Arca critica que «algunos municipios traspasen las líneas rojas al construir»

Hubo un tiempo en que los planes de ordenación del territorio (PGOU) marcaban «las líneas rojas que no se deben traspasar en la construcción de viviendas; pero se han abandonado no sé con qué intereses, y algunos municipios traspasan ahora esas líneas rojas por intereses o presiones».

La sentencia del presidente de ARCA, Carlos Javier García, sirvió ayer de vértice sobre el que se sostuvo el debate en el encuentro organizado en Comillas en el marco de los Cursos de Verano. Una jornada en que participaron también otras voces acreditadas en esta materia como el director general de Urbanismo del Gobierno de Cantabria, Francisco González Buendía yla directora de los servicios jurídicos del ejecutivo regional, Ana Sánchez Lamelas.

González Buendía defendió los planes de ordenación urbana de cada municipio como herramienta para poner en orden y dar solución a estas situaciones. Puso como ejemplo el PGOU de Miengo, con 110 viviendas afectadas, donde «la aprobación del planeamiento permitió ordenar el territorio y salvar unas situaciones que en principio no se adecuaban a la legalidad y se evitó así tener que derribarlas», recordó. Un proceso de aprobación de los planeamientos en los que se encuentran inmersos actualmente otros ayuntamientos como Argoños o Piélagos, «y donde veremos qué situación se produce a la vista del resultado de estas aprobaciones».

Reconoció sin embargo que no siempre se pueden legalizar las construcciones. Ocurrió con el Alto del Cuco (Piélagos), «cuyo derribo ejecutamos para que sirviera de ejemplo de que allí no se podía hacer lo que se hizo», recordó. Sobre eso el director general de Urbanismo de Cantabria anunció que, «en un mes o mes y medio», comenzarán los trabajos de regeneración de la ladera donde se levantaron estas viviendas ya derribadas.

González Buendía cifró en 2,5 millones de euros el importe total que el Gobierno de Cantabria ha destinado ya al abono de indemnizaciones por daños morales a los afectados por derribos. Un proceso en el que, destacó, «hasta que llegamos los perjudicados tenían que acudir a los tribunales para obtener esa indemnización; ahora se ha reconocido en vía administrativa y cuando se ve que son terceros de buena fe se les paga, lo que es un gran avance», dijo.

La visión de los afectados por derribos en Cantabria –al encuentro celebrado hoy en Comillas acudió una treintena de personas de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA)– la aportó el presidente de este colectivo, Antonio Vilela, quien recordó que durante sus 20 años de lucha se han quedado por el camino en torno a 90 cántabros «afectados que murieron antes de ver una solución».

Junto al abono de indemnizaciones por daños morales, «que es positivo», Vilela sí reclamó el pago a los afectados de los daños patrimoniales, «que es donde las familias tienen secuestrados sus ahorros desde hace 20 años, y a eso hay que darle una solución, tanto desde la Administración como desde la Justicia», dijo.

En este encuentro, que fue inaugurado por la alcaldesa de Comillas, Teresa Noceda, y la directora de los Cursos de Verano de la UC en esa sede, Marina Torres, también participó el portavoz de la Coordinadora de Asociaciones por la Justicia en Urbanismo, Gerardo Vázquez, encargado de dar la visión global de las construcciones ilegales en España, donde se calcula que hay un millón de viviendas fuera de ordenación. «Nuestra defensa es regularizar en la medida de lo posible, salvo casos de peligro o infracciones medioambientales graves», dijo, y reclamó un enfoque «más humano» de este problema.