Ambar instalará las cámaras de seguridad en todos los centros de salud y consultorios de la región

En la resolución recién publicada en la Plataforma de Contratación del Estado, con la clasificación de las propuestas, se resuelve que la empresa Ambar obtiene la mayor puntuación en el lote relativo a la instalación de las cámaras de seguridad (ofreció 63.385 euros, sobre un precio de licitación de 77.442 euros, sin IVA), por delante de Securitas, que es la que se lleva el lote 2, referido a la gestión y el control de la videovigilancia las 24 horas del día. Y se lo adjudica con una oferta de 49.000 euros (sin IVA), menos de la mitad del presupuesto base, que eran 121.000 euros. Una bajada que el órgano de asistencia ordenó revisar, admitiéndose después el informe emitido por la empresa. En este caso, la UTE formada por Ambar y Ralset, que también aspiraba a esta parte del contrato, fue descartada por no cumplir todas las prescripciones técnicas.

Según el pliego, la adjudicataria deberá presentar mensualmente un informe de actividad con las operaciones realizadas y las incidencias más destacables, así como un registro de comunicaciones. En la justificación del contrato, desde el Servicio Cántabro de Salud se exponía que «los profesionales del sector sanitario que han sufrido una agresión expresan mayor temor ante los pacientes y familiares a partir de la agresión». Y que «las consecuencias de los incidentes violentos afectan a la organización del trabajo, observándose un mayor aumento del absentismo laboral, un deterioro de la calidad del servicio y un descenso del rendimiento y la competitividad a corto/medio plazo». Por eso, se consideraba que la presencia de cámaras de videovigilancia en todos los centros sanitarios (lo que incluye también los Servicios de Urgencias -SUAP-) y consultorios rurales es «idónea como elemento inhibidor de conductas violentas», resultando un elemento externo disuasorio de actuaciones contra la seguridad de las personas, bienes e instalaciones.

Al tiempo, se entiende que «favorece una percepción por parte de los profesionales de mayor seguridad» durante el tiempo de prestación de servicios en el interior de las dependencias de Atención Primaria. Y de esta forma, la captación y grabación de imágenes permite su posterior visualización, dentro del plazo legal previsto, así como el acceso por parte de la autoridad judicial y administrativa que corresponda. Claves a la hora de determinar las consecuencias a las que se enfrentan los autores de una agresión. Y cabe recordar que hasta el pasado marzo, Sanidad había notificado las siete primeras multas de 3.000 euros por agresiones a personal del SCS. En paralelo, se habían puesto guardias de seguridad en los centros de salud y SUAP más conflictivos.