Los alcaldes se ponen a la cabeza de la movilización vecinal por la supresión de sucursales bancarias

A diferencia de otros casos similares, en estos dos los alcaldes de los municipios afectados han levantado la voz, y en Alfoz de Lloredo, su regidor, Enrique Bretones, lo ha hecho con contundencia: si Unicaja no reconsidera su postura, amenaza con un boicot «para que ningún vecino tenga sus productos con ellos», empezando por el propio Ayuntamiento, que está dispuesto a cancelar sus préstamos y cerrar las cuentas. Algo más tibio, Javier López Estrada, alcalde de Torrelavega, muestra su «total rechazo» a los planes del banco, al que critica con dureza: «No debemos permitir el comportamiento de algunas entidades bancarias que, con decisiones como esta, perjudican directamente a nuestros vecinos, especialmente a los más vulnerables».

Bretones explica que, en su municipio, la tercera parte de sus 2.500 habitantes tiene más de setenta años. Son exactamente 748. «Algo se tendrá que hacer: muchos vecinos no manejan las nuevas tecnologías y ni siquiera van a disponer de cajeros automáticos para realizar cualquier tipo de operación». Reconoce que también supone un duro golpe para el propio Ayuntamiento: «Es un problema importantísimo porque nos quedamos sin el sistema de recaudar impuestos».

Asegura que la sucursal de Alfoz ni siquiera da pérdidas, pero «los estudios de Unicaja prevén que si la quitan, los vecinos irán a las de los municipios colindantes -Puente San Miguel, Cabezón de la Sal o Comillas-. Pero les vamos a demostrar que no va a ser así».

En La Inmobiliaria, la indignación vecinal aún no se ha traducido en una protesta articulada, pero el Consistorio ya ha adelantado que también peleará para evitar el cierre. «Desde las administraciones debemos velar por que se mantengan servicios fundamentales para nuestros vecinos, como es este, y desde el Ayuntamiento de Torrelavega haremos todo lo que esté en nuestra mano para evitar que esta oficina desaparezca», insiste López Estrada. «Es imprescindible que se mantengan las oficinas para prestar un servicio de manera accesible y abierta a los ciudadanos. Desde el Ayuntamiento esperamos que finalmente se reconsidere esta decisión y los vecinos de La Inmobiliaria puedan seguir contando con esta oficina a su disposición», añade.

Alfoz de Lloredo busca contra reloj una solución, para lo que ha encontrado apoyo en la Consejería de Presidencia, que está mediando ante la entidad. Es precisamente este departamento del Gobierno cántabro el que está desarrollando un plan de lucha contra la exclusión bancaria -que es como se denomina dejar a un pueblo sin sucursal-, mediante la instalación de cajeros automáticos en localidades en riesgo de despoblación, con el fin de evitar que la pérdida de este tipo de servicios contribuya a empujar a sus vecinos a abandonar los municipios.

Pero en esta estrategia, que contempla dotar de cajeros a 38 municipios con despoblación severa, para lo que se invertirán dos millones de euros, no encaja Alfoz de Lloredo, a pesar de que cada año va perdiendo población. «Aquí no tenemos el hándicap de la orografía o de la climatología, como sucede en otros municipios -señala su alcalde-, pero nos vamos quedando sin vecinos. Para frenar la despoblación hay que intentar dotar de servicios a los ayuntamientos: si nos quitan el banco es como ponernos una pistola en la nuca».

El número de sucursales bancarias en Cantabria ha venido descendiendo década década tras alcanzar su máximo en 1990, con 298 oficinas. En 2000, su número se había reducido a 264, y en 2010 eran 219. En 2020 solo quedaban 128.