Gema de la Concha y Rubén Otero son gestores de residencias y portavoces de las organizaciones que representan al 65% del sector en Cantabria. En el repaso a un año que deja pocos motivos para la alegría, ella recuerda a una mujer de 102 años ... y a un hombre de 100 que lograron que volvieran del hospital tras superar el virus. Él, los 30 días que dejó sus labores para hacer las veces de un auxiliar más en uno de sus centros debido a la ausencia de trabajadores o la cesión de una residencia en Meruelo al Gobierno de Cantabria, convertida en uno de los primeros centros covid de España y que evitó la propagación de la enfermedad con más muertes y sufrimiento. «Si para todo el mundo 2020 ha sido malo, para nosotros horrible», dicen dos caras incapaces de disimular el cansancio físico y mental acumulado.
-Quizás la población tenga la sensación de que esta segunda ola ha sido menos dura en las residencias que la primera. ¿Es así?
-Gema de la Concha: Mi experiencia dice que no. En la primera tuvimos covid en un edificio y en la segunda en otro, totalmente independientes. Ahora el contagio ha sido mucho más rápido, con más asintomáticos que hacían que se propagara mucho más porque no te dabas cuenta. Ha sido más contagioso, aunque quizás menos letal.
-Rubén Otero: Sí ha sido menos letal que la primera ola, que fue terrible, sin avisar, rápida... Fallecieron muchas personas. Contagiados que estaban bien en diez minutos habían fallecido.
-Además del comportamiento distinto del virus, ¿la principal diferencia ha sido el mayor conocimiento y la existencia de medios materiales?.
-G.C: Eso y que los servicios sanitarios han funcionado mejor porque ya conocían a lo que se enfrentan y porque ha habido una mayor coordinación.
-R.O: Y el factor suerte. En Valdeolea, que es una de mis residencias, no tuvimos contagios hasta el mes de noviembre. La directora me decía: «¿Qué he hecho mal, si vengo haciendo todo igual que desde marzo?». Nada. El que ha tenido más casos ha sido por mala suerte.
-¿Han sentido más respaldo y calor de las Administraciones públicas en esta ocasión?
-R.O: Quizás hemos tenido menos apoyo, pero es normal, porque en la segunda ola ya sabíamos a qué nos enfrentábamos y teníamos más medios. En la primera el apoyo fue importantísimo. Hacía falta porque no teníamos de nada en cuanto a protección y no sabíamos a qué nos enfrentábamos.
-El Gobierno regional dijo que la situación estaba controlada y posteriormente hubo repuntes. ¿En qué momento estamos?
-G.C: Me parece muy arriesgado decir que está controlado. En julio los políticos dijeron que habíamos vencido al virus y mira dónde nos encontramos. Enero puede ser otra vez terrorífico. Hay que estar muy alerta porque el virus sigue conviviendo con nosotros y cada vez más adaptado.
-Sólo cuatro personas han rechazado hasta ahora ponerse la vacuna. ¿La concienciación en las residencias es mayor que en la media de la sociedad?
-G.C: Es la única salida que ven los mayores a intentar seguir normalizando la vida poco a poco en las residencias. ¿Puede haber problemas? También si te tomas un paracetamol puedes tenerlos.
-R.O: La mayoría de los residentes está a favor de la vacuna. Algunos creen que se vacunan y a los 15 días ya van a poder salir, y evidentemente no va a ser tan fácil como eso. Están un poco menos concienciados los trabajadores por el miedo a lo desconocido. Pero es que no tenemos otra opción. Si tuviéramos otras, podríamos barajarlas, pero no.
-¿El grado de información sobre el proceso de vacunación está siendo suficiente?
-G.C: La información que tenemos sobre la vacunación es a través de los medios de comunicación. Nos ha llegado el protocolo de consentimiento informado para que firmen la autorización, pero nada más. Parece que el seguimiento a posibles reacciones va a ser muy exhaustivo, pero desconocemos cómo se va a hacer.
-R.O: La coordinación sanitaria con las residencias no es que no exista ahora, es que no ha existido nunca. Llevamos reclamando esto más de 20 años. Lo que no pueden es llamarme de un día para otro para decir que nos vacunan y que nos pidan que lo tengamos todo preparado. A los usuarios hay que prepararlos y explicárselo. Tienen sus patologías, sus demencias...
-La recomendación del Gobierno de Cantabria era que los mayores no salieran de las residencias en Navidad para evitar contagios. ¿Se ha cumplido?
-R.O: Tanto las familias como los residentes lo han entendido y han preferido esperar a estar vacunados para salir con más garantías. Y los poquitos que se han ido sí han entendido el protocolo de llevárselos al menos diez días y hacer una prueba PCR a la vuelta.
-En frío, tras pasar lo peor, ¿creen que hubo desatención sanitaria a las residencias?
-R.O: Fue una auténtica realidad. Evidentemente la comprendemos. Somos conscientes de que no se hizo más porque no se pudo. Aunque no se haya dicho, hubo que tomar decisiones duras de atención. Tuvimos muchos problemas para ser atendidos. Hay que tener en cuenta que en los hospitales tampoco conocían el virus y que tenían miedo a que se llenaran las UCI con gente de 90 años y que eso no permitiera atender a una persona de 30...
