La amnistía divide a la Justicia cántabra

No todos los jueces cántabros están de acuerdo con la postura que ha hecho pública su órgano de gobierno. Es el caso de Esther Castanedo (Jueces para la Democracia), quien opina que pronunciarse sobre este asunto «no es la función» del CGPJ.

«Creo que el que tiene que decir si la ley es constitucional o no es el Tribunal Constitucional (TC), y será interesante esperar a que se pronuncie la única institución que puede hacerlo. Instituciones como el CGPJ no tendrían por qué estar pronunciándose, porque no es su función: sembrar dudas sobre la constitucionalidad de una ley simplemente contribuye a enrarecer el ambiente político».

Según Castanedo, una de las consecuencias de este estado generalizado de crispación es que «se está dando más trascendencia de la que debería a un asunto que no tendría por qué tener especial relevancia». «Nos estamos pronunciando todos, y está muy bien que tengamos una opinión, pero no como institución, porque hay que esperar a la única que está legitimada. El CGPJ no está para dar opiniones sobre cosas que no le incumben».

Luis Enrique García, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, mayoritaria en la región, opta por guardar un prudente silencio sobre una ley que, hasta la fecha, no existe. «Pronunciarse en estos momentos es aventurado: nuestro órgano de gobierno toma sus decisiones, que no tienen por qué ser compartidas por todos. No porque no se pueda uno pronunciar en cuestiones como la independencia judicial, sino porque no conocemos el texto ni el alcance de la norma. Es más prudente esperar a que haya un texto y una investidura, y entonces ya nos pronunciaremos».

No obstante, este juez reconoce como «error muy común» pretender «que los jueces estemos siempre calladitos». «Cuando se trata de la defensa de la independencia del poder judicial y de la separación de poderes, podemos pronunciarnos. Pero, por ahora, es más prudente esperar a disponer del texto normativo, entonces emitiremos la opinión que corresponda».

La jueza Mar Hernández, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Cantabria, es mucho más contundente. «Esta situación da la imagen de la existencia de una casta, de un grupo de personas para las que el imperio de la ley tiene otra lectura. Con la ley de amnistía se abre un melón muy peligroso: la situación que se está produciendo es una clara degradación, incluso abolición, del Estado de derecho. Parece que lo que ocurrió en Cataluña en 2017 no sucedió, que se trata de confundir un conflicto, dar la apariencia de que se trata de un conflicto judicial, y no lo es: se habían cometido unos hechos delictivos y los tribunales, cumpliendo su función, enjuiciaron estos hechos. Además, llevamos un tiempo en que los ataques a la independencia judicial ya forman parte del día a día, que se admite, y eso al final lo que produce es un grave riesgo y un quebranto del Estado de derecho, de la independencia judicial y de la separación de poderes».

Respecto a la constitucionalidad de la ley, Mar Hernández opina que una ley así «lo que hace es exonerar de responsabilidad a unos pocos, y tenemos muchísimas dudas de que tenga cabida en nuestra Constitución. Si la modificamos, perfecto, pero así todo apunta a que no tendría cabida», afirma.

«Por supuesto que, si se aprueba la ley de amnistía, será el TC el que determine si se trata de una norma constitucional o no, pero a nosotros nos surgen muchísimas dudas de que la cumpla. Es una norma que exonera de responsabilidad a una serie de personas con responsabilidades penales ya declaradas, o que están siendo enjuiciadas, y lo que hace es dejar sin efecto las sentencias. No podemos manifestar de manera tajante que sea inconstitucional, pero sí tenemos serias dudas de que tenga encaje dentro de la Constitución una norma que conlleve la exoneración penal de unos pocos y dé lugar al quebranto de la separación de poderes y del respeto a las decisiones de los tribunales. Parece que existe una casta de privilegiados a la que no se aplica la ley como a los demás. Me parece que genera un precedente horrible, que puede suponer el principio del fin del Estado de derecho, y a quien afecta es a los derechos de los ciudadanos».

La portavoz de la APM en la región reconoce que las responsabilidades políticas corresponden a los partidos, que están «legitimados» para formalizar sus pactos para la formación de Gobierno. «Lo que sucede en este caso es que esta medida ya pertenece al ámbito del pacto constitucional».

De hecho, considera que sus propios impulsores han elegido que el trámite parlamentario de la nueva norma sea como proposición de ley, y no proyecto de ley, para obviar determinados informes de carácter preceptivo, como el del CGPJ. «El trámite más adecuado sería el de proyecto de ley, que permitiría audiencia e informe de organismos como el CGPJ, que ya ha dado su opinión mediante una declaración».

Frente a las críticas de otros colegas, Mar Hernández cree que el CGPJ ha emitido un informe «muy prudente, comedido y legítimo». «Lo ha hecho porque ya se ha hablado de manera pública de una ley de amnistía, y de que el trámite parlamentario va a ser el de proposición de ley, por lo que ya es consciente de que su opinión no va a ser tomada en consideración. La importancia de esta medida y la duda sobre su constitucionalidad justifican que el CGPJ realice esta declaración, aunque ésta no sustituya al informe si finalmente se decide cambiar la forma de tramitarla».

«Entiendo que las asociaciones de jueces se pronuncien sobre este tema, me parece muy correcto, pero yo me encuentro en una posición diferente, institucional, y no puedo hacerlo. Hasta el CGPJ ha hecho una declaración institucional. Pero, desde mi posición, yo no puedo decir absolutamente nada», explica, por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral. También considera arriesgado opinar sobre las posibles consecuencias de la aprobación de una ley así.

«Es totalmente aventurado pronunciarse cuando no se conoce absolutamente nada de su texto. Lo que sí se ha explicado por parte del presidente es que el tema de una posible amnistía forma parte de las negociaciones para la investidura. Pronunciarse sobre las implicaciones de todo esto es muy complicado, todo es especular. Cuando se conozca el texto, si es que lo hay, se determinarán. Ahora es imposible».

A diferencia de lo que opinan el CGPJ o la APM, Jesús Dacio Arteaga, presidente nacional de la Unión Progresista de Fiscales, cree que esa amnistía no tiene por qué suponer el fin del Estado de derecho. «Afortunadamente, éste se basa en muchas otras cosas y está afianzado. Además, el Estado de derecho va a ofrecer a todo el que quiera la posibilidad de recurrir la ley, si finalmente se llega a aprobar».

«A mí me entristece lo que está pasando, no que la gente se manifieste, sino que lo haga de manera agresiva o insultante: no creo que sea el modo de avanzar en una democracia, ni siquiera de defender las opiniones. Creo que hay mucha gente que se opone a la ley –o a esa hipotética futura ley–, que no está de acuerdo con eso. Pueden ser demócratas de derechas, pero demócratas primero. Yo me dedico a lo que me dedico porque creo en ello, no sólo para ganarme la vida: creo en la resolución pacífica de las cosas».