Los altos cargos del Gobierno no han presentado aún su declaración de bienes

Dos informes distintos, uno relativo a los bienes en el que figuran inmuebles, depósitos bancarios, valores, seguros y deudas, y otro sobre los posibles conflictos de intereses por las actividades privadas de los altos cargos por si estas pudieran incurrir en incompatibilidades. Desde la oposición entienden que el Gobierno ha tenido tiempo de sobra para cumplir los principios de «honestidad y transparencia» con los que llegó a Peña Herbosa. Pero hay algo más, porque si no se dan prisa estarán faltando no solo al espíritu de la norma, también a su literalidad. En ambos casos, sendos informes de la Inspección General se emitieron por última vez en diciembre de 2022. Si el Gobierno del PP quiere cumplir estrictamente la Ley de Transparencia tendría que emitir los del ejercicio actual antes de que acabe el año. «Un cambio -el que avanzó la presidenta al llegar al poder- que va a estar marcado por el buen gobierno, que es sinónimo de gestión eficaz, gestión con resultados, de racionalidad, honestidad y transparencia», insistió Buruaga en julio.

La declaración de bienes y actividades no es lo único que se le está atascando al nuevo Ejecutivo en materia de transparencia. Aunque es cierto que los nombramientos de los segundos niveles han llegado a cuentagotas y todavía hay algunos puestos vacantes en las consejerías y entes públicos, también hay carencias en la información individualizada de los miembros del Gobierno que debería figurar ya en el portal institucional. Hasta en una treintena de casos falta de introducir la fotografía institucional, el currículum o el contrato, esto último en aquellos casos en los que han sido fichados a través de un concurso abierto -teóricamente- en empresas públicas regionales.

Aunque tarden, las declaraciones de bienes de los miembros del Gobierno se harán públicas en algún momento, algo que no ocurrirá con las de los diputados. El Parlamento de Cantabria insiste en que para ello haría falta una modificación del reglamento, ya que en estos momentos la información que se entrega incluye datos sobre los bienes gananciales. Eso afectaría a terceras personas -las parejas de sus señorías-, por lo que la Cámara hace su propia interpretación de la Ley de Transparencia y entiende que no debe darlas a conocer. Todo pese a que la norma señala que el «Parlamento de Cantabria, así como cualquier órgano estatutario que se pueda crear», están entre los «sujetos obligados».

La Cámara autonómica es una de las pocas de España que no sigue una política de bolsillos de cristal. Pero es que hay algo más. Seis meses después de que echara a andar la actual legislatura, aún no se ha reunido la Comisión de Estatuto para decidir la dedicación (total, parcial o solo de dietas) de los diputados. Esto implica que, en este momento, un parlamentario puede estar cobrando el sueldo completo -son ellos los que eligen qué dedicación quieren al coger su acta- y a la vez ejercer otra actividad privada incompatible. Preguntado por este asunto, solo el PRC actúa con transparencia: todos sus diputados, salvo el alcalde de Torrelavega, tienen dedicación total. PP, PSOE y Vox lo ocultan.