Los ex altos cargos del SCS se desvinculan de las empresas que ejecutaron contratos bajo sospecha

Los investigados ocuparon toda la mañana en dar explicaciones sobre los cuatro hechos que arman la acusación, pero sólo a los abogados defensores y al fiscal. Todos ellos se concertaron para no declarar a las preguntas de la acusación particular, que ejerce el PP, un derecho que les asiste como imputados. De este modo se han librado de las cuestiones más comprometedoras.

Los cuatro coincidieron también en desvincularse de las tres empresas (Serincopsa, Gardenor e Iralia) que resultaron favorecidas por el fraccionamiento de los contratos que están bajo la lupa judicial. Ni saben cómo fueron elegidas, ni quiénes eran sus administradores, ni que estaban vinculadas entre sí.

Pero la declaración más sorprendente nació del exgerente Julián Pérez Gil, el único que aludió a la consejera de Sanidad. Economista de profesión, Gil aseguró que no tenía autonomía en su gestión, que en materia de contratación (el caballo de batalla del proceso) tenía «delegadas todas sus competencias» y que «tenía injerencias» por parte de la Consejería. Esta aseveración, consciente y meditada porque surgió a preguntas de su abogado, contradice el discurso que ha sostenido la responsable de Sanidad en toda esta polémica. Luisa Real ha sostenido siempre que el SCS era un «organismo autónomo».

El principal implicado es Francisco Javier González Gómez, a quien el fiscal señala en los cuatro hechos objeto de investigación: la contratación de asesoramiento externo, el fraccionamiento de contratos de pintura en centros de salud y también en las obras de ampliación del Hospital Virtual y la fragmentación también de la compra de 22 ecógrafos. Tal vez por eso fue el que declaró más nervioso.

El fiscal y el PP acusan al subdirector de Gestión Económica, González Gómez, y al responsable de la Gerencia de Atención Primaria, Alejandro Rojo, de contratar 'a dedo' a su amigo y asesor externo Álvaro Sáenz de Viteri, que prácticamente se instaló en las dependencias de la subdirección, y a su hija, para la realización de cinco encargos por un importe total de 84.619 euros. Además de no existir contrato alguno, las acusaciones creen que la hija del asesor no intervino en los trabajos y que fue su padre quien los firmó, lo que constituiría un delito de fraude o exacciones ilegales.

González Gómez lo niega. Dice que Sáez de Viteri «trabajaba en su casa», e ignora si «se le hizo un contrato formal». Subrayó también que no se hizo un contrato único de asesoramiento (lo que hubiera obligado a sacarlo a concurso) porque «en un primer momento pensaban que solo hacía falta un asesor para redactar el pliego de los laboratorios», y dice que fue Sáez de Viteri quien propuso que contrataran a su hija para los otros dos trabajos. Tanto el subdirector como el exgerente defendieron la contratación de Sáez de Viteri porque les ahorró mucho dinero. Según Julián Pérez, desde 2012 «se estaba incumpliendo la normativa porque todo lo relacionado con la compra de laboratorio se hacía sin concurso».

Con la nueva situación generada por el asesor externo pasaron de pagar 19 millones a 12, lo que supuso un ahorro de siete millones anuales. Por su parte, Sáez de Viteri aseveró que a su hija la apoyó y orientó, pero los trabajos fueron realizados y firmados por ella. Sin embargo, dos testigos de la causa (el inspector médico José Alburquerque y Juan Ignacio Ochavías), que declararon con anterioridad, pusieron en duda la capacidad técnica de la hija del asesor, así como que hiciera y firmara dos trabajos por los que cobró más de 50.000 euros.

Las acusaciones mantienen que, de nuevo, se acudió al contrato menor para adjudicar 'a dedo' a tres empresas (Gardenor, Iralia y Serincopsa) vinculadas al hijo de un alcalde socialista el pintado de cuatro centros de salud por un importe superior a los 157.000 euros. Según su tesis, pese a estar vigente el contrato con la empresa Elecnor para el mismo fin, González y Rojo encargaron labores de pintado en cuatro centros a esas tres empresas generando un gasto innecesario al erario público. El exsubdirector alegó que fue la jefa de servicios quien le presentó los presupuestos y que propuso a estas tres empresas porque «eran las más baratas», pero no tiene «nada que ver» con ellas ni conocía a los administradores.

Lo mismo dijo Alejandro Rojo, quien justificó las obras por «la necesidad de reparación de estos centros», ya que había recibido «quejas de los médicos y pacientes». Rojas echó balones fuera al asegurar que fue el subdirector quien propuso y él se limitó a acordar el expediente, aprobar el gasto y adjudicar el contrato a cada empresa. A su juicio, el contrato de Elecnor era únicamente de pintado y actuaciones urgentes, pero en los centros en cuestión era necesario además reparaciones de humedades, goteras y reparación de grietas.

Otro caso de fraccionamiento de contratos para beneficiar a las mismas empresas bajo sospecha es el Hospital Virtual. Según las acusaciones, dos meses antes de las obras de pintura enjuiciadas el exgerente, Julián Pérez Gil, en base a las propuestas de González Gómez, troceó en tres partes los trabajos de ampliación del Hospital Virtual para adjudicárselos directamente a Gardenor (57.000 euros), Iralia (59.900 euros) y Serincopsa (180.000 euros), pese a que existía una unidad de acción organizativa para todos los trabajos.

A Julián Pérez este caso le salpica de frente. El acusado subraya en su descargo que las obras se hicieron a propuesta del gerente del Hospital Virtual y de la consejera, que lo preside, quienes determinaron además «la urgencia» de las mismas. Según su testimonio, el Hospital Virtual acordó por unanimidad las actuaciones, «sin objeción alguna», y una vez tomado el acuerdo su «única decisión» fue trasladar la decisión al subdirector económico, pero ya no sabe lo que hizo después González.

Es en este contexto cuando el exgerente revela que no tenía autonomía en su gestión y denuncia «las injerencias por parte de la Consejería», aunque a renglón seguido apunta a que fue la consejera Luisa Real quien le ordenó agilizar las obras. ¿Y qué dice el aludido Francisco Javier González? Pues que su intervención se limitó a transmitir a los técnicos la necesidad de las obras, pero «ni propuso la adjudicación a las empresas, ni dijo que eran necesarias». De nuevo se apartó de las mercantiles, al afirmar que «desconocía que las obras tuvieran un mismo coordinador y que las tres empresas tuvieran los mismos administradores». Luego desvió el tiro hacia los técnicos cuando le preguntaron si estos contratos debieron formar parte de un único contrato: «Ni tengo ni conocimiento ni capacidad para saberlo. Eso corresponde a los técnicos», enfatizó.

El SCS adquirió 22 ecógrafos a las empresas Sakura y Esaote, pero en lugar de hacer en un solo lote para que salieran más baratos, la compra de los aparatos se troceó, a pesar de que eran idénticos y no había urgencia alguna para adquirirlos, contraviniendo así la legislación. Las acusaciones apuntan directamente a González Gómez. En su descargo el exsubdirector de Gestión Económica echó balones fuera. Dijo que se limitó a certificar que había crédito para la compra, después de que la directora médica y la jefa de suministros informaran de la «necesidad y urgencia» de los ecógrafos. Tan poca información tiene del asunto que ignora cuántos contratos se celebraron, y tampoco sabe por qué no se hizo un contrato global.