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La magistrada presidenta del tribunal del jurado que la próxima semana debía juzgar a un funcionario de la Universidad de Cantabria (UC) por enriquecerse con ... casi 40.000 euros ha dictado sentencia in voce (de viva voz) tras el acuerdo alcanzado por todas las partes y le ha condenado a dos años de cárcel, tres de inhabilitación para empleo o cargo público dedicado a la gestión administrativa en cualquier ente u organismo público, y 3.600 euros de multa.
La sentencia, que ya es firme, condena al citado trabajador como autor de un delito continuado de falsedad cometido por funcionario público en concurso con un delito continuado de estafa, también cometido por funcionario público.
A la hora de acordar la condena se han tenido en cuenta las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño, ya que el acusado ha consignado judicialmente 39.700 euros por la cantidad que desvió injustamente y otros 14.000 euros en concepto de intereses. Ahora, la magistrada ordena la entrega de tales cantidades, que suman 53.700 euros, a la Universidad de Cantabria.
Según se ha declarado probado, el acusado, «con intención de obtener un injusto enriquecimiento en el desempeño de sus funciones mediante el cobro de cantidades indebidas por parte de la Universidad, confeccionó decenas de documentos de su departamento en los que hacía constar falsamente como profesores de cursos de formación a terceras personas». Así, «lograba engañar al Servicio de Gestión Académica, que ordenaba el pago de cantidades a personas que nunca habían impartido clase alguna en tales cursos, logrando 26 pagos fraudulentos».
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