Jordi Hereu (PSOE)

Ministro de Industria y Turismo

«Animo a Cantabria a crear la tasa turística para que cada municipio la utilice si lo considera»

–El gran proyecto industrial de futuro de Cantabria es el centro logístico de La Pasiega. El Gobierno autonómico dice que no tiene sentido sin estación intermodal ferroviaria y el Ministerio duda de su rentabilidad. ¿Qué pasará?

–Mi primera etapa profesional fue hace treinta años en un centro intermodal y en zonas de actividad logística. Sé de la importancia de estas zonas. Todo proyecto, también los proyectos públicos, tienen que basarse en un análisis del modelo de funcionamiento. Yo respeto el análisis que haga Adif. Los recursos públicos son limitados y, en todo caso, se tiene que analizar la demanda de este centro intermodal. Trabajar para incrementar la demanda será una buena manera de hacer viable algún día este proyecto. Este proyecto de La Pasiega me merece todo el respeto y el análisis, pero también entiendo que a la hora de desarrollar infraestructura pública como centros intermodales hay que hacer el análisis también de la demanda potencial.

–Repsol está pendiente del visto bueno del Estado y de que fije el marco normativo para poder iniciar la inversión de 700 millones en la central hidroeléctrica reversible de Aguayo. ¿Cuándo se desbloqueará este asunto tan relevante para Cantabria?

–Quien tiene que hablar es la empresa. Es evidente, público y notorio que estamos en una política de aplicar fondos europeos para incentivar, por ejemplo, el hidrógeno como vector energético en España. Esto es general en toda España. También en Cantabria, sí, donde hay proyectos tan importantes como este de Aguayo. En todo caso el marco sí está establecido y también las políticas de ayuda en el marco de los Perte. Desde Transición Energética, aunque también nosotros en Industria estamos ayudando con el Perte de Descarbonización, ponemos los mecanismos para impulsar estos proyectos. A partir de ahí, Repsol tendrá que tomar sus decisiones.

–Tras la llegada de 30 millones del Perte para Solvay, Torrelavega está pendiente de una gran factoría de hidrógeno verde, la mayor del país. ¿Es un proyecto viable que puede tener apoyo económico público?

–El esquema es siempre el mismo: nosotros hacemos programas en base a fondos europeos Next Generation y se presentan los proyectos en un proceso competitivo. Nosotros estamos no solo abiertos a que se presenten proyectos, sino que siempre he dicho que mi vocación es agotar los fondos. Los éxitos de los Perte yo los valoro por el grado de intensidad del uso de los fondos. De manera que a este proyecto de Torrelavega, como otros proyectos que en España están surgiendo, yo les animaría a que se presenten a las diferentes convocatorias para que compitan. Yo estaría encantado de que se seleccionara porque este tipo de proyectos los vemos con buenos ojos.

–Sería muy relevante para una ciudad industrial como Torrelavega que ha perdido gran parte de esa tradición.

–Estuve en Torrelavega visitando Solvay, que es una de las empresas tractoras que conforman ese parque empresarial. Bueno, estamos en momentos de transición energética. Los momentos de transición son siempre momentos de grandes retos. Pero yo quiero poner énfasis en que son momentos también de muchas oportunidades. Los Perte lanzan el mensaje de que nos vamos a recuperar porque nos vamos a transformar. Y esta es la apuesta que estamos viviendo en Cantabria y en toda España.

–Hace dos años, también en la UIMP, la exministra Maroto anunció medidas para las electrointensivas. Las empresas cántabras siguen diciendo que no han llegado o que son insuficientes.

–Respecto a la electrointensiva y al uso de las energías en general ha habido una política encaminada a intentar contener los precios. España disfrutará a medio y largo plazo de un liderazgo en la generación de energía sostenible. Esto, además del impacto positivo en la lucha contra el cambio climático, tiene el efecto de que tenemos uno de los precios eléctricos más bajos de Europa. Hemos hecho políticas para contener precios tras dos años complicados por motivos geopolíticos. La mejor política es aquella que cambia el mercado mayorista, que en este 2024 no tiene nada que ver con el de 2022 y 2023. Además de esta política, nosotros hemos ido incrementando las ayudas a la industria electrointensiva. Sí que hemos tenido un crecimiento en las ayudas. Toda industria siempre quiere más, pero lo importante es contener el precio de la energía. A las electrointensivas cántabras también les beneficia el incremento que estamos haciendo en las ayudas a la compensación por emisiones de CO2. En 2018 eran de 6 millones y este año serán de 300 millones.

–Con todo ello, el sector asegura que con los precios actuales no pueden competir con Francia o Alemania.

–Esta industria y los poderes públicos también tienen que incentivar los acuerdos público privados, los PPA, que son contratos de medio y largo plazo sobre precios de la energía. Creo que es una buena estrategia para contener los precios. En todo caso, desde el Ministerio de Industria estamos incrementando las ayudas a la subvención de los precios energéticos para paliar este elemento. Pero insisto, la evolución del precio mayorista de la electricidad en España nos dará una evolución positiva porque se basa en energías renovables, que han tenido una buena evolución y que la tendrá más en el futuro. La energía en España será un factor de competitividad de la industria y de la economía española.

