó en el Registro de la Propiedad «sin problemas». Pero, en 2003 se enteró de que «mi finca es de Montes. Me dicen que en 1958 pasó a ser propiedad del Ayuntamiento. ¿Cómo puede ser posible eso si los dos propietarios anteriores la registraron en 1952 primero y después en 1960? Si el titular es el Ayuntamiento por qué me autoriza a comprarla en 1984, y me permite hacer obras», se pregunta. Joaquín no participó en las movilizaciones y acudió directamente a los juzgados, pero perdió el pleito. «Llevo más de diez años peleando y perdí en los tribunales, pero no he tirado la toalla. Yo no cedo, sé que me roban. La finca tiene 200 carros y hay más de 6.000 eucaliptos maderables que valen mucho dinero. Este proceso me ha permitido darme cuenta de lo corrupta que es la Administración, empezando por el Ayuntamiento y terminando por el Gobierno de Cantabria», denuncia.

A su lado, el portavoz José Luis Rubio relata su caso. Emigrante en Holanda, cuando regresó construyó una enorme casa en una finca familiar situada en San Miguel de Cartes. «Tengo el testamento de mi abuelo que data de 1958 y un año después se hicieron las escrituras. Dicen que el problema es que las escrituras públicas no llevan inscritas en el Registro de la Propiedad los 30 años que se exigen, y casa y fincas han pasado al Ayuntamiento. Llevo diez años de tormento. Esto es un atraco a mano armada», se queja.

En Cartes hay más de 30 familias afectadas. Algunas, como Soledad Llera Mora, han conseguido regularizar su situación. Soledad compró una finca de 450 carros de tierra con casa a sus hermanos. «Allí nacieron mis siete hermanos y nos hemos criado», dice. Al morir sus padres se quedó con la propiedad y pagó su parte a la familia. «Las escrituras de mis padres eran de 1949 y las pasamos por el Registro de la Propiedad. Hace unos años fui al Ayuntamiento a pedir permiso para arreglar el tejado y me dijeron que esa parcela era de Montes. Me temblaban las piernas, casi me desplomo. ¡Cómo que no es mío, si se lo he pagado a mis hermanos y padre pagó a quien se la compró!, les dije. Me espetaron que reclamara a mis hermanos», relata. Después de «mucho batallar, conseguí enderezarlo todo, pero me han destrozado la vida».