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Un grupo de alumnos de la Universidad de Cantabria (UC) se ha organizado para reunir firmas con las que solicitar al Rectorado una mejora del servicio de cafeterías y que evite el cierre de algunas de ellas. Ya son 1.300 personas las que han ... rubricado la petición, tanto de manera física, en el propio campus, como a través de la página web Change.org; y la intención es continuar reuniendo apoyos como medida de presión para que el Gobierno de la institución académica tome una decisión.
Todo comenzó a finales del pasado año, cuando cerró la cafetería de la Escuela de Industriales, una de las que tradicionalmente más alumnos reunía. Y ahora está amenazada la que comparten las facultades de Derecho y Económicas, que podría dejar de estar operativa en septiembre. Lo advierte Jesús Martínez, el empresario hostelero que ostenta ambas concesiones. «En Industriales estábamos pagando un canon de 3.000 euros mensuales por veinte días escasos de trabajo y en Derecho estamos en 2.100 euros mensuales. Y encima en verano tampoco podemos trabajar porque no hay alumnos. En esta situación, y con la inflación, es imposible echar adelante un negocio», afirma.
Martínez logró la concesión en las condiciones de trabajo prepandémicas, cuando la asistencia de alumnos presenciales era mucho mayor que ahora. «Eso es algo que ha cambiado mucho. Cada vez hay menos estudiantes y el negocio no da. Si no podemos mantenerlo, lo lógico es cerrarlo, y si la Universidad no hace nada para ayudar, yo no puedo estar trabajando a pérdidas», sentencia el hostelero.
La solución, dice, sería rescindir sendos contratos para volver a abrir la vía de la concesión de manera que se permitiera rubricar un contrato en unas condiciones más ventajosas para el empresario. Lo confirma Alejandro Hernández de las Casas, el estudiante de segundo año de Geografía que ha movido todo el proceso de reunión de firmas. «Las cafeterías son un espacio esencial para la vida universitaria. Hay que reabrir las que están cerradas, como Industriales, y hay que mantener las actuales, incluida la que está amenazada, que es la de Derecho y Económicas», afirma el también secretario de las Juventudes Socialistas de Santander, que concurre a las elecciones del 28M como número 23 de la lista municipal del PSOE en la capital cántabra.
Jesús Martínez, hostelero de la cafetería de Derecho y Económicas
A la entrada de la cafetería de Derecho, precisamente, se encuentra una mesa habilitada para recoger firmas. Un cartel explica de manera somera la problemática y, día tras día, alumnos, profesores, funcionarios y visitantes estampan su rúbrica en la lista. «Tenemos la esperanza de que esto sirva para que desde el Rectorado tomen medidas porque estos espacios de convivencia y socialización dan sentido a la comunidad universitaria», apunta Hernández de las Casas.
La cafetería de Industriales llevaba funcionando 23 años. Clausurar un espacio así termina con una tradición universitaria; pero es que la Universidad ya no es la que era. El covid trastocó todas las cosas. Las clases telemáticas son cada vez más comunes y la vida universitaria se ha quedado en la mitad, especialmente por las tardes, donde apenas hay clases. Por eso hay también opiniones críticas de quienes consideran que lo sucedido no es más que el final de un negocio que ya no es rentable. Es el ejemplo del Consejo de Estudiantes (CEUC): «Ojalá se pueda llegar a un acuerdo y que siga habiendo cafetería en estos dos centros; pero si el negocio no es rentable porque el hábito de los estudiantes ha cambiado y ya no consumen como antes, lo que se puede hacer es transformar esos espacios en comedores, que es lo que más se está demandando ahora», señala Álvaro Moreda, presidente del CEUC.
Álvaro Moreda
Presidente del Consejo de Estudiantes de la UC
El representante estudiantil critica también que se están contando «mentiras» para convencer a los firmantes. «La Universidad de Cantabria no cobra un canon porque sí. Es una concesión que en su día salió y se firmó por ambas partes. Sería ilegal que se redujera y lo único admisible es volver a publicar la concesión», explica. Y no es labor de la Universidad, considera, «mantener un negocio privado con recursos públicos».
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