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El sindicato ANPE ha denunciado que la Consejería de Educación ha distribuido entre algunos centros, públicos y concertados, «de forma arbitraria y sin convocatoria pública», los 1,47 millones transferidos por el Ministerio para un programa de inclusión educativa, hechos por los que no descarta ... estudiar «medidas legales» y por los que ha pedido explicaciones al departamento que dirige Marina Lombó (PRC), a la que demanda «transparencia» tanto en la gestión económica como en la distribución de medios; en la vacunación del personal docente, y en los procesos selectivos de éste y en la implantación de las aulas de un año.
La presidenta del sindicato, Rus Trueba, ha explicado que la organización ha decidido impulsar una «campaña por la transparencia» para que los ciudadanos conozcan qué se destina el dinero que llega a la Consejería de Educación, una información que, según ha dicho, lleva exigiendo a la Administración «desde julio del curso pasado, sin éxito».
Además, ANPE ha reiterado la «necesidad de recursos y financiación para la educación pública» de Cantabria y ha advertido que «no tolerará que se desvía a centros privados».
En lo que respecta a la petición a la Consejería en la gestión económica, ANPE ha criticado que, por ejemplo, «sigue desconociendo» las partidas a las que se han destinado los más de 18 millones de euros de los Fondos Covid que el Gobierno central traspasó al Gobierno regional para luchar contra los efectos de la pandemia en el ámbito educativo. Ha explicado que ha solicitado en varias reuniones y Mesas Sectoriales una información detallada sobre el destino de estos fondos y solo en las última se le dio, aunque de forma «parcial e insuficiente» ya que no aparecía detallada ni desglosada, especialmente en lo que se refiere a los fondos públicos destinados a los centros privados con concierto.
«Exigimos que se nos proporcione la información completa». ANPE ha denunciado, por otra parte, que en la Consejería, la información sobre la distribución de medios y recursos «brilla por su ausencia» como, según la versión de Trueba, ha sucedido con los 1,47 millones que el Ministerio transfirió a la Consejería para el Program PROA+ para que los distribuyan entre centros educativos sostenidos con fondos públicos durante el curso 2020/2021 y que compartan las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea en materia de inclusión educativa.
Según ha indicado el sindicato educativo, se trata de una medida dirigida especialmente a aquellos centros que muestren indicadores más altos de pobreza educativa (rezago educativo significativo, desconexión de la escuela, altos índices de repetición y absentismo, bajas tasas de idoneidad, riesgo de fracaso escolar y de abandono temprano), agravada por la suspensión de la actividad presencial en las aulas causada por el covid-19 durante el tercer trimestre del curso 2019/2020.
ANPE ha indicado que «parece ser» que estos fondos ya han sido transferidos a Cantabria y la Consejería de Educación los ha distribuido «a su conveniencia» en varios centros de Cantabria, enviando docentes adicionales a los mismos. El sindicato ha censurado que, mientras en el resto de comunidades se han realizado convocatorias públicas para que los centros participaran en un concurso abierto y transparente, en Cantabria «se han adjudicado de forma arbitraria, sin transparencia ni criterios conocidos».
Por este motivo, ANPE Cantabria presentó el pasado 21 de enero un requerimiento de información, al que, según ha señalado, no ha recibido respuesta, para conocer qué convocatoria oficial ha habido para que los centros se adscriban a dicho programa; qué criterios se han usado para seleccionar estos centros; cuáles son estos colegios y qué posibilidad hay de que otros centros se adhieran al programa, entre otras cuestiones.
Además, el sindicato ha reclamado a las autoridades sanitarias y educativas de la comunidad autónoma que «despejen todas las dudas» en lo que respecta a la gestión de la vacunación del personal docente. Esta organización pide que la vacunación no interrumpa el servicio, ni las oportunidades de trabajo de cada persona (oposiciones) y exige que se coordinen las Consejerías de Educación y Sanidad para dar una solución a la vacunación a los docentes, que, según ha dicho, está paralizada y solo se está vacunando al personal entre 60 y 69 años.
Por este motivo, la central quiere saber cuestiones como el número de docentes vacunados, cuantos no lo están o qué va a ocurrir con aquellos a los que recibieron la primera dosis de AstraZeneca y espera recibir esta información en la reunión de la mesa técnica de Educación que se celebrará este miércoles, 12 de mayo, a las 12.00 horas y de forma telemática.
ANPE ha pedido que se priorice y se vacune de «forma inmediata a aquellos docentes que aún no han comenzado con la pauta de vacunación» ya que, según ha señalado, los docentes siguen entrando «cada día en aulas cerradas con decenas de alumnos y con una protección insuficiente» y también ha solicitado más medidas de seguridad y la actualización del protocolo frente al covid en el ámbito educativo.
Además, insiste en mantener el próximo curso 2021-2022 el 'cupo covid' -algo que, según señala, la Consejería se plantea quitar-; así como en la necesidad de sustituir inmediatamente las bajas del profesorado. En este sentido, ha pedido que se extienda a Secundaria el actual compromiso de Educación por el que las bajas de profesores en Infantil y Primaria se cubren en 24 horas. Según han señalado, en Secundaria se espera actualmente una semana.
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