La amenaza del fracking se reactiva

Tras años de polémica y una fuerte oposición social en Cantabria al fracking, técnica desarrollada en Estados Unidos para extraer gas de esquisto mediante la inyección de agua a gran presión, todo hacía pensar que esta práctica era cosa del pasado. Pero el Boletín Oficial del Estado ha devuelto a los detractores del fracking a la cruda realidad y ha reactivado la amenaza.

El diario oficial publicó el pasado día 6 que los permisos Bezana y Bigüenzo, que prescribieron en diciembre de 2015 y procedía su archivo y extinción de oficio por parte del Ministerio de Energía, volvían a una fase anterior, la misma en la que estaban en mayo de 2013, quedando, por tanto, solo en suspenso y no caducados. La orden ministerial supone que en cualquier momento se puede reactivar esta práctica en el sur de la región, zona donde se sitúan ambas concesiones. Por eso han vuelto a saltar todas las alarmas, y no sólo entre los colectivos antifracking.

El alcalde de Valderredible y diputado regionalista, Fernando Fernández, llevará al Parlamento de Cantabria una iniciativa para pedir al Gobierno de España la «anulación» definitiva de los proyectos que afectan a Cantabria. Además, instará al Ejecutivo regional a que «exija» al Estado la extinción de ambos permisos. Fernández quiere consensuar la proposición no de ley con todos los grupos parlamentarios para presentarla esta misma semana. «La amenaza sigue latente en Bezana-Bigüenzo», denuncia el diputado, para quien «el fracking sigue siendo un peligro». «Nosotros no vamos a parar hasta que no se anulen definitivamente. Lo que planteamos es la suspensión definitiva y la imposibilidad real de presente y futuro de cualquier permiso. Mientras yo sea alcalde en Valderredible no habrá fracking, eso está clarísimo», enfatiza.

El Ministerio no ha recibido ni una sola solicitud de explotación en los últimos seis años. La fuerte oposición social y los bajos precios del petróleo convirtieron al fracking en un esfuerzo vano en España. Cantabria no es ajena a esta realidad. Las últimas solicitudes de permisos de investigación datan de 2011, aunque en marzo de 2016 el departamento que dirige Álvaro Nadal autorizó un nuevo sondeo de investigación (el pozo Sestero-1), vinculado al permiso denominado Bigüenzo, en el término de Valderredible, a la empresa Petroleum Oil&Gas España SA, un proyecto que está pendiente de la presentación de estudio de evaluación ambiental. La mayor parte de las solicitudes han ido cayendo por inanición y renuncia de las operadoras, por eso parecía que todo alrededor del fracking formaba parte del pasado. Pero un recorrido por el mapa de esta práctica indica que no es así.

En plena expansión de las empresas multinacionales que impulsaron iniciativas en España, agrupadas en la plataforma Shale Gas España, que prometía una cobertura de 90 años de consumo y hasta nueve millones de euros por cada emplazamiento a nivel local, en Cantabria se promovieron un total de diez permisos de investigación para la práctica del fracking. Todos eran de competencia estatal, menos uno, el denominado Arquetu, el único que fue concedido por el Gobierno de Miguel Ángel Revilla en marzo de 2011, algo que los demás partidos y los movimientos antifracking le han reprochado siempre. Aquel permiso, otorgado a a la empresa BNK Hidrocarburos S.L.U. por un periodo de seis años, afectaba a los términos municipales de San Vicente de la Barquera, Valdáliga, Rionansa, Tudanca, Udías, Cabezón de la Sal, Ruente, Cabuérniga y Los Tojos. Nunca se llegó a operar y en 2014 el Gobierno de Ignacio Diego (PP) lo extinguió y pasó a la historia.

Otros dos permisos de fracking (Arcera y Las Nieves) fueron extinguidos y cancelados. En el último caso la cancelación se produjo en 1970 y la firmó el dictador Francisco Franco. En el caso del permiso Arcera, otorgado en 1996, el operador, Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, solicitó en 2004 su extinción, que fue concedida un año después.

