Los ex altos cargos del SCS defienden su gestión, pero varios testigos apuntan «irregularidades»

Precisamente la contratación de este asesor, que estuvo imputado en su causa pero falleció en 2020, es una de las razones por las que se abrió esta causa. La Fiscalía sostiene que el que fuera subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del SCS entre 2015 y 2018 promovió la contratación de una persona para que prestara servicios de asesoramiento externo con el fin de que redactara pliegos de contratación pública para diversos órganos del propio SCS. «Se fueron encadenando contratos menores con el mismo pese a lo continuado de su asesoramiento y la reiteración y cuantía de los honorarios devengados por tales asesoramientos. El acusado optó para dicha contratación por la forma del contrato menor con el fin de eludir las exigencias de libre concurrencia y publicidad de los procedimientos administrativos de contratación legalmente previsto».

Frente a esto, González ha defendido la contratación, como asesor externo, de Álvaro Sáenz Viteri. «Los pliegos que necesitábamos sólo los podían hacer tres personas en la zona norte de España, no los podía elaborar nadie de la Consejería». Además, ha dejado claro que él no participó en la valoración a la hora de contratar a este asesor. «Fueron los técnicos». «Le adjudicamos el servicio directamente porque la ley de contratos permitía hacerlo con una sola oferta».

El fiscal considera que «con el fin de ocultar dicha infracción», de común acuerdo con el asesor contratado, González «llegó en algunos casos a simular la contratación de la hija de aquél, pese a que los trabajos de asesoramiento eran efectivamente prestados por su padre». Ante esto el exsubdirector de Gestión Económica ha asegurado que el propio Viteri les dijo que estaba «saturado» y «cansado» y les pidió que contrataran a su hija. «Sabía que trabajaban juntos y yo contaba con la capacitación de él».

Por otro lado, la Fiscalía acusa a los dos encausados de irregularidades en la contratación a empresas para la reparación y pintado de cuatro centros de salud. En este caso, acusa al que fuera director gerente de la GAP, Alejandro Rojo, de actuar de común acuerdo con el otro acusado en la tramitación y adjudicación de cuatro contratos menores para la reparación y pintado de cuatro centros de salud, a pesar de que el primero había suscrito anteriormente un contrato con otra empresa para el mantenimiento general de todos los centros de salud por un periodo de dos años. Pero González ha defendido que las obras eran «independientes», se ejecutaron «correctamente» y el resultado fue «perfecto».

De su lado, Rojo ha asegurado que él es médico y que no sabe de gestión administrativa. «Me fiaba del equipo en el que estaba y no podía poner en duda que los documentos que me pasaban para firmar estaban mal realizados». Además ha asegurado que él no participó en la decisión de qué empresas debían realizar los trabajos «ni tuve contacto con ninguna de ellas». Sobre la compra de los 22 ecógrafos, otro de los hechos por los que se sienta en el banquillo de los acusados, ha afirmado que no fue «arbitraria».