El PP apoya la resurrección del Consejo Económico y Social que eliminó en 2012

Caracterizado por la austeridad, una de las condiciones impuestas para posibilitar su renacimiento, el Consejo Económico y Social originó un interesante debate parlamentario antes de ver la luz como uno de esos órganos que garantizan –según mantiene la clase política– la representación de la sociedad civil en las decisiones que afectan a la comunidad autónoma.

Un debate orientado principalmente a la bancada de los populares, que primero tuvieron que justificar por qué decidieron eliminar ese consejo (y otros) cuando gobernaban y, luego, por qué han decidido ahora contribuir con sus votos a que este órgano vea de nuevo la luz por unanimidad.

Uno detrás de otro, todos los portavoces parlamentarios fueron pasando por la tribuna de oradores para reprocharle al PP aquella decisión. Incluido el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, para quien la resurrección del consejo es «un paso en el camino hacia la participación directa de la sociedad en la toma de decisiones», que, afirmó, «cada vez es mas necesaria por el buen gobierno».

De lo que se trata, dijo De la Sierra, es de «recuperar un órgano creado en 1992 que desapareció en 2012» en contra de la opinión de su partido, el PRC, «que se opuso a una decisión absolutamente equivocada vinculada a los problemas económicos que atravesaba España, en general, y Cantabria, en particular». Una decisión «inexplicable», dijo, «porque el CIS se podía haber adecuado tal y como se hizo en otras comunidades autónomas».

Tras lanzarle esa andanada al PP, De la Sierra dijo que el gasto anual que entrañará la vida del consejo «no pasará de los 60.000 ó 70.000 euros», una cantidad que calificó de «extraordinariamente austera» si se compara con los CES de otras comunidades autónomas.

También explicó que este órgano se dotará de una figura de secretario, «que será un funcionario del Gobierno» que la composición del Pleno pasará de 25 a los 29 miembros, que la composición será paritaria y que se creará un cuarto grupo que se une a los que ya tenía el anterior (los de los miembros designados por el Gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales más representativas).

Durante la fijación de exposiciones, los integrantes del Grupo Mixto –Rubén Gómez (Ciudadanos) y Ramón Carrancio (independiente)– se felicitaron por la recuperación de un instrumento que, según ellos, «facilitará que la sociedad civil esté representada en las decisiones que afectan a Cantabria» y reprocharon al PP su decisión de suprimirlo en su momento.

Lo mismo criticó Verónica Ordóñez (Podemos), que también mandó un recado al Gobierno bipartito: «Se han pasado media legislatura discutiendo quién de los dos socios (PRC y PSOE) traía esta ley al Parlamento mientras en ese tiempo dejaban que se degradaran las condiciones económicas de Cantabria». «Una irresponsabilidad supina», aseguró Ordóñez, que lamentó que en este consejo no esté representado «el consumidor», que es, a su juicio, «la otra pata del banco».

En su turno, Guillermo del Corral (PSOE) y Rosa Díez (PRC), acusaron al PP de haber «evaporado» un consejo que según ellos nunca debió desaparecer a manos de un partido, el PP, «para el que es más fácil destruir que construir».

Y en el suyo, Isabel Urrutia (PP), que criticó que el compromiso adquirido por socialistas y regionalistas a principios de esta legislatura «vaya a producirse ahora, al final», dijo, y repitió varias veces, que el gobierno popular tuvo que tomar «decisiones muy difíciles» a su llegada a Puertochico, donde encontró «320 millones de euros en facturas escondidas en los cajones», y que una de ellas fue, precisamente, «la eliminación de un consejo que costaba 1 millón de euros al año», una cifra «escatológica», llegó a decir Urrutia, para quien, hoy por hoy, «la situación es distinta».