La amenaza de recortes por el bloqueo político obliga al Gobierno a estudiar un ajuste de 130 millones

Fue hace nueve meses cuando el exconsejero de Economía Juan José Sota creyó «realista» incrementar el Presupuesto de Cantabria un 4,4% ante el previsible aumento de ingresos del Estado. Pero ahora, tras dos elecciones, una investidura naufragada y una votación de Presupuestos fallida en el Congreso, lo único realista es empezar a pensar de dónde recortar esos 130 millones de las cuentas cántabras. Una cifra confirmada tanto por el propio Revilla como por la nueva responsable de Economía del bipartito, María Sánchez, y que proviene de los ingresos a cuenta del Estado sumados a los 22 millones para pagar las obras de Valdecilla. Tampoco llegará, por ejemplo, la subida de 33 millones prevista en el Fondo de Suficiencia Global, una aportación que el Ejecutivo cántabro utiliza para proyectos propios.

Estos posibles recortes son, ahora mismo, el principal quebradero de cabeza del recién estrenado bipartito, por lo que en Peña Herbosa hay mucho recelo en hablar abiertamente de ello. El sector socialista confía -al menos en público- en que Pedro Sánchez sea investido en unos meses y, por eso, la consejera de Economía ha decidido dejar de hablar de hipótesis futuras. «Es muy prematuro todo, se está estudiando cómo lo haríamos, aunque también es verdad que hemos cumplido con todo (regla de gasto, déficit...) como para ahora ser castigados con esto», avisa una fuente regionalista del Gobierno. Una denuncia que también se ha oído en otras comunidades autónomas y que Pedro Sánchez utilizó el pasado miércoles en Marivent para presionar a PP y Ciudadanos y forzar su abstención en una segunda votación de investidura.

Aunque desde Economía no quieran entrar en detalles, este periódico ha podido saber que el Gobierno ya ha empezado a trabajar en el peor de los escenarios. Esta misma semana se produjo una reunión entre la consejera María Sánchez (PSOE) y la de Presidencia y Justicia, Paula Fernández (PRC), en la que hablaron por primera vez del tema. Al día siguiente también se puso sobre la mesa fuera de los puntos del orden del día del Consejo de Gobierno, aunque de manera muy superficial. La responsable de Economía todavía está haciendo números y se mantiene a la expectativa de lo que suceda en Madrid, pero ya ha recomendado al resto de consejeros que vayan echando un vistazo a las partidas presupuestarias que se pueden limar. Eso sí, todo apunta a que los recortes no llegarían a los 130 millones en una primera fase, sino que se limitarían a una cantidad inferior.

«Es el pan de cada día cuando llega el final de año», reconoce un consejero. Y es que llueve sobre mojado en el Gobierno de Cantabria. Ya en 2017 se tuvieron que recortar 21 millones por el incumplimiento del déficit, y el año pasado hubo que hacer, al menos, otro ajuste de 35 millones. Estas mordidas al Presupuesto siempre se han repartido equitativamente entre los dos socios de Gobierno. Habrá que esperar para ver si sucede lo mismo esta vez.

Las entregas a cuenta del Gobierno central, es decir, los recursos que se reciben del Estado en Cantabria -el grueso de ese agujero de 130 millones- se emplean para sostener los conciertos con las residencias de personas mayores, para subvencionar el pago de alquiler o para apoyar a las personas con discapacidad, entre otras cosas. Hace dos años fueron las inversiones en carretera y los fondos para desempleados los que se llevaron la peor parte de los recortes. El año pasado todo se arregló discretamente con insuficiencias de crédito a las que no se hizo publicidad.

Desde el Gobierno insisten en que todavía es muy pronto para saber quiénes serán los paganos, esta vez, del bloqueo político en Madrid. Pero frente al mutismo autoimpuesto en la Consejería de Economía, Revilla ha dado algunas pistas: «Repercute mucho en la gente porque no es dinero para hacer puentes ni polideportivos. Es dinero para la gente que más lo necesita. Es desesperante el llegar aquí y que esos dineros presupuestados no te lleguen. Claro que tenemos que hacer recortes y eso es duro porque va a repercutir en gente que lo necesita». Fuentes regionalistas llegaron, incluso, a señalar directamente a la Renta Social Básica como uno de los daños colaterales en caso de consumarse los ajustes. Sin embargo, parece complicado que pueda limarse dinero de un fondo de 31 millones que todos los años no solo se agota, sino que necesita de una inyección de crédito en la recta final del ejercicio.

