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La historia interminable. Es la sensación con la que se quedan desde la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a los afectados por sentencias de derribo, al finalizar un nuevo año sin ver soluciones a un conflicto que dura casi tres décadas. ... La Asociación, en su balance anual, lamenta que haya concluido 2024 sin que «nada haya cambiado» tras «tantos años, tantas legislaturas y con multitud de resoluciones del Parlamento de Cantabria instando y prometiendo soluciones», y siente que, a veces, «se han olvidado de nosotros».
Desde AMA muestran su «pesar» porque más de 200 personas hayan fallecido sin ver el resuelto el «grave problema ocasionado por las instituciones», 23 afectados han perdido la vida durante este año. «Seguimos aquí, con solo la palabra y nuestro agradecimiento a quienes dan luz a esta situación de injusticia que afecta a los damnificados por las sentencias de derribo», asegura Antonio Vilela, presidente de AMA.
Asimismo, recuerdan que son las administraciones públicas las condenadas en más de 32 sentencias firmes que «reconocen los graves daños morales y materiales infligidos a cientos de familias», y, «año tras año», «seguimos denunciando que las soluciones no llegan». Una esperanza de cambio, que con el nuevo Ejecutiva regional, tampoco llega. «Al poco tiempo de asumir su cargo», la actual presidenta, María José Sáenz de Buruaga, «nos recibió y nos aseguró que pondría todos los medios para resolver los problemas» y que, a pesar de que una reunión anual le «parecía poco», denuncian que 2024 ha finalizado y «seguimos esperando» un encuentro.
Un hecho que califican como «paradójico», ya que desde la oposición «presentó numerosas iniciativas y, desde la tribuna del Parlamento, emocionó a muchos con sus palabras de apoyo». De igual manera, AMA refleja su «dolor» porque «el tiempo ha pasado, y aquí seguimos. Muchos de los que lloraron conmovidos en aquel momento ya no están entre nosotros».
La situación con las distintas corporaciones municipales es muy distinta. La Asociación señala que el estado en dos ayuntamientos es «especialmente crítico» con el riesgo de que «todos los afectados desaparezcan sin una solución real». En concreto, ha indicado que en Argoños 240 familias dependen de resoluciones judiciales que, según expertos, «tienen altas probabilidades de ser negativas», lo que las dejaría «en una posición aún peor que hace dos décadas». Según ha especificado AMA, en este municipio se están construyendo tres viviendas de sustitución, que están muy avanzadas, pero representan «apenas unas gotas en un mar de necesidades insatisfechas».
Por otra parte, en Piélagos, «a pesar del esfuerzo del Ayuntamiento», la situación sigue siendo «complicada» y está pendiente de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el cual «nunca acaba de llegar».
Una excepción «positiva» se produce en Arnuero, en lo referente a las viviendas de sustitución. En dicho municipio ya son una realidad «tangible» y se espera que se entreguen a mediados de 2025, mientras que en Escalante «todo indica» que las obras comenzarán el próximo año, a pesar de las «quejas» de algunos afectados sobre el proyecto.
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