«Los agentes tenemos más miedo al Juzgado 4 de Santander que al delincuente»

«El policía tiene más miedo al juzgado que al chorizo. Con estos antecedentes, lo que pasa es que los compañeros están ajustando mucho las detenciones. Saben que pueden tener más problemas de los normales y aumenta el riesgo de tener que dar muchas explicaciones por una actuación perfecta», apunta Fernando Dou, de la Asociación de Policías Locales y Bomberos de Cantabria. Afirma que cuando hay una cifra tan elevada de imputaciones únicamente en un juzgado tiene que haber una causa.

Actualmente, los sindicatos sólo tienen constancia de un expediente abierto, pero en los últimos años han contabilizado una veintena. Por ejemplo, en la Policía Local de Santander estuvieron involucrados cuatro miembros de una unidad especial y al menos otros dos a título individual. El resto afecta a la Policía Nacional. Recuerda un caso que llegó a la Audiencia y en el que el arrestado acusó a los profesionales de extralimitarse cuando le pusieron las esposas. Los afectados estaban convencidos de que sin el testimonio de los sanitarios y vigilantes que intervinieron en el proceso como testigos no se habría podido demostrar que hicieron su trabajo conforme a la ley. De hecho, el responsable sindical subraya que fueron los agentes los que realmente resultaron heridos en la intervención.

Para María José Cano, delegada en Cantabria de la Unión Federal Policial (UFP), la prueba de que la labor policial se hace siempre con proporcionalidad es que muchas de las imputaciones ni siquiera han llegado a los juzgados y las que sí lo han hecho se han saldado con «cero condenas». «Se oye mucho eso de 'cuidado, que está de guardia el 4'. Claro que se tiene en cuenta. Lo que está haciendo es matar moscas a cañonazos», asegura.

Otra de las derivadas es que, cuando el asunto va a acabar en el Juzgado 4, los agentes que se ven obligados a intervenir tienen los máximos cuidados para que la persona que está al otro lado no sufra ni un arañazo. La consecuencia puede ser que el malo sea capaz de evitar la detención o, en el peor de los casos, actúe de forma violenta –muchas situaciones se han registrado por la noche y estaban involucradas personas muy alteradas por el consumo de distintas sustancias– y agreda al funcionario. «Esto no son matemáticas, cada intervención es diferente y tiene sus matices. ¿Quién mide el riesgo que hay para hacerla de una forma o de otra? Esto no es como poner una multa o abrir un expediente», dice Cano. Recuerda que una hipotética condena por hechos como estos puede tener consecuencias laborales importantes para el agente.

Dou entiende que no hay ninguna intencionalidad por parte del juez, pero rechaza su forma de proceder. Por ejemplo, preguntar de manera explícita al delincuente si ha sufrido algún daño durante la intervención. «No es ya que nos pongan en igual plano que al malo, es que le pregunta si le ha tratado mal el policía o si se ha sentido vejado. Aunque no haya habido nada, el delincuente no es tonto y lo aprovecha para intentar sacar beneficio».