La alternativa a Vuelta Ostrera cuesta 111 millones y Solvay considera que «no es el terreno idóneo»

El emplazamiento elegido por el Ministerio para la Transición Ecológica para construir la depuradora que sustituirá a la de Vuelta Ostreraen la isla de Solvay -o isla de Monti- ha vuelto a abrir una brecha entre los municipios afectados. Mientras el Ayuntamiento de Suances y asociaciones ecologistas y vecinales celebraban la noticia, Polanco y la empresa química, propietaria de los terrenos, alertan de que «no es el lugar idóneo» y que su edificación sobre unos terrenos endebles puede dañar los diques de contención que existen y provocar «un grave problema» ambiental y de seguridad para la comarca. El proyecto, que de momento no les ha sido notificado oficialmente, tiene un coste estimado en 111 millones, incluyendo cerca de 40 millones para el emisario submarino, según el estudio de alternativas realizado por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Sin embargo, desde Solvay apuntan a que puede existir un elevado «sobrecoste» dadas las características del terreno.

A falta de conocer los argumentos técnicos ambientales que han esgrimido los técnicos, existen sobre la isla grandes acumulaciones de materiales de origen industrial rodeadas de diques. Se trata de depósitos de antiguas balsas de decantación de los líquidos residuales de la fabricación de carbonato sódico. Pese a tratarse 'a priori' de vertidos inertes, estos antecedentes arrojan «gran incertidumbre» sobre su estabilidad y la posibilidad de ejecutar la obra, por lo que se ha considerado una cimentación profunda mediante pilotes de todos los elementos de la EDAR.

También contempla la retirada de 300.000 metros cúbicos de tierras, que deberán ser transportadas por un gestor autorizado debido a su potencial contaminación. Los suelos de esta isla están muy condicionados por los rellenos antrópicos realizados por la industria química Solvay. Sin embargo, ante este suelo totalmente artificial, es necesario valorar cómo se encuentra actualmente esta isla y el valor ecológico potencial que tiene dicho emplazamiento.

Es ahí donde radica la principal «preocupación» de Solvay. La empresa considera que «no es el terreno idóneo». Aunque confía en que el Ministerio haya realizado un estudio ambiental pormenorizado que contemple «los riesgos» e incluso que dé marcha atrás, desde el departamento de comunicación apuntan que si los diques, que sirven para contener algunos vertidos, sufren un «daño estructural puede haber un problema ambiental muy gordo». Además, señalan que la nueva depuradora podría afectar a los planes de expansión que la compañía pueda poner en marcha dentro de sus instalaciones.

La preocupación también se instaló en el Ayuntamiento de Polanco, cuyo principal núcleo de población (Requejada) se encuentra a unos 300 metros. Su alcaldesa y diputada regional, Rosa Díaz, ha convocado mañana a los portavoces de los grupos políticos para diseñar una postura común a la hora de oponerse a la ubicación. La regidora regionalista aseguró que van a hablar con los jurídicos del consistorio para ver qué acciones se pueden tomar para frenar su construcción.

Sorprendida de la decisión, de la que se ha enterado por los medios, la alcaldesa coincide con la compañía y defiende los materiales presentes en esta área tienen carácter «aluvial», en buena medida «granulares», y que parte de esos materiales son «acumulaciones de origen industrial» (depósitos de decantación de la fabricación de carbonato sódico), cuya composición exacta «se desconoce», lo que produce terrenos «inestables».

El director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio, prefirió ayer esperar a conocer por boca del Ministerio la decisión y, sobre todo, poder leer su argumentación antes de pronunciarse. «La ubicación tiene que ser la mejor opción desde el punto de vista ambiental. Eso es lo más importante de la opción que se elija. Desconocemos los estudios y los informes que maneja el Ministerio. Veremos la resolución cuando nos lo comuniquen», explicó Palacio. La misma línea que siguió el delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, quien dijo que se trasladará «la información puntualmente» cuando se lo comunique oficialmente el Gobierno central, porque «este es un tema sensible para toda la comunidad» y que, además, «pone en evidencia defectos en el expediente que no se pueden volver a repetir».

El alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya, valoró la información con «prudencia y cautela», pero se mostró «muy contento». Asimismo, quiere esperar «a conocer cuáles han sido los criterios o los argumentos por parte del ministerio sobre todo en cuanto a cuestiones técnicas y medioambientales». El regidor dijo que no hay que olvidarse de que la isla de Solvay esta dentro del municipio de Suances, que es la ubicación «menos lesiva para los intereses municipales, por lo tanto nosotros, dentro de todas las alternativas posibles y que se han estado barajando con el correspondiente estudio informativo, entendíamos que era la mejor ubicación». Apuntó que «nunca queríamos que fuera Vuelta Ostrera dos, el Borroñal y La Tablía», ya que entiende que eran lugares «muy malos para el municipio de Suances».

Equo más Independientes por Miengo recibió con «satisfacción» la noticia. Los ecologistas presentaron más de 60 alegaciones contra la ubicación de la depuradora en las antiguas canteras de Solvay en Cuchía por considerar que la instalación de una depuradora de estas características contravendría normativas europeas en muchos sentidos: huella de carbono, coste energético, perjuicio para la fauna existente y humedales. Para el partido verde, la isla «era la propuesta menos mala, sin ser la perfecta».

La plataforma SOS Suances, por su parte, se felicita por la decisión y cree que «la ubicación elegida es la única posible, por su menor afección de todas las propuestas, porque es la más alejada de núcleos vecinales y la que menor impacto ambiental tendrá, al ser un vertedero de residuos químico, suponiendo una oportunidad única para conseguir su limpieza y regeneración».

Por último, Luis del Piñal, candidato de Podemos al Congreso, destacó «el ejemplo de movilización vecinal que han dado vecinos de Cuchía, Duález, Ganzo, Hinojedo o Cortiguera y organizaciones como SOS Suances, Ecologistas en Acción o Equo para que el Ejecutivo entendiese cuál era la mejor ubicación».