Alicia Renedo, una dimisión en seis horas

La dirigente socialista quedó sentenciada desde primera hora de la mañana, cuando el presidente de Cantabria denunció sin ambages las prácticas de Renedo al frente de las direcciones de Igualdad –la pasada legislatura– y Juventud –desde 2021–. «Ha vulnerado la Ley de Incompatibilidad, no ha actuado como debía y debe asumir responsabilidades», avisó Miguel Ángel Revilla. «Como alto cargo sabe que tiene la obligación legal, ética y moral de inhibirse. Debe responder con un comportamiento ejemplar», advirtió el jefe del Ejecutivo, que no ocultó sentirse especialmente «preocupado» por esta situación generada por su socio de Gobierno a solo cuatro meses de las elecciones autonómicas y municipales.

De forma inmediata, el Gobierno abrió un expediente para recabar información sobre estos contratos, y la Consejería de Presidencia, dirigida por la regionalista Paula Fernández, puso en marcha una investigación abierta de oficio por la Inspección General de Servicios.

En esas indagaciones aparecerá con frecuencia el nombre de la empresaria María Luisa Rebolledo Deschamps, así como los de las sociedades Ágora, Sórica e Imagina, a las que está vinculada de distinta manera, en la lista de contratos menores firmados por la Dirección General de Igualdad durante la legislatura pasada, cuando estaba al frente Alicia Renedo.

La dirigente socialista adjudicó una docena de proyectos y programas relacionados con la formación en igualdad de género, entre 2016 y 2019, a estas firmas domiciliadas en Cádiz, por valor de 78.348 euros. Cuando acabó la legislatura en 2019 y Zuloaga no contó con ella para repetir como alto cargo del Gobierno, Renedo empezó a trabajar, precisamente, para María Luisa Rebolledo, tal y como consta en la declaración de Actividades e Intereses de los altos cargos del Gobierno, publicada el mes pasado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Ya en 2021, el PSOE volvió a pensar en ella cuando quedó un hueco abierto en la Dirección de Juventud tras la marcha de Irene Lanuza. Y, otra vez, Renedo firmó un contrato público con la misma empresaria desde su nuevo puesto. Le adjudicó un curso de diversidad afectivo-sexual online por valor de 1.580 euros. Un contrato para el que no hubo ningún licitador más. Y al contrario de lo que ocurre en otras direcciones generales y consejerías, en la declaración de Actividades e Intereses de Renedo no consta que se haya inhibido en los procesos en los que esté involucrada esta empresaria.

A pesar de estos datos, en el escueto comunicado con el que ayer anunció su dimisión, Renedo consideró que toda su gestión se ha desarrollado «conforme a la legalidad y con el único objetivo de avanzar en las políticas de Juventud que el Ejecutivo regional se ha marcado». La exalcaldesa de Ruente espera que con su marcha voluntaria quede garantizada «la transparencia del proceso de investigación y que los proyectos del Ejecutivo continúen con normalidad sin verse afectados por cuestiones ajenas a las políticas de Juventud».

Desde el PSOE imperó un silencio absoluto durante todo el día. Nadie del partido, donde Renedo ocupa un lugar destacado en la Ejecutiva de Pablo Zuloaga como responsable de la cartera de Igualdad, ni del ala socialista del Gobierno salió a respaldar a Alicia Renedo. Ni el vicepresidente del Gobierno ni la secretaria de Organización del PSOE cántabro, Noelia Cobo, hicieron declaraciones sobre el tema.

Tanto en el partido como en el grupo parlamentario y en el ala socialista del Ejecutivo reinó ayer cierto desconcierto por la investigación publicada por El Diario Montañés y por la rapidez de Revilla en pronunciarse con tanta contundencia, según informaron fuentes del propio PSOE. Y algunos altos cargos, incluso, no ocultaron cierto enfado por la concatenación de escándalos, como la salida de la consejera de Economía, los sucesivos ceses en Sanidad o la salida del jefe de gabinete de Zuloaga por intentar evitar un control de alcoholemia en el que dio positivo.

Alicia Renedo había sido parte del equipo de Eva Díaz Tezanos, a quien Zuloaga desbancó de la dirección del PSOE en un Congreso que provocó una profunda escisión en el partido. Con casi todo el socialismo histórico de la región enfrentado al nuevo secretario general, el vicepresidente intentó un acercamiento con los críticos a mediados de 2021. A Díaz Tezanos le ofreció un cargo bien remunerado en la Fundación Comillas, que esta rechazó para después empezar a trabajar en Gesvicán apoyada por el PRC.

El fichaje de Renedo en 2021 se enmarcó en ese intento por apaciguar la tensión interna. Y al contrario que Tezanos, ella dijo que sí a la oferta y tomó posesión como nueva directora general de Juventud.

PP, Vox y Ciudadanos exigieron al unísono desde el primer minuto la dimisión o cese de la directora general de Juventud. Y, además, extendieron la responsabilidad al secretario general del PSOE y vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, por su gestión del dinero público. También desde Izquierda Unida, su coordinador Israel Ruiz, pidió que la Inspección entre de oficio en las consejerías y resto de departamentos.

El PP, principal partido de la oposición, exigió a Zuloaga que «tome medidas y asuma las responsabilidades» que, a su juicio, le corresponden por un asunto que, según dijo el diputado Álvaro Aguirre, «afecta de lleno» a su departamento, ya que la Dirección de Juventud forma parte de su Consejería.

«Consideramos que este pasteleo es una muestra más de cómo el PSOE de Pablo Zuloaga no está centrado en atender los intereses y problemas de los cántabros, sino que su único afán es resolver las necesidades de los miembros del Partido Socialista y de sus amigos», denunció.

Aguirre anunció que su partido «va a llegar al fondo» de este asunto a través de todos los instrumentos parlamentarios que tiene a su alcance, a fin de que tanto Zuloaga como Renedo «ofrezcan explicaciones y asuman responsabilidades».

Por su parte, el portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, señaló que Alicia Renedo «se ha saltado todos los principios de dignidad, igualdad de oportunidades y libre competencia» utilizando, para ello, la figura del contrato menor que, según afirmó, «permite a los socialistas adjudicar, a dedo y sin competencia, contratos a amigos y antiguos jefes».

La información publicada, señaló Palacio, «refuerza y consolida» las diferentes denuncias públicas sobre la «corrupción de baja intensidad» de PRC y PSOE para tejer una red de colocación y de movimiento de dinero «de manera impune, sin tener en cuenta» que se paga con los impuestos de los cántabros.

«Es un engranaje más dentro de la maquinaria de gasto de los chiringuitos de género», afirmó Palacio, que cree que éstos «no están pensados para ayudar a las mujeres si no, más bien, para repartir dinero público entre asociaciones y empresas satélites socialistas».

Desde Ciudadanos, el coordinador regional Félix Álvarez consideró que lo ocurrido es «la prueba inequívoca y contundente de cómo el PSOE concibe el entramado público, usando el dinero de forma arbitraria».