-G.C: Es verdad que la mayoría de las personas que están en una residencia no pueden entrar en una UCI porque su organismo no lo soportaría. Y es cierto que el trabajo que se ha hecho desde junio entre Salud Pública, Servicio Cántabro de Salud y el Icass ha sentado unos protocolos eficaces. Hablo de los criterios de derivación y de la Atención Primaria, que han mejorado.
-Decía la consejera de Políticas Sociales que lo peor, más allá de la falta de equipos de protección, fue la dificultad para conseguir profesionales en las residencias.
-R.O: Hay un déficit de profesionales sanitarios en las residencias. Eso lo tenemos claro desde hace muchos años. Sanidad llamó a toda la gente que tenía en listas y que nos llevaron de las residencias. Las condiciones tanto económicas como de trabajo son distintas y no iban a perder la oportunidad. Se nos fue mucha gente y no había personal para llamar. Por suerte se contó con el personal de los centros de día, que estaban cerrados y nos echaron una mano.
-¿Qué piensan cuando desde el Gobierno central se dice que el modelo de cuidados del futuro tiene que pasar por el ámbito domiciliario?
-R.O: Evidentemente hay que incentivar que el usuario se quede en su casa. Es donde mejor está siempre que pueda. Por otra parte, lo que defiende la Vicepresidencia de Asuntos Sociales es hacer todo público. Una residencia concertada viene a costar una media de 60 euros al día. La pública está alrededor de los 170. Si todas fueran públicas mañana, habría que triplicar el presupuesto o dividir entre tres la atención. Pasaríamos a tener dos trabajadores por usuario y no un trabajador por cada dos usuarios. Lo que reclamamos es que se haga un estudio en condiciones donde se pongan todos los costes sobre la mesa y a partir de ahí nos dejen un beneficio normal. Se hizo un estudio hace 14 años y los datos que arrojaron eran imposibles de pagar, así que el informe se quedó en un cajón.
-G.C: Cuando llega una persona a una residencia ya ha quemado otras etapas. Se empieza con cuidados en casa, con el centro de día, con más intensidad de atención domiciliaria... Y llega un momento en que eso es insuficiente, porque la familia claudica por los grandes cuidados que requiere la persona. Por eso hacen falta residencias. Y luego hay personas que, estando bien, no quieren estar solas en su casa y optan por venir. La soledad en casa es muy dura y con una llamada de teleasistencia no se cubre.
-¿Ese estudio sobre los costes y beneficios qué demostraría?
R.O: No sólo que hace falta que el personal cobre más, sino que haya más personas. En una residencia de cien plazas, ahora mismo hay dos personas por la noche. Y eso que la mayoría de los centros tienen más contratados de los que pide la normativa.
-Pese a los reconocimientos a su labor, ¿sienten que ha habido también un intento de criminalizarles?
-R.O: Yo me quedo con los aplausos y el reconocimiento. El resto es fruto de la ignorancia. Me quedo con el premio Beato de Liébana, con las llamadas de la consejera Ana Belén Álvarez diariamente para decir que lo estábamos haciendo bien, con la rectificación de Revilla... Eso sí, todavía no hemos recibido ni una llamada del consejero de Sanidad.
-G.C: Y la satisfacción de todo el equipo profesional de haber hecho todo lo que ha sido posible. El reconocimiento de las propias familias y los residentes a un trabajo bien hecho. Eso lo hemos tenido y pesa más que lo malo que pueda decir alguien en los medios de comunicación.
«Ojalá pudiéramos pagar más de 960 euros a un auxiliar, pero no da»
-¿Cómo les ha afectado en las cuentas esta pandemia por el aumento de costes y la caída de ingresos? ¿Hay centros que no acabarán el 2021 abiertos?
-Rubén Otero: Si no se busca una solución, como el pago de plazas vacías o de EPI, evidentemente alguna residencia acabará cerrando. Pero lo que ha dejado claro es que el personal es escaso. Hay que darle una vuelta a todo esto. La dependencia necesita más presupuesto para seguir adelante.
-Gema de la Concha: Eso ha quedado paralizado. Hubo un incremento en mayo de 2019. El año pasado estuvo congelado y este también. La semana pasada, el director de Políticas Sociales decía en el periódico que el beneficio de una plaza concertada es del 10%. Que nos diga cómo se consigue ese beneficio. Si llega a la mitad, es mucho. En muchas ocasiones, la plaza concertada es deficitaria.
-G.C: Los auxiliares de enfermería que han estado en el centro covid de Suances han estado tenido un complemento de peligrosidad y un salario de 1.400 euros al mes. Ojalá los centros en los que ha habido positivos, donde se ha trabajado con gran riesgo, en esta época hubiéramos podido pagar 1.400 euros y no 960. Los recursos no nos dan para más, pero es cierto que no es justo. La administración debería reconocer ese plus de esfuerzo que han hecho todas las categorías de las residencias.
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