El proyecto de Los Basucos, que afecta a una pequeña franja de Torrelavega, Polanco y Santillana del Mar, fue solicitado por la operadora Petroleum Oil & Gas España en diciembre de 2008, pero nunca se ha concedido. Existe un quinto permiso, el Galileo, solicitado por la empresa Montero Energy en 2011 y situado entre Vizcaya, Burgos y Cantabria, que nunca se llegó a conceder y fue archivado en 2017 después de que la sociedad solicitara el desistimiento y la devolución de la garantía.

Existen otros dos permisos de exploración para la práctica de fracking, Luena y Angosto 1, que aunque han caducado el Ministerio todavía no ha declarado su extinción y por lo tanto figuran como vigentes. La concesión del proyecto Luena, en manos de la empresa Repsol Investigaciones Petrolíferas SA (Ripsa), se concedió en 2011 y caducó seis años después sin la realización de ningún sondeo. A caballo entre Burgos y Cantabria, fue uno de los que suscitó mayores movilizaciones sociales. En la misma situación se encuentra el permiso Angosto 1, situado en su mayor parte en Vizcaya, aunque afecta también a Burgos y Cantabria (en la parte alta de Soba). En manos de tres operadores, Cambria Europa, Petrichor Euskadi Cooperatief UA y Sociedad Hidrocarburos Euskadi, el permiso caducó en junio de 2016 y el propio Gobierno vasco pidió a Energía la extinción. Sin embargo, como ocurre con el proyecto Luena, en la web ministerial aparecen ambos vigentes.

Fuentes del departamento de Nadal subrayan que ambos proyectos «se encuentran en tramitación» para la declaración de su extinción mediante una orden ministerial.

El permiso Usupal, operado también por Cambria Europa, Petrichor Euskadi Cooperatief UA y Sociedad Hidrocarburos, que se extiende por Álava, Vizcaya, Burgos y Cantabria, fue suspendido en mayo de 2017.

Hasta aquí, el panorama del fracking en la región era conocido. El problema ha surgido con los permisos de Bezana y Bigüenzo, situados en el sur de Cantabria que afectan también a la provincia de Burgos, porque tanto los antifracking como el propio Gobierno regional los daban por cancelados y no es así. Las operadoras Gas España, Pyrenees Energy y Ripsa obtuvieron los permisos en diciembre de 2009 y su vigencia de seis años expiró en 2015. Nada se supo de los mismos hasta que el pasado 6 de abril el BOE publicó una orden ministerial que declara la suspensión de ambos permisos de investigación desde mayo de 2013, en tanto los titulares tramitan la evaluación de impacto ambiental. Un portavoz del Ministerio ha señalado a este periódico que el promotor solicitó el 7 de noviembre de 2013 la suspensión de la concesión, petición que ha sido resuelta ahora, con casi cinco años de retraso. De este modo, ambos permisos, lejos de ser historia como se creía, han reactivado el fantasma del fracking.

En la misma orden se indicaba que el promotor había pedido autorización para la perforación de un nuevo pozo (Jano) y dos sondeos de investigación para la recuperación de testigos denominados B1 y B3. El portavoz de la Asamblea, Josué Bilbao, cree que se trata de una «ilegalidad porque los permisos están caducados desde 2015», al tiempo que acusa al Ministerio de Energía de «malinterpretar la ley para favorecer los intereses de la empresas». El departamento de Nadal precisa en este sentido que tanto Jano como los otros permisos «son sondeos referidos a proyectos con técnica de extracción convencional, no con fracking».

El consejero de Industria, Francisco Martín, reclama al Gobierno de España «un mínimo de lealtad institucional para que cancele todos los expedientes que en este momento hay iniciados en el Ministerio para exploraciones de fracking en nuestro territorio». Sostiene que el Gobierno regional es «absolutamente» contrario a esta práctica y recuerda que la «declaración política y social de Cantabria es evidente y clara», por lo que «esperamos que el Gobierno de la nación atienda este clamor popular y político de la región». El consejero asegura que instará al Ejecutivo de Rajoy a que extinga los proyectos caducados si se lo pide el Parlamento, aunque precisa que desde el punto de vista administrativo «no será necesario».