Los alcaldes muestran su «preocupación» por la actual situación de los derribos

Si algo tienen en común los alcaldes de los cuatro ayuntamientos afectados por los derribos (Argoños, Piélagos, Escalante y Arnuero) es su «preocupación máxima» por lo que se les viene encima después de que esta misma semana los jueces de Cantabria hayan reactivado los trámites para ejecutar unas sentencias que, en algunos casos, se dictaron hace más de 25 años. Aunque cada municipio tiene una casuística propia, la mayor parte (339) de las 469 viviendas amenazadas tiene cobertura legal en los nuevos planes de ordenación. Pero los ayuntamientos tienen que poner estos intrumentos urbanísticos en manos de los tribunales antes de que metan las palas en las urbanizaciones. Es la única manera de indultar a las viviendas que fueron declaradas ilegales hace más de dos décadas.

El problema es que de los cuatro municipios en conflicto, sólo Arnuero tiene el planeamiento aprobado y el problema canalizado. El resto trabaja contrarreloj para avanzar en la aprobación de los planes para que no les pille la acción de la justicia. Saben que si los jueces pisan el acelerador no llegarán a tiempo. El PGOU de Escalante, el más avanzado, podría tener luz verde este verano, según las previsiones del Gobierno de Cantabria. Pero los de Argoños, el municipio más conflictivo porque concentra 255 casas ilegales, y Piélagos se retrasarán al menos hasta finales de año, mientras que la Sala de lo Contencioso Administrativo Administrativo, responsable de las ejecuciones, ha reactivado los trámites para tirar las edificaciones con requerimientos a las administraciones.

Los nervios de los alcaldes están a flor de piel. Juan José Barruetabeña, alcalde de Argoños (PP), es quien primero ha sufrido la embestida del tribunal, que el lunes requirió a este ayuntamiento para que en 30 días remita las certificaciones registrales de las viviendas afectadas por la sentencia de la urbanización Pueblo del Mar y presente el calendario de ejecución, si lo tiene. Los jueces quieren además que identifique a las personas responsables de los derribos en el ayuntamiento, una petición que extienden al Gobierno. Al alcalde no le llega el agua al cuello. Ha recibido «mal» la resolución judicial pero no dirá nada hasta que «consulte con mi abogado los pasos a dar». El nuevo planeamiento del municipio está pendiente de una modificación del Plan de Ordenación de las Martismas de Santoña y da cobertura legal a todas las viviendas menos a 11 chalés de la urbanización Las Llamas II, construidas en la falda del monte.

La alcaldesa de Piélagos, la socialista Verónica Samperio, dice que el ayuntamiento «está haciendo todo lo que está en su mano para evitar los derribos», al tiempo que muestra «el máximo respeto» por la justicia. «Lo que quieren los jueces es que hagamos algo para intentar arreglar esto». En este ayuntamiento hay 80 viviendas ilegales, de las que 17 tienen una difícil redención porque están afectadas por la línea de costa. En el nuevo plan, que podría ver la luz a finales de año, «la mayor parte de las casas estarían ya en suelo urbano consolidado, con lo que no tiene sentido que en un terreno donde vamos a demoler hoy mañana podamos construir de nuevo», explica. Samperio defiende que el Ayuntamiento «está poniendo toda la carne en el asador para dar solución a las casas de Cerrias», y así se lo explicará al tribunal cuando le pregunte, aunque no oculta que la redacción del nuevo documento urbanístico «lleva cierto retraso», demora que atribuye a dos causas. Por un lado, al gran número de alegaciones que se recogieron en la aprobación inicial; y por otro, al abandono del primer equipo redactor, que «supuso un auténtico quebradero de cabeza porque tuvimos que contratar a otro que necesitó tiempo para ponerse al día».

A su vez, el Ayuntamiento está recabando informes jurídicos para presentar alegaciones ante la Dirección General de Costas con el objetivo de legalizar las 17 casas sobre las que pesa una sentencia de derribo desde 1998 por encontrarse dentro de la franja de protección de 100 metros de la Ley de Costas. La urbanización se construyó cuando el deslinde provisional era de 20 metros y el Ayuntamiento cree que hay «posibilidad» de salvarlas, aunque «no queremos dar tiros al aire y por eso estamos recopilando todos los argumentos jurídicos para alegar con ciertas garantías». Escalante es el municipio que tiene más avanzado el planeamiento, que está a la espera de la aprobación definitiva por parte de la Comisión Regional de Urbanismo (Crotu). Su alcalde Juan José Alonso (PP) sostiene que la salvación del edificio de Las Torres (32 viviendas) no depende únicamente del plan urbanístico. «Es una condición necesaria, pero no suficiente. El Ayuntamiento no legaliza ningún edificio; eso lo hacen son los tribunales. No quiero vincular el PGOU a la legalización del edificio porque no es así. El nuevo plan ordena unos suelos y dice que donde están Las Torres y otros colindantes es suelo urbano consolidado. Pero son los jueces los que determinan si se ajusta a Derecho», enfatiza. Alonso coincide con otros alcaldes en que «la situación de los derribos es preocupante por la inseguridad jurídica en que se encuentran los afectados y por la indefinición y lo lento de la ejecución de las sentencias, o de su resolución, en el caso de que se pueda solucionar el problema». Pero sostiene que «la obligación de los responsables políticos es dar instrumentos legales a los jueces para que pongan las soluciones, y no ponerles obstáculos». Recuerda en este sentido que la sentencia de Las Torres data de 1992. «Si tenía solución, y en eso estamos, se tenía que haber buscado antes. No se puede estar 25 años esperandola», señala, mientras advierte de que los planes generales, que son la solución al problema urbanístico, «no se han agilizado».

Arnuero, con 102 viviendas de imposible legalización, es el único que tiene bien atada la salvación. Afectados, administraciones y Arca, el colectivo que denunció la edificación en la playa de La Arena, firmaron un acuerdo para tirar las casas y construir otras nuevas en la zona de Bocarrero, y los jueces santificaron el pacto en un auto judicial. El Ayuntamiento ha aprobado su nuevo plan, que fue recurrido sin éxito por los Condes de Isla. El año pasado se aprobó el Plan Parcial de Bocarrero y desde entonces «se ha avanzado más que en los últimos cuatro años», señala el alcalde José Manuel Igual (PP). En junio se adjudicará la obra de urbanización y acceso a la parcela donde se construirán las viviendas de sustitución, y calcula que a finales de año se entregará al Gobierno para que ejecute el proyecto, una actuación presupuestada en 11 millones de euros. Aun así Igual reconoce que la situación «es muy preocupante» tras la sentencia del Supremo que dio luz verde a las demoliciones.