La anulación de los PGOU y sus complejos trámites ponen en jaque al urbanismo

Esta nulidad en cascada de las normas que regulan el planeamiento urbanístico de los ayuntamientos está produciendo una «elevada inseguridad jurídica» en el urbanismo de Cantabria, según coinciden en señalar representantes de las Administración, técnicos, colectivos ecologistas y jueces consultados por este periódico, una situación que, sin embargo, no es privativa de Cantabria y afecta también a otras comunidades autónomas. Baste decir que en la última década, medio centenar de planes generales de urbanismo han caído en los tribunales en España. Los de Gijón, Vigo y Marbella son un ejemplo.

Una de las consecuencias de esta incertidumbre jurídica es que los constructores y promotores se están echando para atrás y, en Santander por ejemplo, «están con el freno de mano echado y no promueven porque no saben cómo se va a salir de esta, ya que se están buscando soluciones simples a problemas complejos», revela Máximo Sainz Cobo, portavoz de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria (ACP), hasta el punto de que algunos inversores están acudiendo a «otros nichos de trabajo, como la hostelería». «Los proyectos inmobiliarios tardan mucho, demasiado, en salir adelante», señala al comentar los efectos «devastadores» que produce la anulación de un plan general, una reacción en cadena que deja sin efecto muchos años después actuaciones urbanísticas realizadas al amparo de lo anulado.

No obstante, los expertos coinciden en que «el origen de la actual paralización urbanística hay que buscarlo en otras causas, más relacionadas con la crisis económica», apunta el director general de Urbanismo, Francisco González Buendía, opinión compartida por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria Juan Manuel Alegre Ávila para quien el «bloqueo del desarrollo urbanístico regional no se debe a la legislación urbanística, sino a factores socioeconómicos derivados de la reciente crisis».

Pero, ¿cuáles son las razones que explican la escalada de anulaciones judiciales de planes y otras normas que han puesto en jaque el urbanismo en la región? El catedrático lo tiene claro. «Si en Cantabria hay un nada desdeñable número de sentencias de demolición se debe no a la legislación urbanística, sino a una incorrecta aprobación de los planes de urbanismo y por derivación de las licencias otorgadas al amparo de aquellos». A su juicio, «no hay que confundir 'seguridad jurídica' con determinadas patologías derivadas de una indebida aplicación de las leyes».

Otros expertos apuntan a la existencia de una normativa urbanística exageradamente intervencionista y confusa como fuente de conflicto. González Buendía sostiene que existe un «exceso de normas que, pretendiendo garantizar que los planeamientos cumplan todas las normativas sectoriales en materia de medio ambiente, patrimonio cultural, carreteras, ferrocarriles, aguas, costas, servidumbres aeronáuticas, telecomunicaciones, igualdad de género, etc., hacen que la elaboración de los planes se convierta en una especie de misión imposible o, cuando menos, en una larguísima tarea de años, en una especie de juego de la oca en el que, cuando parece que estás llegando al final, vuelves a la casilla de salida». La tramitación es tan compleja y atiende tantos frentes que «se hace harto imposible elaborar un planeamiento que no adolezca de algún defecto formal que acabe provocando su anulación».

El PGOU de Santander, que tardó más de diez años en redactarse, fue anulado en su integridad por una incorrecta evaluación ambiental del bitrasvase por parte de la Administración del Estado; el de Laredo, que está recurrido y por tanto sigue en vigor, cayó por la omisión del informe preceptivo de Telecomunicaciones, y el de Cabezón de la Sal, porque no había sido sometido a exposición pública un apéndice de la memoria ambiental.

El magistrado Rafael Losada reconoce que «en los años del ladrillazo se han cometido auténticas atrocidades con el entorno», pero subraya también la fragilidad de los planeamientos. «Los planes urbanísticos tardan años en aprobarse, pero un mínimo defecto provoca su nulidad total», explica. Este hecho, unido a que en materia de urbanismo existe el ejercicio de la acción pública, que permite a los ciudadanos impugnar ante los tribunales actuaciones supuestamente ilegales, ha disparado la judicialización del urbanismo en Cantabria.

La asociación ecologista ARCA ha sido muy activa en esta materia en las dos últimas décadas. Ha conseguido, por ejemplo, la revocación de los PGOU de Polanco, Colindres, Camargo, Udías y Santander, y está detrás de la mayor parte de las sentencias de derribo.

Para Losada, ARCA ha sido la respuesta «al ladrillazo que hubo en otros tiempos, cuando se construyó vulnerando los planes urbanísticos en vigor». Aunque algunas voces hablan de la supresión de la acción popular para evitar la judicialización del urbanismo, ninguno de nuestros interlocutores apoya esta idea. El profesor Alegre sostiene que, «de no haber sido por la acción popular, buen número de ilegalidades administrativas en ámbitos como el urbanístico o de protección de la naturaleza o del ambiente habrían adquirido firmeza».

