Los dos ex altos cargos del Servicio Cántabro de Salud recurren su condena por prevaricación

No se dan por vencidos. Los dos ex altos cargos del Servicio Cántabro de Salud, Javier González y Alejandro Rojo, condenados a 14 y 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público por fraccionamiento de contratos de obras y servicios en el SCS durante la pasada legislatura, han recurrido la sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria dictada en marzo ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

En el fallo que ahora ha sido recurrido, según confirmaron fuentes judiciales a Europa Press, el tribunal recogió las peticiones de pena solicitadas por el Ministerio Fiscal por prevaricación administrativa relacionada con las contrataciones de asesoría externa y el «fraccionamiento injustificado y arbitrario» de contratos en las obras de mantenimiento en centros de salud y la adquisición de 22 ecógrafos entre 2015 y 2017.

La Sección Tercera fue contundente y aseguró que la actuación de los dos altos cargos implicó «infringir de forma palmaria y clamorosa la legalidad vigente». Todo se desató en febrero de 2018, el día en que la jefa de servicio de Contratación Administrativa y Gestión de Infraestructuras del SCS, Inmaculada Rodríguez, envió un correo electrónico a los máximos responsables de su área –el gerente del SCS, Julián Pérez Gil (primero imputado por el presunto fraccionamiento de contratos en las obras del Hospital Virtual Valdecilla, pero libre de toda culpa desde abril de 2019, cuando se archivó su caso), y la consejera de Sanidad, María Luisa Real– informando de «graves irregularidades» que apuntaban hacia adjudicaciones a la carta y presencia de asesores externos en el SCS que se reunían con empresas e intervenían en la evaluación de las ofertas. Ello desencadenó una tormenta política que derivó en la denuncia, primero de IU y después del PP.

En su sentencia, la Audiencia destacó que Javier González, como subdirector de Gestión Económica, promovió entre 2015 y 2017 la contratación directa como asesor externo de Álvaro Sáenz Viteri –cuya responsabilidad penal quedó extinguida al fallecer en 2020–, a través de cinco contratos menores, en dos de los cuales utilizó como «persona interpuesta» a su hija, Amaia Sáenz. El fallo afirma que solo debió realizarse un contrato. Respecto a los contratos de mantenimiento, la Sala dijo que Alejandro Rojo promovió la contratación de la empresa Elecnor para trabajos de reparación y pintado de cuatro centros de salud, cuando ya había un contrato de mantenimiento en vigor.

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