La alianza entre PP y PRC saca adelante la primera Ley de Juventud de Cantabria

Aunque las intervenciones para oponerse a la norma de PSOE, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio tuvieron enfoques muy diferentes, todos ellos lamentaron esa falta de concreción. También la ausencia de una memoria económica para que se puedan desarrollar otras acciones como la reserva de parte de las viviendas de promociones públicas para los jóvenes o la gratuidad –al menos que existan bonificaciones– para los desplazamientos en autobús, sobre todo para favorecer a los menores de 35 años de zonas rurales. A mayores, denunciaron los «vetos» pactados por PP y PRC para no aceptar la mayor parte de las enmiendas del resto de grupos.

«La pasada legislatura fue la de las oportunidades perdidas, los falsos anuncios y la de la trama de contratos de Alicia Renedo (directora general de Juventud hasta su misión forzosa). Hoy hay una ley plural. Un plan de rescate para los jóvenes que la presidenta Buruaga ha puesto en marcha desde que ganó el Gobierno», dijo el popular Álvaro Aguirre, que como antes también había subrayado desde la tribuna la consejera del área, Begoña Gómez del Río, considera que la norma «acoge a todos los jóvenes desterrando planteamientos ideológicos excluyentes». Aguirre aprovechó para arremeter contra el PSOE y contra el diputado que defendió la postura socialista, Jorge Gutiérrez, también exdirector general de Juventud. Les recriminó que en sus ocho años –los del último bipartito– no tuvieran tiempo para elaborar un texto, pero sí para encargar con dinero público estudios para una Ley de Juventud que no sirvieron para nada.

Lo que no servirá para nada, según Gutiérrez, es esta ley. No será útil porque «es un ejercicio de propaganda y de autocelebración vacía» y porque está totalmente condicionada al futuro Plan de Juventud, que vigilarán con lupa para ver si corrige la «falta de ambición» de la norma. Como voto de confianza, pese a los muchos aspectos negativos que observan, el PSOE se abstuvo. En respuesta al PP, los socialistas sí ven ideología. «Es un texto domesticado, ambiguo y lleno de concesiones conservadoras. Vacían de contenido principios como el de participación o diversidad», añadió. Y sobre el fondo y las medidas que se esbozan, consideran que en materias como el empleo o la vivienda, se eviten «medidas estructurales contra la precariedad o los sueldos de miseria».

Por ejemplo, sobre una de las medidas estrella, consideran que la gratuidad de la universidad no solo tiene que responder al expediente, también las circunstancias personales como las de los universitarios que no compiten en igualdad porque compaginan los estudios con un trabajo para costear su grado o con el cuidado de familiares.

Lo más grave para Vox es un «caballo de Troya» que, según Armando Blanco, el PRC ha colado al PP. Se trata de la promoción de valores culturales y patrimoniales –entre otros, las lenguas y hablas de los valles– de la identidad cántabra, que enmarcan en el giro ideológico de los regionalistas hacia un nuevo nacionalismo: «Siembra de forma muy sutil el mismo embrión de la discordia que, tras 40 años de manipulación por parte de los nacionalistas de Cataluña, Galicia, País Vasco o Valencia, ha creado grandes enfrentamiento en España».

Para Rosa Díaz (PRC), esa es la excusa que se inventa Vox para no apoyar la Ley de Juventud, un partido que dice ‘no’ porque rechaza valores como la igualdad o la participación. La prueba, defendió, es que Vox, lejos de ser excluido del debate, se ha autoexcluido al no querer transaccionar ninguna enmienda. «Sean serios y sean valientes. No quieren aprobarla por motivos ideológicos», respondió Díaz, que puso el acento en la especial trato que se le dará a los jóvenes de zonas rurales para que tengan las mismas oportunidades «vivan donde vivan». Además, como el PP, puso en valor la capacidad de diálogo y que fueran las Juventudes Regionalistas las que elaboraran el borrador sobre el que se ha trabajado.

Sí fue valiente y disruptivo el diputado no adscrito. Directamente, defendió que la ley es «innecesaria» porque «da carta de naturaleza a una población subsidiada» y da un trato especial a un grupo de población que sufre los mismos problemas que el resto de la sociedad. En el ámbito de la vivienda, por ejemplo, cree que dar ayudas económicas a menores de 35 solo estresará más el mercado. «Pretender que los jóvenes empiecen con ventajas, y no con dificultades, es un error. El mensaje que lanzamos es que no hace falta esforzarse, porque el Estado te cubrirá», concluyó Palacio.