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La preocupación ha regresado al seno de la Autoridad Portuaria de Santander (APS). Un problema que parecía en principio controlado ha retornado con nuevas energías y vuelve a estar entre los temas prioritarios de los responsables portuarios. Los incidentes con polizones que buscan acceder a ... los muelles de forma ilegal con el objetivo de llegar principalmente a Gran Bretaña e Irlanda, un fenómeno que la parálisis derivada de la pandemia sanitaria había minimizado en combinación con las medidas disuasorias implementadas por la organización, han sufrido un evidente rebrote que vuelve a poner en jaque la seguridad del recinto cántabro.
El propio Puerto confirma la tendencia, clara desde diciembre y que viene acentuándose según transcurre el nuevo ejercicio. A mayor actividad en las dársenas, mayores oportunidades para aquellos que, fruto de la desesperación, ven rentable jugarse la vida y la seguridad para entrar ilegalmente en otro país. Como referencia, hasta el pasado 13 de mayo la APS detectó 568 intrusiones, a una media superior a las cuatro por día. El ritmo es el segundo más elevado del último lustro, cuando empezó a coger fuerza el fenómeno, tan sólo por detrás del marcado en 2019, en el que se totalizaron 2.360 intervenciones, y ya mayor que el del pasado año, que acabó con 1.091 actuaciones.
Con esta situación, la realidad es que el problema con los polizones supone una vulnerabilidad alta para el puerto santanderino. La organización que preside Francisco Martín siempre ha puesto el foco en los riesgos tanto para la integridad de los vehículos -camiones y semirremolques- con destino al Reino Unido o Irlanda como para la mercancía que transportan ya que, tanto unos como otros, resultan dañados sin llegar a salir de los muelles.
Lo que sí queda confirmado asimismo es el otro cambio de patrón, toda vez que inicialmente la presión de los intrusos se ejercía sobre las líneas de ferri, mientras que en la actualidad los incidentes se han desplazado hacia los tráficos con destino a Reino Unido que se vienen desarrollando en el espigón central de Raos.
Las estadísticas no engañan. Entre 2020 y 2021 la entidad ha publicado 1.050 acuerdos de incoación de expedientes sancionadores y publicado 687 propuestas de resolución sancionadora.
Cuestionado por este resurgir, el Puerto recuerda que «está constantemente adoptando medidas que sirvan para prevenir el acceso de intrusos al puerto». Como referencia, sólo en los últimos cuatro años ha invertido 2,79 millones en cerramientos, videovigilancia y vigilancia privada.
Además de los trabajos para elevar las vallas perimetrales, entre las actuaciones llevadas a cabo destacan un incremento del sistema de alumbrado; la instalación de inhibidores de frecuencia; o la vigilancia con drones.
2.360intervenciones realizó el Puerto en 2019 en relación a los polizones, cifra récord
No sólo eso, puesto que en la actualidad la APS trabaja tanto en un contrato de vigilancia privada como en la mejora de la videovigilancia en distintas zonas del recinto. En paralelo, se están convocando de forma periódica reuniones de coordinación en materia de seguridad con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, consignatarios, transportistas y navieros afectados para explorar vías de colaboración frente al problema.
Más allá de la pérdida de la línea de Brittany Ferries rumbo a la localidad irlandesa de Cork a comienzos del pasado año, los consignatarios llevan tiempo advirtiendo al Puerto de los riesgos que estas incursiones suponen en forma de fuga de clientes para Santander. El Consejo de la APS es plenamente consciente de este peligro. En las últimas evaluaciones hechas al respecto se ha constatado igualmente que la mayoría de los que intentan acceder de manera irregular tienen nacionalidad albanesa. La entidad además otea que los intentos irán a más en los próximos meses.
Francisco Martín señala que «durante los meses de pandemia mejoró sensiblemente el problema de la intrusión en el puerto ya que, debido a la reducción del tráfico y a la poca gente que se acercaba al entorno portuario, el control era más sencillo. No hay que olvidar que la ubicación del Puerto de Santander, con sus siete kilómetros de valla y su estrecha convivencia con la ciudad, hace muy difícil el control de accesos algo que, a otros puertos como Gijón o Bilbao, con sus puertos exteriores, les resulta más fácil».
2,79millones ha invertido el Puerto los últimos cuatro años en medidas disuasorias.
Sentada esta premisa, el presidente de la APS entra en materia. «Hemos detectado un repunte, a partir del mes de diciembre, de los intentos de intrusión en el puerto. Estas actuaciones ponen en riesgo la confianza de los clientes en nuestro puerto ya que, cuando una persona entra en un vehículo con el objetivo de acceder a un barco como polizón, tanto la integridad de los camiones y semirremolques como la mercancía que transportan resultan dañados y las pérdidas son considerables. Sin embargo, las consecuencias pueden ser mucho peores ya que estas personas tratan de ocultarse en cualquier lugar y condición poniendo en riesgo su seguridad. Esperemos no tener que lamentar un día un desenlace fatal porque lo que hacen es muy peligroso», manifiesta el responsable portuario.
Además, Martín señala que «no estamos hablando de frenar un flujo migratorio, estamos hablando de evitar riesgos ya que no son personas que quieran entrar en España, sino salir de forma ilícita para entrar en otro país de forma no declarada».
El presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, Francisco Martín, entiende que la organización que encabeza no puede solucionar por sí sola este problema. «Es obligación de todas las administraciones colaborar en detectar por dónde se producen los accesos y poner todos los medios para que esto no se produzca, intentando que no lleguen a acceder al barco, aunque se hayan colado de forma subrepticia en un remolque».
En paralelo, agradeció la ayuda de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por «su implicación en la resolución de una situación que nos afecta a todos».
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