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El sindicato docente ANPE Cantabria ha detectado un aumento de la agresividad y violencia en los casos de acoso hacia los docentes en la comunidad autónoma, donde su servicio del Defensor del Profesor atendió a 10 afectados el pasado curso 2020-2021. La cifra ... de denuncias supone la mitad que el curso anterior, pero el sindicato alerta sobre dos hechos: la agresividad ha crecido y la gran mayoría de afectados no denuncia y se limita a pedir una baja laboral por ansiedad.
Además del incremento de la agresividad, también se ha detectado que la mitad del total de casos se han registrado en Educación Primaria cuando lo habitual era que contabilizara más (70% el curso 2019-2020. En esta ocasión aglutinan el 40%). El sindicato atribuye este descenso de casos en Secundaria a las medidas en las aulas a raíz de la pandemia de coronavirus, que incluyeron las clases totalmente presenciales en Primaria y 'on line' en Secundaria.
En Formación Profesional, solo se produjo un caso de acoso a profesores. Estos, además, están repartidos por toda la comunidad autónoma si bien «hay centros que repiten todos los años», ha lamentado el sindicato.
En la rueda de prensa para presentar el informe anual del Defensor del Profesor en Cantabria, la presidenta de ANPE, Rus Trueba, que ha recordado que este servicio ha atendido a 83 docentes en la región desde que se puso en marcha en 2005, ha puntualizado que los casos que llegan al sindicato solo son «la punta del iceberg».
En este sentido, la defensora del Profesor de ANPE en Cantabria, Felisa Hidalgo, ha asegurado que al menos «un profesor por centro tiene problemas», pero no los denuncia.
Al respecto, Trueba ha explicado que muchos profesores no dan el paso de denunciar -solo lo han hecho dos de los 10 el curso pasado- por la «exposición» que les supone, de modo que prefieren «dejarlo pasar y coger la baja médica, que es lo más fácil». De hecho, una de las reclamaciones de ANPE es que la ansiedad, el estrés y la depresión se reconozcan como enfermedad profesional docente.
Además, aunque existe un protocolo de actuación para estos casos, es «un monumento a la burocracia, muy poco práctico», ha señalado el vicepresidente de la organización, Federico de los Ríos.
En relación a los casos detectados el curso 2020-2021, por tipología, en problemas con el alumnado, la impartición de docencia supone el 40% de los casos, las conductas agresivas entre el propio alumnado el 20%, la agresión de alumnado a docentes el 30%, las faltas de respeto el 20%, el acoso el 10% y las amenazas el 20%.
De los problemas derivados de las familias, las agresiones físicas a docentes representan el 10%, el acoso otro 10% y las denuncias en el centro en las que ha tenido que intervenir la Inspección un 20%. Otros motivos suponen el 30% de los casos, e incluyen problemas en el entorno laboral, con la administración, el alumnado y las familias.
Además, un año más, el sindicato ha denunciado la «presión» para modificar notas e informes, los problemas para dar clases, las faltas de respeto por parte del alumnado y familias a los docentes y el uso inadecuado de las nuevas tecnologías como herramienta de acoso.
Trueba ha explicado que se ha detectado un repunte de los casos en fechas cercanas a las evaluaciones, y por tanto a los periodos de vacaciones, que indican «el estrés al que están sometidos los docentes al cabo de cada bimestre escolar». Las consecuencias de todas estas situaciones se materializan en que el 90% de los casos atendidos presenta un cuadro de ansiedad y un 30% causa baja médica.
ANPE les presta ayuda a través de su servicio de Defensor, primero escuchándolos, porque «desconocen qué hacer», y asesorándolos. De ellos, un 50% lleva a cabo acciones legales y es asistidos por el asesor jurídico del sindicato. Trueba ha advertido de las consecuencias del acoso docente. «El daño lo producen unos cuantos y, sin embargo, las consecuencias se extienden a toda la comunidad educativa», ha subrayado.
Por todo ello, ANPE ha vuelto a solicitar a la Administración que elabore un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar que recoja la obligación de los equipos directivos de informar de hechos que pudieran ser constitutivos de delito a la Dirección Provincial de Educación correspondiente, así como al Ministerio Fiscal.
También ha pedido «acelerar» los protocolos, y formación específica del profesorado porque los docentes «no están preparados para sufrir estas situaciones», entre otras medidas.
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