Agreden a dos guardias civiles y despeñan su coche en Reinosa cuando iban a identificarles

En una nota remitida a los medios, la agrupación, mayoritaria en el instituto armado, desveló y puso como ejemplo de esas agresiones un suceso ocurrido recientemente en Reinosa, donde dos efectivos de una patrulla fueron agredidos e inmovilizados por un conductor y su copiloto cuando iban a identificarles tras detener su turismo por conducir de manera errática. El primero aprovechó el forcejeó para subirse a su coche y huir, en tanto que el segundo se apoderó del vehículo oficial y lo despeñó en la ruta hacia Alto Campoo.

Se da la circunstancia de que el automovilista, ebrio y sin carné de conducir, ya había sido arrestado en verano de 2023 por disparar a una familia con niños tras una discusión de tráfico en Reinosa. Este hombre, que entonces tenía 44 años y es natural de Ecuador, fue acusado de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y un delito contra la seguridad vial al conducir el turismo pese a tener ya entonces retirado el permiso de circulación.

«No es comprensible para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni para la ciudadanía que un personaje con esos antecedentes pueda pasear tranquilamente por la calle», comenta uno de los guardias civiles afectados, quien además señala que este es el tercer incidente grave contra un agente en Cantabria solo desde enero. «Este año hemos llegado a ser agredidos incluso por una mujer víctima de violencia de género mientras intentábamos reducir a su atacante», asegura el agente «totalmente desconcertado».

De su lado, el secretario de Jucil en Cantabria, José Mota, avisa del «alto número de agresiones y atentados» contra la Benemérita en una región que, «a priori, debería ser más tranquila», al no ser una puerta de entrada del narcotráfico ni de inmigración ilegal, como ocurre en provincias gallegas, andaluzas o en las Islas Canarias.

Sin embargo, señala, en los últimos años, la violencia contra los agentes cántabros ha aumentado «considerablemente, convirtiéndose en una preocupación constante», ya que «la laxitud de la legislación actual ha provocado que se haya perdido el principio de autoridad». «Ahora nos cuesta mucho más hacer nuestro trabajo porque, además de que el Código Penal es más favorable para el delincuente que para la víctima, hoy cualquiera graba nuestras actuaciones con su móvil y las publica en redes sociales, por lo que el criminal se resiste con violencia y debemos ejercer mayor fuerza, y nos acusan a nosotros de abuso policial», señala Mota.

En su opinión, las penas «son tan blandas» que quien comete un delito grave «queda rápidamente en libertad y reincide, porque sabe que saldrá impune». Por esto esta agrupación reclama mayor protección legal, con una legislación «más dura y homogénea» que incluya penas «ejemplares» para quienes agreden o amenazan a agentes, y dotación de medios para garantizar la seguridad de sus efectivos. «Necesitamos recuperar la autoridad que algunos han ido erosionando poco a poco. Cuando acudimos a un lugar en el que se nos necesita, merecemos respeto. No olvidemos que la Guardia Civil cubre la seguridad ciudadana en más del 80% de España».

En concreto, Jucil pide defensas extensibles para cada agente, pistolas eléctricas paralizantes para cada patrulla, cámaras unipersonales, chalecos antibalas individuales, trajes de flotabilidad, fundas de pistola antihurto y vehículos modernizados, así como protocolos de custodia de detenidos y evitar desplazamientos en solitario de un efectivo para formar patrulla.

A nivel nacional, las agresiones a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad crecieron un 18% en 2024, hasta los 1.404 casos, la cifra más alta hasta la fecha, ya que en 2021 hubo 1.051 y en 2022 fueron 1.193. En los últimos dos años, estos ataques han aumentado un 34%, en tanto que los atentados con armas han disminuido un 23%, con 36 casos en 2024.