25 años después de la primera sentencia de derribo, 477 afectados esperan solución

El entramado legal y político alrededor de esta problemática es tal -con las consiguientes promesas incumplidas y plazos previstos que nunca llegan- que resulta difícil dar números. Solo hay estimaciones de cuántas viviendas podrían salvarse si salen adelante los planes generales y cuántas habrá que echar abajo. Lo que es seguro es que el conflicto comenzó a finales de 1994 con las primeras sentencias en el municipio de Arnuero. Luego llegaron las de Argoños, Piélagos, Escalante, Miengo...

Según AMA, en estos momentos hay 477 viviendas afectadas y pendientes de lo que ocurra, una cifra que el Ejecutivo regional eleva hasta las 527. Algunas con una solución más cercana como ocurre con las de Arnuero y otras con muchas más incertidumbres. Además, se han tirado abajo un total de 257 viviendas y los ejemplos de legalización no abundan. Ocurrió esto último, por ejemplo, con 90 de la urbanización Las Arenas y otras 20 de la Playa Marzán, ambas en el municipio de Miengo. También otras cuatro residencias en el complejo Pepín Cano de Arnuero, donde una quinta no logró salvarse de la piqueta y se echó abajo en 2012.

¿Qué escenario hay por delante? Pues quizás no tan oscuro como años atrás, pero todavía incierto. Lleno de interrogantes. A mediados del año pasado, la Consejería de Obras Públicas presentó una actualización del Plan de Derribos dotado con 23 millones de euros a lo largo de toda la presente legislatura. Ese dinero tendrá que emplearse para la construcción de viviendas que sustituyan a las que desaparezcan o a indemnizaciones a los propietarios que prefieran esta segunda opción. En ese punto están en la urbanización La Arena (Arnuero), donde el proceso está más avanzado. Ya hay un plan parcial que respalda la construcción de viviendas de sustitución y está previsto que la obra de los nuevos edificios comience en 2022.

Ese plan regional para todas las localidades involucradas contempla que alrededor de dos terceras partes -unas 350 casas o apartamentos- de los expedientes abiertos se puedan resolver mediante la legalización. Que no haya que llevar las máquinas y que la adaptación de los planes generales de ordenación urbana de los municipios aludidos sea suficiente para acabar con el limbo legal y convertir lo vivido por los afectados durante las últimas dos décadas -en algunos casos más- en un mal sueño. Lo que ocurre es que esa propuesta del Gobierno de Cantabria es poco más que eso, una propuesta. Es cierto que basada en estudios técnicos y en criterios urbanísticos, pero quien tiene la última palabra en todos los casos es la Justicia. El juez que decretó la sentencia de derribo por deficiencias en el procedimiento o atentados ambientales y el que tiene que darse por satisfecho con la solución propuesta.

En este último punto es en el que pone el acento AMA: es verdad que es el Ejecutivo el que propone, pero también que son los tribunales los que disponen. En cualquier caso, aun teniendo en cuenta esa premisa, sospechan que el Gobierno de Cantabria ha sido demasiado optimista en sus cálculos. Y sacan el ejemplo de Argoños, que con 255 casos es el que concentra el mayor número de afectados. Allí, Obras Públicas sólo confirma el derribo de una decena de viviendas. Con el resto, creen que existe posibilidad de salvación.

Sea demasiado optimista o no, de cualquier modo, para eso es necesario sacar del limbo el PGOU. «Hasta cuatro veces ha estado en información pública. El documento está en una noria dando vueltas con idas y venidas del Gobierno al Ayuntamiento. «Se iba a haber aprobado hace ya tres años. No se puede explicar que un PGOU de un municipio de sólo 5,5 kilómetros cuadrados requiera diez años. Sobre todo cuando el 80% está hecho del plan de 2007», apunta Antonio Vilela, portavoz de AMA.

Aunque después de tantos años están escarmentados y apelan al principio de prudencia, creen que en Argoños una parte sustancial de las viviendas afectadas podría salvarse -once de La Llana son las que tienen peor pronóstico-, ya que están en suelo urbano consolidado. Es decir, que si las tiran, al día siguiente podrían volver a levantarse con todas las de la ley. A su entender, sería un despropósito, un «puñal» como el caso del Chiringuito de Mingo, en Ajo, que se derribó en abril de 2009 y año y medio después, con la aprobación de la nueva Ley de Costas, ya habría sido legal.

En Piélagos, el documento urbanístico es mucho más complejo y ni siquiera con el borrador inicial en la mano es fácil dar números. Las que tienen una situación más comprometida son las de Cerrias. Y luego está Escalante, el «mayor despropósito» para AMA. Allí, el Ayuntamiento dice que los cambios urbanísticos permiten dejar en pie el edificio y el Gobierno niega la mayor y propone una solución de Arnuero. Tendrá que hablar la Justicia.