Amica, preocupada por el empleo de personas con discapacidad, pide al TS que aporte seguridad jurídica

Amica se ha mostrado preocupada por el futuro del empleo de las personas con discapacidad tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria sobre los pluses salariales y el SMI y pide al Supremo que aporte seguridad jurídica.

Así lo manifiesta la entidad en un comunicado en el que considera fundamental la interpretación del TS en relación a la aplicación del Salario Mínimo Interprofesional, ya que la Audiencia Nacional y otros tribunales de justicia -como el superior de Cataluña- han interpretado de forma distinta a como lo ha hecho el TSJC.

Este último condenó a la empresa Soemca -encargada de un centro especial de empleo y perteneciente al Grupo Amica- por retirar los pluses salariales de los trabajadores para «absorber» la subida del SMI.

Esta resolución acaba de adquirir firmeza, después de declararse desierto el recurso de casación anunciado ante el Supremo precisamente para la unificación de doctrina.

Tras el fallo, la Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo reclamó al Supremo que unifique doctrina sobre la aplicación del SMS ante sentencias «contradictorias» de diferentes tribunales que «impiden saber cómo proceder a las entidades que se rigen por convenios colectivos» con sueldos base inferiores al SMI.

Y Amica considera que existe una «controversia jurídica» que hace necesaria la interpretación del Alto Tribunal para «dar unidad y claridad de cómo deben de proceder las entidades cuyos convenios tienen salarios base inferiores a la percepción mínima» que establece el Gobierno de España, de 965 euros en la actualidad.

«Centenares de convenios colectivos tienen salarios base inferiores a esa cantidad, incluso de la administración pública», señala Amica, que cree que el TS debe aclarar si se mantienen las tablas salariales acordadas con las centrales sindicales en el convenio colectivo nacional de centros de atención a personas con discapacidad y aprobadas por la autoridad laboral, que parte de salarios base inferiores a lo establecido en decretos sobre el SMI.

Amica indica que ha «aplicado los complementos necesarios para alcanzar esa cantidad cada año para todos los trabajadores», así como también -añade- «las subvenciones recibidas al pago de los salarios de los trabajadores».

De hecho, justifica al Gobierno de Cantabria el pago de nóminas y Seguridad Social realizada mensualmente, y se auditan las cuentas de Amica y sus centros especiales de empleo cada año, según subraya.

«Poner en duda de que no se dedican las subvenciones al pago de los salarios resulta perverso, incluso difamador. Solo puede decirlo quien sin fundamento busca desprestigiar la imagen de la entidad y de las personas que dedicamos desinteresadamente nuestro tiempo a impulsar este gran proyecto social», manifiesta Amica.

Su mayor preocupación es cómo hacer sostenible los puestos de trabajo de las personas más vulnerables con el nivel de precios que se paga en las actividades que se realizan de confección, lavado, reciclados, etcétera. Y avisa al respecto: «Están en grave riesgo el futuro de muchos centros especiales de empleo y los puestos de muchas personas cuyo empleo ha costado años de esfuerzo crear».

De hecho, informa de que el próximo 17 de noviembre dejará de prestar los servicios de lavado a los centros de atención a la dependencia del Servicio Cántabro de Empleo que inició en 1992. «El nuevo concurso mantiene los mismos precios que en 2016, produciendo la actividad cuantiosas pérdidas los últimos años, que han impedido poder presentar oferta y perdiéndose con ello 14 empleos.

«Se trata no solo de afrontar unos supuestos atrasos muy difíciles de asumir, que en ningún caso recibiremos ayudas públicas para ello, sino de cómo vamos a poder mantener el empleo de tantas personas, casi 500, con la ruptura de la tablas salariales del convenio colectivo que el sindicato demandante -CCOO- intenta imponernos, creando una inquietante inseguridad a las entidades sociales y muchas pequeñas empresas», afirma la presidenta de Amica, Mercedes del Hoyo.

Por último, indica que acatará las sentencias de los tribunales de justicia y mantendrá la defensa del derecho al trabajo de las personas con discapacidad, emprendiendo, y manteniendo en la medida de sus posibilidades los puestos de trabajo, «a pesar de las enormes y crecientes dificultades que se plantean».

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