Los alcaldes claman contra el Gobierno central: «No puede quedarse con los ahorros de los ayuntamientos»

Como presidente de la FMC desde hace más de cuatro años, y también como alcalde de Reocín, Pablo Diestro, encarna la posición de todos ellos: «Rechazo total. Simplemente el hecho de que nos propongan esta especie de cesión voluntaria de los superávit y que luego nos lo vayan devolviendo en 10 años... Tendrá encaje legal, pero no es moralmente aceptable». La posición de los 102 es meridiana y, sobre todo, «unánime» en la agrupación de ayuntamientos, que acentúa por encima de todo la «libertad para invertir el dinero en aquellos asuntos que el municipio considere oportuno».

Margen para el entendimiento hay, pero parece que el Gobierno de Sánchez deberá diseñar otras fórmulas si quiere aproximarse a los consistorios. Después de todo, «no es un buen momento para tener en contra a todos los alcaldes de España». A partir de ahí, el presidente de la FMC confía en que el Ejecutivo flexibilice sus planes. «Quizá no todo se podrá poner en circulación, pero sí un 50%, que no dejan de ser 230 millones en inversiones. Hay que negociar».

Ese sentimiento de «impotencia» lo traslada también la alcaldesa de Santander e igualmente miembro de la comisión ejecutiva de la FMC, Gema Igual: «Es triste y muy difícil explicarle a un ciudadano que su Ayuntamiento tiene ahorros pero no puede gastarlos». Lo que la popular no está dispuesta a aceptar es que «se nos pida un préstamo para después darnos unas migajas». «No aceptamos ese trato y queremos poder gastar cuando se necesita».

La misma música aunque con letra distinta se repite en Torrelavega. Su alcalde, Javier López Estrada, tampoco ha acogido bien la última sugerencia del Ministerio: «La propuesta de préstamelo a mí, Estado, para que te lo vaya devolviendo vía incremento de gasto en los próximos diez años es tratar a los ayuntamientos como a niños pequeños a los que hay que aleccionar en el uso de sus recursos», reprocha. Como sus homólogos en el resto de Consistorios cántabros, el regidor no sólo coincide en calificar los remanentes como los ahorros de los vecinos sino que emplaza al Gobierno a reflexionar sobre la importancia de las administraciones locales. Después de todo, «el ahorro o lo no gastado debe servir de colchón para emplearlo cuando vengan vacas flacas».

Como es el caso. Queda negociar, escuchar y, después, «tomar decisiones claras», como apela el alcalde de Colindres, Javier Incera, otro de los responsables que pone de relieve la urgencia de reformar el asunto de la financiación de las administraciones locales. «Nunca se pone sobre la mesa y realmente pasamos muchas dificultades», declara, antes de recordar de nuevo que «los remanentes son los ahorros de los vecinos y deberíamos poder utilizarnos», además de exigir la puesta en marcha de un fondo extraordinario municipal.

La oposición a Moncloa en este asunto no se limita únicamente a las administraciones locales. El Gobierno autonómico tampoco oculta su defensa a los alcaldes. Y no sólo el presidente, Miguel Ángel Revilla, reitera una vez su defensa «al dos mil por ciento» a favor de los regidores. La consejera del ramo en Cantabria, María Sánchez, también es meridianamente clara al ser preguntada por el derecho de los ayuntamientos a utilizar el superávit. Su posición no ha cambiado en nada desde que fue entrevista en este periódico el pasado día 12 de julio: «Me parece muy importante que puedan usar el remanente para reactivar su economía».