–Ya han llegado a Cantabria las protestas vecinales contra la masificación turística que se vienen desarrollando desde hace meses en otros lugares de España. ¿Tienen una base o no son representativas, como apunta el Gobierno autonómico?

–Es evidente que venimos de la defensa de un sector económico que es muy importante, con más de 2,8 millones de españoles que trabajan en este sector. Esto tiene que ser absolutamente compatible con la sostenibilidad y su impacto en los destinos, que son los que acogen este fenómeno. En Cantabria y en toda España, cuando se dan estas protestas, suelen ser en sitios muy puntuales donde es evidente y no podemos negar que puede haber masificación. Gobernar significa controlar y ordenar la oferta y, por tanto, eso es lo que pueden hacer los municipios y comunidad autónoma: delimitar la oferta. Afrontar el debate sobre los límites. Quien conoce cómo hacerlo son las autoridades que están más cerca de la realidad.

–En Cantabria hay municipios que quieren implantar la tasa turística y la Consejería de Turismo se opone frontalmente.

–En esto yo defiendo que haya todos los instrumentos posibles de política pública para que después, desde el liderazgo autonómico o local, cada uno decida en función de su realidad lo que es conveniente para cada población y cada región. Yo vengo de un sitio donde hace más de quince años que hay tasas turísticas. Y ha sido compatible con un éxito ilimitado del turismo. Es decir, creo que es un instrumento adecuado. Es lo mismo que la limitación de plazas tanto de apartamentos turísticos como de plazas hoteleras. Este es el debate y creo que es necesario e interesante.

–Entonces, ¿anima a Buruaga a crear esta tasa turística?

–Es evidente. Como instrumento para que cada uno lo utilice si lo considera. En todo caso, hay comunidades autónomas que ya hace muchos años incorporaron este instrumento que es de ordenación, de limitación o de gestión de la demanda. Y también hay territorios donde hasta hace nueve meses no había este debate y ahora lo hay. Las tasas tienen que servir para revertir en la mejora de la oferta y también en la mejora de los destinos. En Barcelona, el alcalde ha decidido que los millones de euros que se recaudan con la tasa se dedicarán a climatizar las escuelas públicas de la ciudad. Lo digo como un ejemplo de cómo este sector revierte en la calidad de vida del ciudadano en su día a día. Lo que subyace es que tenemos que trabajar para ir ganando día a día la plena legitimidad de este sector que, como cualquier otro, hace una gran contribución a nuestro bienestar económico.

–La presidenta de Cantabria se queja de la falta de respeto institucional por parte del Gobierno de España, con la constante visita de ministros sin reunirse con la presidenta.

–Bueno, no sé. No es mi caso. Yo cuando he venido me he encontrado con la presidenta y hemos ido juntos a visitar Solvay. Sinceramente, yo creo en la política pública y creo muchísimo en la colaboración de los diferentes niveles de la Administración. Creo que juntos multiplicamos resultados, independientemente del color político. Por ejemplo, yo aspiro a poder obtener una buena Ley de Industria y Autonomía Estratégica con el concurso de diferentes grupos políticos, empezando por el de la oposición, pero además con el consenso con las comunidades autónomas.

La presidenta Buruaga afirma que cada año Cantabria dejará de ingresar 600 millones por su pacto con ERC. ¿Los cántabros tienen que estar preparados para ese escenario?

–Es evidente que no. Tenemos la oportunidad de generar un nuevo modelo de financiación autonómica. Hay un acuerdo bilateral, pero en él se habla muy claramente de la solidaridad interterritorial. Es un principio básico de nuestro proyecto político. Reforzar el autogobierno en Cataluña y el desarrollo de su estatuto no tiene que ir para nada en contra de los intereses de otras comunidades como Cantabria. España no es un juego de suma cero. Es una perversidad abordar el debate de esa manera y con esa mala filosofía. A través del diálogo, de los acuerdos y de que cada uno asuma legítimamente su ambición se puede redundar en beneficio de todos los españoles. Hay un principio que es muy esencial: la igualdad de los españoles a la hora de acceder a los servicios públicos.

–Sin entrar en cifras concretas, ¿es compatible ese acuerdo con mejorar la financiación de todos los territorios?

–Deseo para Cataluña que los ocho millones de catalanes, que son ocho millones de españoles, puedan mejorar el acceso y la calidad y la cantidad de servicios públicos. Pero esto para nada es incompatible con el desarrollo del Estado autonómico y de la financiación de todas las comunidades autónomas al servicio de la calidad de vida y de la igualdad de los ciudadanos. Convertir esto en una nueva excusa para confrontar territorios es una mala filosofía. Saldríamos ganando si creemos que a través del acuerdo todos podemos salir beneficiados.