Al margen de los 130 millones de euros del sistema de financiación que Cantabria dejará de ingresar, el Estado tampoco se puede comprometer en grandes inversiones de futuro, sobre todo en el campo de las infraestructuras. Las que estaban presupuestadas en 2018 con partidas plurianuales se completarán, eso sí, pero no pueden embarcarse en proyectos nuevos.

En el Presupuesto que el Congreso le echó abajo a Pedro Sánchez este año había consignados 246 millones de inversiones reales (no solo de Fomento) para Cantabria, una cantidad que suponía un descenso del 9,5% con respecto a la inversión pactada con el Gobierno de Rajoy para 2018.

La aprobación de esas cuentas del Estado habría dado impulso a una decena de proyectos estratégicos para Cantabria, pero su retirada tampoco implica un perjuicio para la región si hay una nueva convocatoria electoral en noviembre. De hecho, muchos de los proyectos incluidos en los Presupuestos fallidos de 2019 ya estaban recogidos en los del año pasado, por lo que ninguno debería quedarse sin financiación si el Gobierno central consigna las partidas necesarias al haber pagos plurianuales. Todos los proyectos ya licitados y adjudicados dentro de las inversiones reales, como el desbloqueo del nudo de Torrelavega o el ramal de acceso al puerto de Santander, seguirán adelante, según las intenciones que maneja el Ministerio de Fomento.

Otra buena noticia es que una gran parte de las nuevas infraestructuras proyectadas dependen de las empresas públicas, como Aena, Adif o Renfe, que tienen presupuestos estimativos y pueden desarrollar sus proyectos sin depender de la tramitación presupuestaria del Congreso. Las empresas pueden seguir adelante con licitaciones sin problemas, según explican de Fomento. En este capítulo se engloban el Tren de Altas Prestaciones entre Santander y Palencia, que araña este año 26 millones de euros. También se encuentran en este apartado el Plan de Cercanías, que tenía previsto 33 millones.

Pero sí que hay otras partidas que se quedan en el limbo. Los proyectos que tienen un futuro más incierto a corto plazo son el tercer carril de la A-8 hasta a Vizcaya, el enlace a Raos y el tercer carril de la A-67 y la S-10, las variantes de Potes y Lanestosa, la carretera del puerto de San Glorio, además de la reforma integral del Desfiladero de la Hermida (N-621, Castro Cillorigo-Panes), cuyo presupuesto superará los 60 millones de euros y estaba previsto que el proyecto estuviese listo este año. Todas estas cuestiones no habían pasado de trabajos previos y los expedientes no estaban cerrados, con lo que se antoja complejo que se pueda resolver.

También aparecían por primera vez partidas para los soterramientos de las vías en Santander y Torrelavega y el cubrimiento de las de Camargo, aunque se trataban de aportaciones simbólicas.

Donde no hay posibilidad de dar marcha atrás es en el plan para dar un nuevo uso a las naves de Gamazo y traer a Santander la colección de arte de la Fundación Enaire. El organismo público pone ya sobre la mesa un millón para acometer estas obras; son dos tercios de los 1,6 previstos. Las reformas y proyectos de rehabilitación de tres inmuebles de la capital, como el Museo de Arte Moderno, el Palacio de Cortiguera y la Biblioteca de Menéndez Pelayo, tienen cada una 100.000 euros. Y se doblan las inversiones para el puerto de Santander, que incluyen la construcción del muelle 9 y alcanzan los 36 millones.

Tras Fomento, el Ministerio que más destinaba a Cantabria es el de Transición Ecológica. Se reservaban algo más de 20 millones. Lo que ocurre es que Medio Ambiente no hacía un desglose por actuaciones; por ejemplo, había 12 millones para calidad de aguas y 4 para depuración. En buena lógica, aquí podría incluirse el derribo de Vuelta Ostrera.

Otro de los frentes que se le abre al Gobierno es el del déficit. Tras lograr con creces el objetivo de 2018, con sólo un 0,05%, el nuevo panorama de recortes complica mucho alcanzar ese 0,1% al que obliga el Estado en 2019. Habrá que ver si Hacienda penaliza a las comunidades que lo incumplan por culpa de la incapacidad de los partidos en pactar.