Apagón informativo en los juzgados de Cantabria por la sentencia de 'La Manada'

Con esta medida, que también se ha adoptado en otras comunidades autónomas, los letrados judiciales expresan su protesta por la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de señalar a la secretaria de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra como responsable de la filtración de los datos de la víctima del caso conocido como 'La Manada', al considerar que ella era la persona que debió haberlos borrado, motivo por el que se enfrenta a una posible sanción.

La medida ha puesto en pie de guerra a los antiguos secretarios judiciales, reunidos en torno al Colegio Nacional, que ha señalado que no permitirá «reeditar lo ocurrido con el caso Mariluz» (donde la letrada judicial fue sancionada con seis meses de suspensión de empleo y sueldo por la libertad que gozaba el asesino de la niña onubense). En Cantabria, al contrario que en otras comunidades autónomas, no ha habido un pronunciamiento formal.

Los letrados judiciales se han reunido con la secretaria de Gobierno del TSJC, María del Socorro García Melón, que es su superior jerárquica, para abordar el asunto, un encuentro en el que no hubo un pronunciamiento formal y se dejó que cada uno adopte la decisión que crea más conveniente, según señaló García Melón a este periódico. Pero el Colegio Nacional, mayoritario, ha recomendado a los letrados que se abstengan de entregar resoluciones a los gabinetes de prensa. En la región hay 60 secretarios judiciales, de los cuales 26 pertenecen al Colegio Nacional y están siguiendo a pies juntillas sus indicaciones .

No obstante, la postura «no es unánime», según reconocen en el Gabinete de Comunicación del TSJC, que está recibiendo información verbal y donde «no se ha dado el caso de tener que dar una sentencia y que se haya denegado». Y es que el apagón informativo coincide con un periodo de escasa actividad judicial, ya que agosto es inhábil. Los problemas podrían plantearse con el inicio del curso judicial en septiembre, si se mantiene el conflicto institucional.

Antolín recuerda que el Protocolo de Comunicación de la Justicia, ahora vigente y dictado en 2015 por el CGPJ, establece que las oficinas de comunicación, dependientes del Consejo aunque adscritas a los Tribunales Superiores, «pueden eliminar los datos personales y aquellos otros que puedan identificarlos, como es el Código Seguro de Verificación (CSV), es decir, que pueden adoptar ese tipo de medidas de seguridad cuando les lleguen las resoluciones». En Cantabria, «el vaciado de las resoluciones judiciales se hace desde hace año y medio», aclara la responsable del Gabinete de Comunicación, Mónica García del Valle.