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Legalmente, el procedimiento es impecable. Ni la empresa está inhabilitada hasta que haya un juicio y se produzca una hipotética sentencia condenatoria, ni el Gobierno ... de Cantabria puede expulsarla de los concursos públicos que pone en marcha. Así que, aunque sea muy llamativo que una de las cuatro compañías implicadas en el 'caso Obras Públicas' se convierta en adjudicataria de uno de los once contratos de carreteras que se paralizaron al estallar la presunta trama de corrupción -los que estaban aún abiertos cuando la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria entraron en la sede de la Consejería y detuvieron al funcionario Miguel Ángel Diez, el presunto cabecilla e ideólogo-, el análisis de las ofertas técnica y económica no dejan otra vía que continuar el procedimiento.
La beneficiaria de todo lo anterior es API Movilidad, que se ha hecho con dos de los cuatro lotes del contrato de conservación, mantenimiento y nueva implantación de barreras de seguridad de las carreteras autonómicas de Cantabria. En concreto, se encargará de realizar estos trabajos durante los próximos cuatro años en la zona occidental y sur por 1,5 millones de euros. En las zonas centro y oriental la ganadora es Aceinsa, compañía que no aparece en el sumario.
Este es el primero de los contratos sospechosos que se resuelve, pero hay otros diez pendientes por importe de casi 30 millones de euros. Expedientes que se encontraban en distintos momentos procesales aquel 22 de febrero de 2023 -unos acababan de licitarse y otros ya estaban a punto de ser formalizados- y que, un año y medio después, todavía no han concluido, con consecuencias tanto en la prestación de los servicios públicos como en forma de freno a la actividad económica y la creación de empleo en el sector de la obra pública. En todos ellos pueden participar las empresas implicadas en la presunta trama. De hecho, estas compañías han seguido trabajando con la Administración después de que la jueza del caso rechazara la medida cautelar que pidió el Gobierno cántabro de apartarlas del circuito de contratación hasta que haya sentencia.
Han pasado 18 meses desde que los agentes entraron en la Consejería y 12 meses desde que, tras el cambio en el Gobierno regional, el nuevo titular del departamento, Roberto Media, señalara que su intención era resolver todos los procedimientos «lo más inmediato posible, ya que estamos hablando de un servicio básico». En teoría, el siguiente que se adjudicará es el de la reforma del puente entre Somo y Pedreña, a la que también concurre API.
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Ana del Castillo
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