Los aparejadores de Cantabria paralizan la adjudicación de la obra de los protones

El Tribunal, que todavía no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, responde así al recurso presentado por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cantabria, que considera que el pliego actual no es compatible con la norma que regula la contratación de las administraciones públicas. Hasta que este organismo sustente el recurso y emita un fallo, el Servicio Cántabro de Salud (SCS) no podrá adjudicar la redacción de la obra, aunque las empresas interesadas en hacerse con los trabajos sí pueden seguir presentando ofertas hasta las 14.00 horas de mañana, momento en que finaliza el plazo.

Desde el Colegio de Aparejadores, su gerente, Víctor Blanco, apunta que esta suspensión del procedimiento de contratación no avanza que el Tribunal les vaya a dar la razón, ya que es relativamente común que este órgano actúe de esta manera siempre que recibe un recurso «mínimamente fundado». Es decir, que este paso previo no tiene por qué significar que el SCS se vea obligado a retirar el pliego y redactarlo de nuevo. No avanza eso, pero podría ocurrir. De hecho, Blanco recuerda que en Cantabria existe un caso similar en el que la Justicia les dio la razón.

Se trata del contrato para la construcción del Conservatorio de Torrelavega, promovido por la Consejería de Educación. El Colegio de Aparejadores recurrió este procedimiento y ganó el litigio frente al Gobierno de Cantabria. El motivo de la presentación del recurso fue el mismo que en el caso de la redacción de la obra de los protones: se licitó a la vez el proyecto constructivo, la dirección de obra y la supervisión del proyecto. «La Ley de Contratos y la doctrina del Tribunal dice que debe hacerse por separado para favorecer la máxima competencia entre empresas y profesionales. Con lo que se ha hecho se restringe esa competencia», insiste el gerente. Según su interpretación, este es un caso prototípico de un contrato que se condensa en un único lote y tendría que haberse separado en tres «para que pueda presentarse desde un pequeño autónomo hasta una gran multinacional».

Desde el Colegio comprenden y defienden el interés público de la llegada de la terapia de protones y la necesidad de que esté en funcionamiento cuanto antes, pero recuerdan que están en la obligación de recurrir el pliego porque la actual redacción excluye la participación de los arquitectos técnicos -el colectivo al que representan-, mientras que si se hubiera separado en los tres lotes sí que podrían haber concursado para hacerse con alguno de ellos. Y aunque reconocen que la normativa permite excepcionalmente unir los tres trabajos en un único procedimiento, también subrayan que la ley exige que se haga de forma justificada. En este caso, entienden que el pliego no explica los motivos que sustentan esta opción.

El contrato de servicios de redacción del proyecto, dirección facultativa de obras y de consultoría de la administración en la supervisión dinámica del proyecto para la instalación de una unidad de protonterapia incluye todos los trabajos de consultoría en los que se basará la ejecución de la obra y tiene un presupuesto de 1,2 millones de euros. Con la máquina ya adjudicada a Varian, quien gane este contrato tendrá que diseñar el proyecto de acuerdo a las características -las dimensiones son distintas según la empresa suministradora- de la marca. Que el Tribunal falle a favor o en contra de este recurso es trascendental, ya que con esa información se procederá posteriormente a la adjudicación como tal de la obra.

El empeño del Gobierno de Cantabria por conseguir que Valdecilla sea el primer hospital público de España con protonterapia, un tipo de radioterapia más avanzada contra los tumores de difícil localización o que resisten al resto de tratamientos, se ha encontrado con múltiples contratiempos. Además de que Cantabria tendrá que utilizar fondos propios -parte de ellos procedentes de Europa- para la compra de la máquina, mientras que diez comunidades autónomas pueden acceder a ella gracias a una donación de la Fundación Amancio Ortega, también se ha topado con problemas administrativos. Inicialmente estaba previsto hacer un único contrato para la adquisición de la unidad y la obra, pero el concurso quedó desierto y Sanidad tuvo que rectificar, lo que provocó un retraso sustancial y una reformulación del sistema de financiación. Si todo sale bien, la máquina estará instalada en 2024 y los primeros pacientes recibirán el tratamiento un año después.