Ampros dice que las peticiones de los trabajadores son «amenazas» para firmar el convenio

Para Ampros, la denuncia del Comité responde a las amenazas que ya plantearon en las últimas reuniones de la mesa de negociación de los convenios, lo que, a su juicio, «demuestran la falta de interés negociador» de los representantes laborales.

Ampros considera «curioso» que el Comité de Empresa no plasme en sus notas informativas las propuestas y demandas llevadas a las mesas de negociación, que «hoy se encuentran situadas entre un 2% y un 3,5 % anuales». Unas reivindicaciones, advierten, que junto al resto suponen para la organización «asumir un incremento de la masa salarial de más de 900.000 euros en sólo dos años, encontrándose muy por encima de las reivindicaciones del sector e incluso de otros sectores relacionados»

La entidad social considera que estas peticiones «son desproporcionadas e inaceptables, máxime cuando los precios públicos han bajado desde 2012 y no han actualizado su poder adquisitivo». Por eso defiende, «márgenes aceptables que, dependiendo de los años, pueden situarse en torno al 0,75% de incremento».

Los presidentes del comité Centro Especial Ampros, Roberto Martínez, y de Servicios Sociales Ampros, María Eugenia González, afirmaron que la entidad había gastado de 2012 a 2018 «aproximadamente 150.000 euros en despidos improcedentes» y criticaban su «falta de transparencia, cuando recibe miles de euros de dinero público».

En el comunicado de prensa emitido hoy en respuesta a la denuncia, Ampros asegura llevar luchando «muchos años por mejorar las condiciones de calidad de vida del colectivo de personas con discapacidad intelectual y sus familias, con múltiples reconocimientos sociales».

Los trabajadores, a través de sus representantes, pidieron al Gobierno de Cantabria que hiciese una auditoría para conocer las cuentas. Desde Ampros aseguran que sus cuentas «son públicas, se encuentran comunicadas a las administraciones públicas, disponibles en nuestra página web y, por supuesto, auditadas, siendo las condiciones salariales y sociales de nuestros profesionales un referente estatal». Además, afirman que las subvenciones públicas representan «únicamente el 24% de los ingresos».