De manera unánime, los especialistas consultados abogan por una simplificación de la legislación y del procedimiento urbanístico para no bloquear el desarrollo de municipios y ciudades. Porque la anulación de un plan general implica que vuelve a cobrar vigencia el anterior, cuya puesta en práctica se complica por la modificación del escenario respecto al momento en el que fue aprobado, provocando la paralización de proyectos e inversiones.

El caso más paradigmático es el de Colindres, que, anulado su plan con sentencia firme en 2006, actualmente se rige por el PGOU de 1964. O el de Camargo, que cayó en 2002 y actualmente tiene en vigor el de 1988. En Santander, la anulación del PGOU de 2012 ha obligado al Ayuntamiento a recuperar el planeamiento de 1997. A pesar de ello, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, señaló esta semana en el Foro de El Diario Montañés que la nulidad del plan «no ha sido algo nefasto», pues han salvado «muchas obras y no se ha paralizado la inversión», lo que se ha conseguido a base de modificaciones puntuales del plan del 97, «ágilmente informadas favorablemente por la Crotu -Comisión Regional de Urbanismo- en un claro ejemplo de colaboración institucional», puntualiza González Buendía. No opina así Máximo Sainz, que asegura que la nulidad del planeamiento de la capital y su vuelta al de hace 21 años ha supuesto «un caos total, ya que muchas veces este es de imposible aplicación porque la situación es distinta».

El profesor Alegre subraya que la experiencia de estas últimas décadas demuestra que es necesario modificar las leyes autonómicas para simplificar el procedimiento de elaboración y aprobación de los planes urbanísticos. «El procedimiento ha alcanzado tales dimensiones 'elefantiásicas' que es urgente someterlo a una dieta rigurosa, que, eso sí, no conduzca a la anemia a estos instrumentos esenciales en el desarrollo urbanístico».

La nueva Ley del Suelo de Cantabria, pendiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno y remisión al Parlamento, contiene medidas en este sentido. González Buendía admite que la tramitación de los planeamientos sigue siendo eterna, en muchas ocasiones por «la escasa voluntad política» de los alcaldes que «se ven condicionados por el cortoplacismo político y por intentar satisfacer los intereses particulares de los vecinos, en ocasiones enfrentados a los intereses generales». De ahí que cuando los planes urbanísticos se someten a una primera información pública «se produce un gran revuelo que provoca en muchos casos la paralización de la tramitación». El anteproyecto de la Ley del Suelo suprime estos avances de información pública para evitar que los regidores municipales sucumban a las presiones y metan el documento urbanístico en un cajón. Pero el texto autonómica está paralizado a la espera de que el Ejecutivo lo apruebe.

Lo mismo ocurre con otra iniciativa legislativa autonómica esencial para dar seguridad jurídica al urbanismo en Cantabria: el Plan Regional para la Ordenación del Territorio (PROT), que está redactado y tramitado, pero cuya aprobación está bloqueada. Para el secretario general de ARCA, Carlos García, este vacío legal está provocando «la construcción indiscriminada de vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico por todo el territorio», lo que, a su juicio, «puede generar una situación de inseguridad y desconcierto en el futuro» y constituye «ahora mismo la mayor amenaza».

En la anterior legislatura, el Gobierno de Ignacio Diego modificó la normativa para flexibilizar la construcción en suelo rústico, de manera que ahora «cada vez se tramitan entre 20 y 40 viviendas unifamiliares desparramadas por todo el territorio regional, lo que está dando lugar a una situación de desorden silencioso y expansivo», precisa García. Su asociación alerta de que estas actuaciones son recurribles y «pueden generar una situación de nulidades como las que se produjeron en el pasado en los núcleos urbanos». García recrimina al actual Ejecutivo que «siga en la misma tónica» y «tenga paralizado un plan de ordenación del territorio que seguramente nos ahorraría pleitos a todos», una amenaza velada a la futura judicialización del urbanismo que se está desarrollando en estos suelos.

Los técnicos coinciden en que ambas leyes autonómicas, que han supuesto un proceso de tramitación importante, constituyen un pilar decisivo para terminar con la inseguridad jurídica en el urbanismo de Cantabria. Pero el representante de los constructores introduce otro aspecto generador de incertidumbre. Según Sainz Cobo, «el 80% de los municipios de Cantabria tiene un plan general que no está adaptado a la Ley del Suelo» actual, «a pesar de la obligación que les impone la propia ley», lo que también genera «inseguridad». Sainz cree que existe «una dejación absoluta de las Administraciones, tanto de los ayuntamientos por no hacerlo, como de la comunidad autónoma, por no exigir la adaptación». El responsable de Urbanismo reconoce que sólo 22 ayuntamientos tienen adaptados los planes, aunque asegura que eso no supone ninguna inseguridad.