Ambuibérica resiste diez años después

Pero la polémica ha acompañado a la empresa desde que sus ambulancias pusieron la primera rueda en Cantabria. No sentó nada bien a oposición y sindicatos, allá por abril de 2012 –entonces gobernaba el PP–, que una empresa «de fuera» (tenía la sede en Valladolid) asumiera el transporte sanitario del SCS, hasta entonces conducido por la cántabra Amberne. En aquel concurso, adjudicado en 35,9 millones, solo compitió con la concesionaria. Los 316 trabajadores subrogados de entrada aumentaron a 379 en 2015.

Pero no tardaron en llegar las primeras tensiones dentro de la plantilla cuando tocó hablar del nuevo convenio, con la aspiración del comité de acortar las distancias salariales con respecto a compañeros del sector de las comunidades limítrofes. Los trabajadores se quejaban de que «la mayoría no llegaba a los mil euros». En agosto de 2016, después de año y medio de negociación llegó la tregua, con una subida «histórica» de hasta el 28% de forma progresiva hasta 2020. La segunda vez que Ambuibérica pugnó por el mando de las ambulancias del SCS ya estaba la coalición PRC-PSOE en el Ejecutivo, con Julián Pérez Gil al frente de la Gerencia, bajo las órdenes de Luisa Real. Fue en diciembre de 2017 cuando volvió a ganar el millonario contrato, en aquella ocasión más disputado. Hubo cinco ofertas, pero la suya fue la más económica: bajó tres millones el precio y se lo llevó por 45.

Aunque la etapa de mayor conflictividad la vivió dos años después, en la siguiente legislatura bipartita. Las críticas por los incumplimientos del pliego llegaron incluso al Parlamento, donde Ciudadanos sacó adelante una iniciativa para que Sanidad realizara una auditoría. Esa revisión comenzó en noviembre de 2019 y se solapó con la ratificación de la sentencia de las horas extra por parte del Supremo. La empresa enlazó un disgusto con otro. Y suspendió el examen del SCS, que confirmó «notables deficiencias», de las que se defendió argumentando que perdía «un millón al año» por los efectos de la famosa sentencia.

Llegados a ese punto, cuando el covid ya estaba volando a España, pidió (sin éxito) a Sanidad la revisión del contrato, mientras trataba de apagar el fuego abierto dentro de la plantilla por los cambios de horarios impuestos para paliar esas pérdidas: turnos rotatorios de ocho horas en lugar de guardias de 24.Los trabajadores afectados llevaron a la calle sus protestas y exigieron a Ambuibérica que «pague lo que debe», por esas horas de más acumuladas desde 2017.

Por el camino, no faltó algún sabotaje de ambulancias (estas quemadas de verdad). Y la pandemia dejó en evidencia los protocolos y los medios de protección de sus técnicos, que en los momentos más críticos tuvieron que recurrir a la solidaridad de empresas y particulares para esquivar el contagio. Y de remate, se quedaron a la cola de los colectivos sanitarios para ponerse la vacuna, mientras su propio gerente en Cantabria recibía el pinchazo antes que ellos.

En el último año, a las quejas de los usuarios por los retrasos se añadieron las tensiones con Sanidad, a raíz del relevo en la Consejería (salió Miguel Rodríguez y entró Raúl Pesquera) que frenó en seco el proceso de licitación en curso para estudiar la internalización del servicio. Y mientras tanto, se acogió a una prórroga que ha seguido «asfixiando» a la compañía. Pero pese a todo, la inyección con la que salió el nuevo contrato (con el doble de presupuesto –casi 45 millones– y para dos años) le animó a concurrir, aunque sólo para el transporte urgente, que volverá a gestionar, mientras busca con el SCS una solución al lote del programado, que ha quedado desierto.