El Parlamento pide incluir en el PROT y Plenercan zonas de desarrollo y exclusión eólica

La iniciativa, una proposición no de ley (PNL) presentada de forma conjunta por los grupos que sustentan al Gobierno de Cantabria, PRC y PSOE, ha contado con el apoyo de todos los grupos de la Cámara menos Vox, que aunque al igual que el resto se ha posicionado a favor de las energías alternativas, se ha abstenido porque opina que lo que quieren los regionalistas, con la «complicidad» de los socialistas, es llevar adelante un «pelotazo eólico».

La PNL recoge que Cantabria «no puede seguir a la cola del desarrollo» de energías renovables y apuesta por ellas «siempre garantizando de manera prioritaria el medio ambiente y elentorno» en el que se desarrollan los parques eólicos mediante el «estricto» cumplimiento de la legislación vigente a nivel estatal y autonómico.

Por ello, pretende crear zonas de desarrollo eólico en las que los parques generen menor impacto y otras de exclusión, como las zonas de los Valles Pasiegos o Trasmiera, con una «especial fragilidad medioambiental o paisajística».

Así lo ha defendido el regionalista Pedro Hernando, resumiendo que la postura de su partido es que «queremos energía eólica en Cantabria» y «la queremos ya», pero también que cualquier desarrollo debe respetar la legalidad. De hecho, ha recordado que los técnicos del Gobierno han emitido un informe contrario al parque Garma Blanca por el impacto que tendría en los Valles Pasiegos, proponiendo al Ministerio para la Transición Ecológica que dicte una declaración de impacto ambiental desfavorable.

Por su parte, el socialista Javier García-Oliva se ha centrado en la necesidad de marcar con el PROT y Plenercan el «dónde» se deberían instalar los parques eólicos y «cuánto» es necesario que produzcan.

Y desde el PP, Roberto Media ha dado las gracias al PRC por «su nueva postura» y su «completo cambio» en torno a los parques eólicos, ya que ha recordado declaraciones de alcaldes regionalistas de ayuntamientos afectados por los proyectos de Garma Blanca o Ribota o el propio presidente, Miguel Ángel Revilla, que en marzo «defendía el parque y un mes más tarde decía en el Parlamento que no quería ver molinos en los Valles Pasiegos», algo que pedro Hernando ha asegurado que es «falso».

Desde Ciudadanos, Félix Álvarez ha lamentado que la implantación de energía eólica en Cantabria es «la historia de un gran fiasco», a pesar de que es «fundamental para un desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático».

Por último, el diputado de Vox Cristóbal Palacio ha criticado que «lo único que nos mueve aquí es un pelotazo eólico». Así, ha apuntado que el Gobierno de España ha concedido en el primer año del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PENIEC) licencias de producción de energía eólica por 121 gigavatios, «dos veces y media la cantidad que el plan prevé para diez años», algo que el socialista García-Oliva ha negado, asegurando que aún no hay parques suficientes en el país para llegar al objetivo energético.

El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes, por unanimidad, la ley que regula los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de la comunidad autónoma, que entrará en vigor a los 6 meses de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Esta norma regula las funciones de estos servicios, las facultades y régimen jurídico del personal, cuándo sus efectivos tendrán la condición de agente de la autoridad -una de las principales novedades-, o la organización territorial de los servicios así como las competencias de las distintas Administraciones -hay un servicio autonómico con seis parques en distintos puntos de la comunidad y cuatro ayuntamientos con servicio propio (Santander, Torrelavega, Castro Urdiales y Camargo)., informa E. Press.

Otro de los puntos más relevantes de la ley es que prevé crear una Comisión de Coordinación de los Servicios de Prevención, a la que se dota de una estructura formada por representantes de la Administración de la comunidad autónoma, de los ayuntamientos y los sindicatos más representativos.

La formación del personal, su acceso y selección, sus derechos, deberes, distinciones y régimen disciplinario son otros de los aspectos que se regulan en esta norma.

En su intervención en el Pleno, la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández (PRC), ha defendido que se trata de un «buen texto legal» que «atiende las reivindicaciones del personal, garantiza la autonomía municipal» y «establece un marco de coordinación» de los servicios.

Sin embargo, ha señalado que la aprobación es solo el «pistoletazo de salida» de un «largo camino» que no «ha hecho más que empezar» para el desarrollo de la norma y en el que, según ha dicho, las Administraciones «se han comprometido a recorrer de la mano».

Entre las enmiendas aprobadas en comisión, ha habido una del PP para atender las demandas de reclasificación profesional de los bomberos.

Así, en la ley se creará una nueva categoría profesional de Grupo C1, dando así a los actuales profesionales (C2) la posibilidad de reclasificación que demandaban. Según el PP, dicha reclasificación es un reconocimiento a la profesionalización de los bomberos. Aunque ha habido unanimidad en la votación no ha sido óbice para que, sobre todo, desde el PP hayan puesto 'peros' a la misma

Por otro lado, en el pleno, los grupos que sustentan al Gobierno de Cantabria, PRC y PSOE, han tumbado una moción del PP que pedía «apoyar y respaldar» desde el Parlamento el calendario de trámites en torno al polígono de La Pasiega anunciado por el consejero de Industria, el regionalista Javier López Marcano, con la intención de iniciar las obras en el año 2023.

Regionalistas y socialistas han opinado que esta moción «no era necesaria» porque el consejero ya se comprometió en la Cámara el pasado 26 de abril a cumplir estos plazos «claros y diáfanos», que según anunció supondrían concluir la tramitación del Área Logístico-Integral del Llano de La Pasiega en septiembre de 2022, procediendo a partir de ese momento a la licitación y ejecución de las obras.

Pero la moción, además mostrar conformidad con el calendario expuesto por Marcano con el objetivo de que el proyecto se encuentre en plazo para acceder a los fondos europeos y de instar al Gobierno a iniciar las obras en 2023, pretendía que el Parlamento mostrara su «malestar» por el retraso acumulado en la tramitación durante los últimos cinco años, punto con el que han discrepado PRC y PSOE.