Ambuibérica cuestiona el cálculo del SCS: «La gestión pública les disparará el coste»

Pero desde la propia Ambuibérica, que renovó el contrato en 2018 por 45,1 millones con una duración de cuatro años, dudan de que las cifras que ha dado la Consejería que dirige Raúl Pesquera «se ajusten a la realidad, más teniendo en cuenta el caso de la única comunidad (Baleares) que tiene experiencia en el tiempo con la internalización, donde se incrementó el absentismo y cayó la productividad, aumentando un 53% el gasto en personal, y eso teniendo los sueldos congelados». Una vez el Gobierno de Cantabria asuma la gestión de las ambulancias -avanza la compañía-, «se les va a disparar el coste muy por encima de esos 18,8 millones al año», que son seis más de los que se está pagando ahora.

Con esa subida a la vista, Ambuibérica, que arrastra «unos 300.000 euros de pérdidas al mes», estaría «encantada» de volver a optar al contrato. Es más, ella misma trasladó al anterior gabinete de Sanidad que era necesaria una ampliación hasta los 18,1 millones anuales para mejorar la prestación y que fuera rentable. El entonces consejero, Miguel Rodríguez, reconocía que la cuantía de adjudicación de 2018 se había quedado desfasada y calculaba llegar hasta los 16 millones en el nuevo pliego, que dejó a falta de flecos cuando dimitió. Pero el cambio de mando al frente de la Consejería con la llegada de Pesquera frenó el proceso de licitación e introdujo una alternativa que hasta ahora nunca se había planteado en Cantabria: la internalización.

A la espera de que se decida qué hacer, la empresa ya le ha comunicado al gerente del SCS, Rafael Sotoca, que no está dispuesta a venderle su flota de vehículos, puesto que, «dadas las dificultades de compra en el mercado», prefiere «conservar» sus ambulancias para trabajar en otros destinos o reemplazar con estos los más antiguos. No obstante, Zuloaga señaló que la idea es optar por un sistema de 'renting'. Si llegaría a tiempo ese contrato antes de que expire la prórroga con Ambuibérica es otra cuestión en el aire.

Entre la plantilla del transporte sanitario, cuyo comité está en plena negociación del convenio colectivo (la semana pasada se firmó el preacuerdo), reina la incertidumbre por las consecuencias del cambio de modelo. Su preocupación -y es la pregunta que formula USO- es si el cálculo que ha hecho Sanidad de la internalización contempla la aplicación de ese nuevo convenio, donde se recogen, entre otras mejoras, subidas salariales progresivas durante cinco años. «Reclamamos el máximo de transparencia y claridad, porque, si no está incluido, estamos radicalmente en contra». Desde CC OO, en cambio, animan al Gobierno «a ser valiente y dar un paso al frente e internalizar el transporte sanitario».

Sobre la propuesta que plantea el ala socialista, aún no se ha pronunciado su socio de bipartito. El presidente, Miguel Ángel Revilla, subrayó ayer la voluntad del Ejecutivo de solucionar el «problema» de las ambulancias «antes de fin de año o en 2023», aunque no aclaró por cuál de las dos fórmulas que están sobre la mesa se inclina. «Tenemos que recuperar un servicio de ambulancias en Cantabria de calidad», dijo, bien mediante «una licitación que tenga previsto el coste que permita dar ese servicio» o «quedándonos con el servicio siempre que los números cuadren». Y de ese análisis están pendientes los regionalistas.

Ambuibérica no es la única que duda de las cuentas que ha hecho la Consejería de Sanidad para afirmar que la internalización del servicio de transporte de pacientes ahorraría costes respecto a un nuevo pliego privado. La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, acusó ayer al bipartito de manipular los datos para que los números dibujen un escenario favorable a la gestión pública de las ambulancias. «El consejero lo sabe (que las cuentas no salen), lo que no tengo tan claro es que lo sepan otros miembros del Gobierno», afirmó en referencia al PRC, mucho menos entusiasmado con el cambio de modelo.

Buruaga no se cree que la gestión pública pueda ser 3,2 millones de euros más barata que la privada. No se cree que la internalización vaya a costar 18,8 millones de euros al año y está convencida de que la cifra sería muy superior. Y tampoco se cree que el nuevo pliego para mantener las ambulancias externalizadas se vaya a elevar hasta los 22 millones de euros. «Que yo sepa, había una oferta encima de la mesa que no pasaba de los 18 millones, incluyendo todas las mejoras: el nuevo convenio laboral, las mejoras de los trabajadores y del servicio», insisten en el PP, que también recuerda que el asunto no es nuevo y que el propio exconsejero Rodríguez -también socialista- dio por buenas esas cifras. Unas cifras muy distintas a las que esta semana aparecen en el informe encargado por Sanidad para sustentar la internalización del servicio.

Buruaga, que fue consejera de Sanidad en el Gobierno de Ignacio Diego (2011-2015), ha lamentado el proceso de «podemización» de los servicios sanitarios que ha emprendido Raúl Pesquera desde su llegada al departamento, con «decisiones ideológicas» que nada tienen que ver con la mejora de la gestión. Se refirió al asunto de las ambulancias, pero también al conflicto con el centro hospitalario Padre Menni. Además, a la líder de la oposición le llama «poderosamente la atención que sea el PSOE quien utilice criterios economicistas cuando habla de la prestación de servicios públicos»