El alcalde de Valderredible afronta el juicio por una denuncia de la oposición

Fernández, según informa Europa Press, presentó en marzo su dimisión como diputado del PRC para afrontar sin aforamiento la denuncia, presentada en su contra por un concejal de la oposición por una supuesta prevaricación administrativa por omisión. Pese a ello, el procedimiento se ha mantenido en el TSJC en lugar de pasar a un juzgado ordinario. Según comunicó en su día el PRC, la denuncia fue presentada por uno de los concejales de la Asociación Independiente de Valderredible (AIVA) en octubre y le atribuye una posible prevaricación administrativa por omisión por no haber tramitado dos escritos de dos vecinos registrados en el Ayuntamiento en 2016.

El alcalde sostiene que no dio credibilidad a esos escritos amparado por informes técnicos municipales, y que hablaban en un caso de «irregularidades inexistentes» en empadronamientos realizados en la localidad de Riopanero y, en el otro, de supuestos excesos en obras realizadas en San Cristóbal, los cuales «han sido desmentidos» por los servicios del Ayuntamiento.

Sin embargo, la Fiscalía considera que «la finalidad de no actualizar el padrón por parte del acusado como principal responsable del Ayuntamiento y de acuerdo a las obligaciones de la Ley de Régimen Electoral, máxime estando cercanas las elecciones municipales que se celebraron en mayo de 2015, se debía a su voluntad de mantener un status quo con fines de rédito electoral». El ministerio fiscal añade que «teniendo en cuenta la afinidad política y amistad que con él tenían varias de las personas en situación irregular y la consideración, además, de que en pedanías con vecinos reales de entre cinco y veinte personas, tal inactividad consciente en la modificación del padrón permitía controlar los eventuales resultados electorales».

Junto a ello, el ministerio público también relata que el acusado recibió una comunicación del alcalde de la pedanía de San Cristóbal del Monte informando acerca de la existencia de unas obras realizadas por varios vecinos «bien sin licencia o con licencias que no amparaban las efectivamente realizadas». De los cuatro inmuebles referenciados, tres pertenecían, según la Fiscalía, a quien había sido el anterior pedáneo, «que tenía relación de amistad con el acusado, así como afinidad política al estar ambos afiliados al mismo partido político» (PRC).

El fiscal entiende que «el acusado hizo caso omiso a la advertencia de las obras del referenciado escrito sin indagar la existencia de un correcto cumplimiento de las mismas con arreglo a la licencia concedida cuando a través de la comunicación y puesta en conocimiento del pedáneo podía y debía haberlo constatado a través del correspondiente expediente».

Explica el escrito que tal comunicación tuvo contestación casi dos años después con una respuesta en la que se adjuntaba copia de las solicitudes, los informes técnicos y los acuerdos de la Junta de Gobierno sobre las licencias. «Lo solicitado era que se tuvieran por denunciados unos hechos y obrara el Ayuntamiento en consecuencia sobre unas obras realizadas, con la comprobación correspondiente, no que se le remitiese copia de las licencias requeridas, omitiéndose así por el acusado cualquier control sobre las obras con plena consciencia de ello».